SUP y AUGC denuncian la descoordinación ministerial vivida estas semanas ante el fenómeno de la inmigración ilegal que está afectando a las Islas Canarias con un incremento de llegada de pateras y ciudadanos magrebíes que supera el 1.000% respecto a las cifras del mismo periodo del año pasado. Esta ausencia de liderazgo en la utilización eficaz de los recursos de los departamentos implicados está provocando graves perjuicios en el servicio policial sin que, además, Interior ejerza su competencia exclusiva como órgano coordinador del trabajo de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad implicados en la atención de esta crisis de pateras.
En este sentido, llevamos años denunciando las carencias del actual modelo policial por la inacción de los órganos llamados a ejercer su responsabilidad de dirección y supervisión. Una dejación de funciones que provoca que una vez más, ante una situación de crisis en la que se ven implicados tanto Policía Nacional como Guardia Civil, se vean las costuras de nuestro actual modelo en materia de coordinación y de movilización de recursos necesarios para la gestión de la inmigración irregular, que es un drama de enorme magnitud que claramente desborda la pobre estructura policial, asistencial y social con la que contamos.
Un palmario ejemplo de estas carencias lo encontramos en la situación que se vive desde hace varias semanas en Canarias, a donde ayer viajaba por segunda vez en poco más de un mes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en plena crisis por la saturación de migrantes en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), con el objetivo de abordar el drama migratorio. Esta dantesca situación ha propiciado, además, que hayan acudido a la isla otros dos ministros, Carolina Darías, titular de Política Territorial y Función Pública, y Fernando Grande-Marlaska, de Interior, sin que el Gobierno de España haya puesto solución al problema.
El polémico y masificado campamento de emergencias Arguineguín, en Gran Canaria, donde anoche pernoctaron 1.920 personas, ha llegado a dar cabida a más de 2.500 migrantes hacinados. Y ante esta situación hay que apostar por un refuerzo de las fronteras exteriores, como elemento fundamental para recuperar la confianza pública.
En 2019, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea (Frontex) ponía en marcha su propio cuerpo policial uniformado y armado, convocando un proceso de selección para cubrir 700 plazas de agentes que pasarán a formar parte de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que operará a nivel europeo. Este nuevo cuerpo policial tendrá la competencia de controlar las costas y los límites territoriales de los países fronterizos con Estados de la Unión Europea. Pero el objetivo de reducir la presión migratoria y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes sólo podrá lograrse si se concibe como un reto al que asignar suficientes medios materiales, a través de inversiones de urgencia en medios de protección frente al contagio del Covid-19, vehículos, instalaciones móviles para la toma de huellas o incoación de expedientes de extranjería, refuerzo de plantillas, adquisición de medios aéreos y marítimos y potenciación de la prevención en los países de origen mediante equipos conjuntos de investigación.
Más esfuerzo real del Gobierno para que los policías y los guardias civiles puedan cumplir con los compromisos de España acordados por todas las instituciones de Europa como principios rectores para hacer frente a la crisis migratoria. Incidentes como el desalojo de 200 migrantes del puerto de Arguineguín destapan nuevos episodios de descoordinación entre Administraciones ante los que el SUP y AUGC ponen de manifiesto que para dar una solución al problema de la llegada de personas migrantes a nuestras costas en situación irregular es necesaria una respuesta global, coordinada y conjunta.
