El próximo febrero se cumplirán 28 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El artículo 15.1.b) de la citada Ley establece como un principio de la acción preventiva “Evaluar los riesgos que no se puedan evitar”.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, elaboró las “Directrices básicas para la evaluación de riesgos laborales” donde se indica “Tal y como se indica en la LPRL, los instrumentos esenciales que servirán de base para poder lograr esta integración son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva".
Es evidente que, ante la falta de una evaluación inicial de riesgos laborales no es posible realizar una planificación de la actividad preventiva.
El artículo 12.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece “No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales”.
Nos preocupa como el Gobierno actúa de modo contundente contra cualquier empresa privada que no evalúe los riesgos de los puestos de trabajo mientras mira para otro lado cuando incumplen sus obligaciones y ponen en riesgo la salud del personal de la Guardia Civil.
¿Cuántos años de plazo se le ha dado a las empresas particulares para evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores? ¿No considera el Gobierno más que suficiente 28 años? ¿Por qué permite entonces es reiterado incumplimiento de la legalidad?
Por ello, AUGC ha decidido denunciar este incumplimiento ante inspección de trabajo y estudiará abrir la vía penal en el caso de que se produzcan accidentes laborales en aquellas unidades donde no se han evaluado los riesgos.
