En el escrito se recuerda que, desde 1982, se han registrado 447 casos de suicidios consumados entre guardias civiles. Es decir, uno cada 26 días y 52 intentos (según datos de la Guardia Civil). Una tasa de suicidios claramente superior a la de la población general y de otros cuerpos policiales con funciones similares.
447 dramas personales, familiares y sociales que nos obligan abordar el tema con especial interés y determinación, buscando las razones que hay detrás de este drama que nos castiga con dureza además de a nuestras familias. Una investigación interna de nuestra asociación arroja también una mayor tasa de ideación y de intención suicida que en la población general.
En la misiva se explica que, a las dificultades propias del desempeño de nuestro trabajo, como hemos señalado junto la posesión de armas (un riesgo laboral importante) y largos turnos de conducción o períodos de estrés mantenidos en el tiempo, en la Guardia Civil nos encontramos con dificultades inherente a su idiosincrasia. Por su naturaleza militar, el Guardia Civil tiene vedado el alcance de instrumentos que desde otras profesiones tienen para poder velar por el respeto a sus derechos como son la sindicación y el derecho a la huelga. Esto hace que en ocasiones, nos encontremos indefensos para resolver conflictos laborales internos o detener posibles casos de mobbing que pudieran darse como en cualquier organización de otro tipo y que pueden potenciar un ambiente propicio para la aparición de este tipo de trastornos.
Por este motivo AUGC reclama en el escrito hoy presentado los siguientes puntos:
• Una mayor trasparencia en las cifras relacionadas con la conducta suicida dentro de la Guardia Civil con su publicación anual y la facilitación del acceso a profesionales de la salud e investigadores que pueda aclarar las causas de este fenómeno.
• Mejora del tratamiento de problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, el trastorno por estrés postraumático u otros, de miembros de la Guardia Civil, con revisiones periódicas y procesos de seguimiento a las personas afectadas, especialmente a aquellas que han mostrado ideación suicida o efectuado algún intento. Algunas de las medidas que se aplican para reducir las bajas laborales (como la reducción de sueldo) podrían motivar a que personas con problemas de depresión o ansiedad por ejemplo se vieran empujadas a trabajar sin reunir las condiciones mínimas para hacerlo y constituyendo un riesgo para ellos mismos y para el resto de compañeros/as y para los ciudadanos.
• Investigación de los casos de suicidio para dirimir la posible existencia de casos donde el suicidio está relacionado con el ámbito laboral y deba ser considerado como un riesgo laboral, como ya ha ocurrido en otros casos de la jurispudencia española en otras profesionales, o en el ámbito policial en otros países (por ejemplo, Francia).
• Aumento de las actividades orientadas a la prevención del suicidio, como charlas formativas, formación de mediadores, etc… realizadas por un organismo independiente.
Puedes leer la carta completa en el archivo adjunto que puedes descargarte bajo estas líneas