Como es habitual cada año, AUGC ha recibido invitación del Jefe de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, teniente coronel Juan Carretero, para participar en los actos oficiales que se celebrarán el día 12 de octubre con motivo de la ‘Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil’, en las dependencias de Córdoba.
El secretario general de AUGC en Córdoba, Juan Ostos, ha contestado agradeciendo la invitación, pero ha comunicado la intención de esta asociación profesional de no asistir a dichos actos, por los siguientes motivos:
“En los próximos días se producirá el ingreso en prisión militar del Guardia Civil Luis Miguel P.R., afiliado a nuestra asociación, por unos hechos acaecidos en febrero de 2012, encontrándose fuera de servicio y que, además de considerarlos extemporáneos, hubieran sido constitutivos, de haber sido juzgados en la jurisdicción penal ordinaria, a lo sumo de una multa por lesiones leves.
Por ello, tras valorar la gravedad de estas circunstancias y como muestra de rechazo a una situación que, a nuestro juicio, ya han padecido demasiados guardias civiles, le comunico, como representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Córdoba, que esta asociación profesional no participará en los actos institucionales que se celebrarán con motivo de la Patrona del Cuerpo.”
En repulsa por este injusto ingreso en prisión militar de un guardia civil, el próximo 17 de octubre AUGC realizará una concentración en Madrid frente a la sede del Defensor del Pueblo, a la que asistirán representantes de la asociación en la provincia de Córdoba, y durante el acto se entregará una queja formal ante dicha institución.
Cuando se celebre esta concentración, Luis Miguel ya estará encerrado en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir las condenas de tres meses y un día y cuatro meses de prisión por unos hechos ocurridos hace nada menos que ocho años, y que nada tuvieron que ver con su trabajo, porque el motivo de la condena es una discusión que tuvo lugar entre compañeros, ambos fuera de servicio y en fiestas, y cuyas responsabilidades ya se dirimieron en su momento en el ámbito disciplinario de la Guardia Civil, con la consecuencia de la pérdida de destino del agente.
Ante esta situación absolutamente abusiva y desproporcionada, desde los servicios jurídicos de AUGC se solicitó el pasado año el indulto al Ministerio de Defensa, suspendiéndose la ejecución de la sentencia hasta que se resolviera dicha petición o transcurriera un año. Desde Defensa jamás han contestado a esa solicitud, por lo que el proceso se reactivó hasta que recientemente se le comunicó a este trabajador su inminente ingreso en prisión.
Hay que recordar que en la etapa presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno aprobó un decreto por el que la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles se restringía a situaciones muy delimitadas, como misiones militares o estado de guerra, inaplicándose por lo tanto en cuestiones relativas a las funciones policiales y, mucho menos, a la vida personal de los agentes fuera de servicio.
Sin embargo, con el Gobierno del PP se volvió a la situación anterior, en la que cualquier agente puede acabar con sus huesos en un penal a causa de una simple discusión laboral, una injusticia que vuelve a demostrar que los guardias civiles son hoy todavía un colectivo de ciudadanos de segunda privados de derechos básicos. Sorprendentemente, y en contra de lo decretado por su propio partido unos años antes, el regreso del PSOE al Gobierno no supuso el regreso a la excepcionalidad en la aplicación del Código Penal Militar, una postura que ahora se confirma con la entrada en un penal militar de un nuevo trabajador de la Guardia Civil.
