Hasta ahora ya se han hecho efectivos los dos primeros tramos del acuerdo de equiparación salarial de guardias civiles y policías nacionales firmado en 2018 con el Gobierno. Este año se ejecutará el tercer, y último tramo, por lo que está previsto que las comisiones técnicas en las direcciones generales de ambos cuerpos se constituyan en la primera quincena del próximo mes de marzo.
Son muchas las cuestiones que se han de estudiar para proceder al reparto de este tercer tramo, pero desde luego una de ellas no debería ser la modificación de las cantidades destinadas guardias civiles (59%) y a policías nacionales (41%) del total de los 274 millones de euros pendientes. Pero el Ministerio del Interior se empeña en seguir perjudicando a los guardias civiles y sorprende con una vieja estrategia del “divide y vencerás”.
Recordemos que ya en la ejecución del segundo tramo, con Félix Azón como director del cuerpo, los guardias civiles cedieron un 1,72% del presupuesto, variándose el porcentaje estipulado y confirmado por la propia consultora externa a través de un informe independiente. Del 59/41 se pasó a un 57,28% para Guardia Civil y 42,72% para Policía Nacional.
Es necesario recordar el motivo por el que la Secretaría de Estado de Seguridad estableció inicialmente el porcentaje de 59/41, el cual responde, en primer lugar, a una mayor plantilla de efectivos en la Guardia Civil y, en segundo, a que con el mismo se pretende superar la brecha salarial entre policías nacionales y guardias civiles que se produjo con la aplicación de un acuerdo entre Ministerio y sindicatos policiales de fecha, 05 de noviembre de 2005, referente a la productividad, y que supuso un incremento retributivo para Policía Nacional que no se aplicó en la Guardia Civil. Entre otras razones porque al movimiento asociativo que por entonces se estaba construyendo, no se le dejo participar en esas negociaciones.
Es decir, que lo que se pretende con el acuerdo de equiparación salarial firmado el 12 de marzo de 2018 es superar las discriminaciones económicas de las policías estatales con las autonómicas y, en el proceso, superar la diferencia que se acumula ya más de una década, entre policías nacionales y guardias civiles.
Diferencia que la Secretaría de Estado estableció, con los datos numéricos del año 2017 - y que la consultora E&Y ha corroborado - en un coste promedio retributivo anual bruto de 37.768, 91 € para un mosso, de 33.513,31 € para un policía nacional y de 31.225,88 € para un guardia civil. Esos son los datos oficiales y, por tanto, las desigualdades que tienen que suprimirse con la aplicación de la equiparación salarial. Todo lo demás no dejarán de ser opiniones basadas en cuestiones que nunca se contemplaron en la negociación que dio lugar al mencionado acuerdo de equiparación. Si las organizaciones policiales entienden que deben aumentar la asignación presupuestaria para las retribuciones de sus integrantes, que lo reclamen al Ministerio del Interior, pero no a costa de detraerle el dinero a los trabajadores de la seguridad pública peor pagados de todo el Estado, como son los guardias civiles.
Es por lo anterior que entendemos que desde Interior se comete una dejación de funciones al intentar hacer que sean las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de Policía Nacional quienes choquen en el intento de alterar los porcentajes estipulados. Desde AUGC no podemos olvidar que esta diferencia viene marcada por la brecha salarial previa que ya existía entre los trabajadores de ambos cuerpos. Es decir, los guardias civiles percibirían un mayor porcentaje porque venían de mucho más atrás que sus compañeros de la Policía Nacional.
Ahora con María Gámez al frente de la institución veremos si también se pliega a otros intereses o verdaderamente defiende a los guardias civiles.
Como cabía esperar, desde los sindicatos tradicionales de la Policía Nacional tratan de aprovechar la situación para obtener beneficio y reclamar un reparto muy alejado del acordado en el informe. Postura esta a la que se ha sumado el sindicato de nuevo cuño, Jupol, derivado del movimiento Jusapol, y quienes apuestan por esa misma línea.
AUGC lo tiene claro, y nuestra posición será firme en la defensa de los intereses de los guardias civiles, el cuerpo policial que, a día de hoy, continúa siendo el peor retribuido y el que soporta mayor recorte en derechos, lo que se traduce en peores condiciones laborales. Por tanto, y frente a asociaciones profesionales en la Guardia Civil de reciente creación, que inexplicablemente guardan silencio, no nos conformaremos con la imposición de estas nuevas reglas del juego.
Desde luego, AUGC va a seguir reclamando el cumplimiento del acuerdo en los términos en los que se firmó, y para ello se reserva el derecho a emprender todas las acciones legales y de reivindicación posibles.
