Por fin, tras meses de provisionalidad, España tiene un nuevo Gobierno, y ante tal circunstancia AUGC dará un paso al frente para que vean la luz las reivindicaciones y proyectos normativos que venimos reclamando para que, de una vez por todas, los guardias civiles puedan sentirse ciudadanos y trabajadores de primera.
Unas reivindicaciones que pasan ineludiblemente por la mejora de la comunicación entre la Dirección General de la Guardia Civil y las asociaciones profesionales. Es necesario revisar el funcionamiento del Consejo para que verdaderamente se constituya en un órgano de interlocución válido. El último ejemplo lo tenemos en la petición, por parte de todas las asociaciones profesionales representativas para la celebración urgente de un Pleno Extraordinario para tratar la situación de los guardias civiles de Tráfico en Navarra por el anuncio del traspaso de competencias en materia de seguridad vial al cuerpo policial autonómico de esta comunidad.
Y es que ha llegado la hora, y desde AUGC así lo vamos demandar, para que se dé el paso hacia una nueva generación de derechos para los trabajadores del Cuerpo, cuestión esta que debe abordarse mediante una nueva Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil que traiga una segunda generación de derechos que modernicen la institución.
En este sentido cabe recordar la valiosa prueba que supuso la negociación a comienzos de 2018 de las asociaciones con el Gobierno para alcanzar el acuerdo de equiparación salarial, un proceso que se llevó a cabo con responsabilidad y lealtad, y que debe servir de modelo para una futura relación entre los representantes de los trabajadores y la Dirección General.
Una de las principales peticiones que le hacemos al Ejecutivo es la reforma de la reglamentación que actualmente regula el reparto de la productividad entre los integrantes del Cuerpo. Es lógico que así sea, ya que el 10% del montante total de la equiparación salarial se percibirá por medio de este complemento retributivo, cuestión que supone una grave discriminación para las escalas de base.
En AUGC estamos firmemente mentalizados de que ha llegado el momento de impulsar una distribución más equitativa de este complemento, orientada a una mayor incentivación de los sobreesfuerzos y prestación de servicio en horario festivo y nocturno.
Además, y de la mano de esta reforma de esta orden general de productividad deben llegar, de una vez por todas, cambios en la de jornada laboral de los guardias civiles, para que se implanten los turnos de trabajo que permitan a los agentes ejercer eficazmente el derecho a la conciliación familiar y laboral. No es posible que toda la Administración Pública, trabajen en el sector de emergencias o no, tengan una buena conciliación laboral y familiar y sean los guardias civiles los únicos trabajadores que carezcan de una turnicidad.
No es menos trascendental la oportunidad que se abre con la reforma de la Ley de Personal de los miembros de la Guardia Civil -que también lleva en su programa electoral el PSOE, y que debe tramitarse en el Parlamento-, pues la misma nos puede dar pie a acceder a indudables avances, como puede ser la reclasificación en el grupo B de funcionarios de los integrantes de la escala de Cabos y Guardias Civiles, o la regulación del grado personal para los guardias civiles, como ya lo tienen el resto de funcionarios, que conlleva la consolidación de las retribuciones de un puesto de trabajo superior, cuando el mismo se ejerce durante dos años ininterrumpidos, o tres en total.
Y mayor, si cabe, es el reto que debe afrontar el Gobierno para abordar la revisión y reforma del modelo policial español, donde se ordenen las competencias y ámbitos de actuación de los cuerpos policiales. Para ello, en la anterior legislatura se puso en marcha en el Congreso de los Diputados una 'Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI' que cobra mayor importancia tras el anuncio de la perdida de competencias en materia de seguridad vial en seis meses de la Guardia Civil en favor de la Policía Foral de Navarra, y por las que ciento setenta y cinco guardias civiles y sus familias pueden verse obligados a hacer las maletas y tener que marcharse.
Desde luego que la necesidad de aumentar la plantilla para realizar los cometidos que marca la Ley a la Guardia Civil es notoria, y que solo como primer paso una reorganización operativa de las unidades territoriales puede solucionar para, en primer lugar, poder dar un servicio adecuado, y para, en segundo término, poder llevar a la práctica una jornada laboral digna donde se pueda conciliar la vida familiar y laboral.
Ante un régimen estatutario que da muestras de agotamiento, entendemos que ha llegado la hora de reconocer una nueva generación de derechos sociales, profesionales y económicos que marche hacia la definitiva modernización de la Guardia Civil, y en donde tengan cabida unas condiciones realmente dignas de vida y trabajo para sus integrantes.
No debemos olvidar tampoco otras reivindicaciones históricas de AUGC, como el derecho a sindicación de los guardias civiles, la no aplicación del Código Penal Militar a los agentes en funciones policiales o la transparencia, democratización y participación de las asociaciones profesionales representativas en la gestión de la Asociación Pro-Huérfanos.
Sin duda son muchos e importantes los retos que tiene por delante el nuevo Gobierno, y para ello las reformas en la Guardia Civil deben iniciarse desde dentro, empezando por su propio organigrama, para dotar de mayor capacidad las estructuras en las que se apoya el director del Cuerpo, diseñando un gabinete civil que dé continuidad al diálogo con las asociaciones profesionales y que no funcione ni se dirija como una unidad militar más.
