Varias docenas de representantes de AUGC se han concentrado esta mañana frente a la sede del Defensor del Pueblo en Madrid para protestar por el ingreso en una prisión militar el pasado lunes de Luis Miguel, un guardia civil afiliado a nuestra organización, por una condena en aplicación del Código Penal Militar.
Durante la concentración se han coreado lemas en contra de la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, reclamando su condición de policías y no militares. Los congregados han desplegado una pancarta en la que podía leerse: “No aplicación Código Penal Militar para l@s Guardias Civiles”.
En el acto también han tomado parte varios agentes retirados que vestían sus respectivos uniformes de guardias civiles, entre ellos integrantes de la Comisión de Retirados de AUGC.
Tras la concentración se ha procedido a la entrega de un escrito ante esta institución. El primero en hacerlo ha sido el secretario general de AUGC, Alberto Moya, al que han seguido de manera individual los compañeros retirados, y luego el resto de representantes de la organización.
En el momento en que se celebraba esta concentración, Luis Miguel llevaba ya tres días encerrado en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir las condenas de tres meses y un día y cuatro meses de prisión por unos hechos ocurridos hace nada menos que ocho años, y que nada tuvieron que ver con su trabajo.
El motivo de la condena es una discusión que tuvo lugar entre compañeros, ambos fuera de servicio y en fiestas, y cuyas responsabilidades ya se dirimieron en su momento del ámbito disciplinario del Cuerpo, con la consecuencia de la pérdida de destino del trabajador.
Ante esta situación absolutamente abusiva y desproporcionada, desde los servicios jurídicos de AUGC se solicitó el pasado año el indulto al Ministerio de Defensa, suspendiéndose la ejecución de la sentencia hasta que se resolviera dicha petición o transcurriera un año. Desde Defensa jamás han contestado a esta Solicitud, por lo que el proceso se reactivó hasta que recientemente se le comunicó a este trabajador su inminente ingreso en prisión.
Hay que recordar que en la etapa presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno aprobó un decreto por el que la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles se restringía a situaciones muy delimitadas, como misiones militares o estado de guerra, inaplicándose por lo tanto en cuestiones relativas a las funciones policiales y, mucho menos, a la vida personal de los agentes fuera de servicio.
Sin embargo, con el Gobierno del PP se volvió a la situación anterior, en la que cualquier agente puede acabar con sus huesos en un penal a causa de una simple discusión laboral, una injusticia que vuelve a demostrar que los guardias civiles son hoy todavía un colectivo de ciudadanos de segunda privados de derechos básicos.
