La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha realizado esa mañana unas declaraciones en la Cadena Cope en las que, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que pudiera salir el Ejército a la calle ante una elevación del nivel de altera antiterrorista a nivel 5 (el máximo contemplado, desde el nivel 4 actual), ha afirmado que “en España lo que ocurre es que hay una parte de las Fuerzas Armadas que son militares, y que es la Guardia Civil (…), que es un cuerpo, una fuerza militar”.
Hace mucho tiempo que el Gobierno del PP se quitó la careta en su afán por remilitarizar la Guardia Civil. Para ello aprobó en solitario una reforma del Código Penal Militar -y de otras normas de las Fuerzas Armadas- que entró en vigor en enero de 2016, y que permite que cualquier trabajador de esta institución pueda entrar en prisión por mantener una mera discusión en el trabajo.
Para AUGC, se trata de una nueva muestra del sometimiento del Gobierno al generalato del Cuerpo, que con el nuevo Código Penal Militar ha reforzado una herramienta represora contra un colectivo de funcionarios a los que se pretende acallar en su reivindicación de derechos democráticos y de mejora de sus condiciones laborales.
Lo que hoy ha declarado Cospedal no es sino la verbalización de sus verdaderas intenciones cuando acometieron dicha reforma. La Ministra ha dejado claro lo que para ella son los guardias civiles: soldados que cumplen también funciones policiales. Lo chocante del asunto es que sea precisamente María Dolores de Cospedal, quien cuenta con formación jurídica, la que pase por alto que la Constitución diferencia claramente la Guardia Civil de las Fuerzas Armadas.
