El 26 de julio de 2014 se cumplen 20 años desde que una Sentencia de la Audiencia Nacional ordenara la inscripción de la Asociación 6 de Julio de Guardias Civiles. Esta fecha es la que se puede considerar el inicio del camino de lo que hoy en día se conoce como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). No obstante debemos remontarnos varios años atrás para conocer los entresijos que desembocaron en la organización pionera en la lucha por los derechos de los miembros de la Guardia Civil.-
A finales de 1990, en pleno auge del movimiento sindical clandestino en la Benemérita, mientras por parte del gobierno de turno se sometía a férrea persecución a aquellos sindicalistas a través de la poco conocida operación columna, con ingresos en establecimientos penales militares bajo falsas acusaciones de sedición, con ingresos en centros médicos por supuestas enfermedades mentales, seguimientos, pinchazos telefónicos y toda suerte de malas artes en pos de descabezar la democracia que intentaba abrirse paso en una Institución arcaica y desfasada, totalmente alejada de la realidad del Estado de Derecho que pretendía ser España, se intentó afrontar el problema sindical bajo parámetros legales, alumbrando un régimen disciplinario propio de la Guardia Civil que tipificara tales pretensiones como falta muy grave con expulsión del Cuerpo incluida.
La presión social existente cada vez que el triste espectáculo de la entrada en prisión militar de un sindicalista saltaba a los medios de comunicación; el hartazgo de muchos jueces militares que tenían que ordenar el ingreso preventivo de esos luchadores por supuestos delitos de sedición o, incluso, deserción, a sabiendas que rozaban -por ser magnánimo- la prevaricación; la constancia de la promesa incumplida por el gobierno de entonces de desmilitarizar la Guardia Civil o el posicionamiento de grupos políticos y sindicatos a favor de una Benemérita que hiciera honor a su apellido, fueron algunos factores, no todos, decisorios a la hora de aprobar una ley disciplinaria que llevaba esperando desde que la Constitución de 1978 separó definitivamente a la Guardia Civil de las Fuerzas Armadas. Sencillamente no tenía sentido alguno seguir aplicando el régimen disciplinar de los tres Ejércitos a una institución encuadrada de manera diferente en nuestra Norma Suprema.
Resulta paradójico que una ley que, por lógica, debería haberse confeccionado y aprobado a renglón seguido de la publicación de la Constitución, fuera impulsada como medida represora contra el movimiento sindical clandestino de la Guardia Civil. Pues bien, a finales de aquel 1990, como decía, un alto cargo del gobierno de turno se encargó de transmitir a aquellos sindicalistas las intenciones del poder legislativo de tratar esta cuestión a través de una norma con la que pudieran deshacerse de los demócratas sin convertirles en mártires, tal y como había ocurrido con muchos integrante de la Unión Militar Democrática (los famosos umedos).
Ante semejante perspectiva cabían dos posibilidades, persistir en el intento e inmolarse o usar la vía pragmática. Dado que en el mes de enero de 1991 el juez militar ordenó el ingreso en la prisión militar de José Luis Bargados Fernández por presuntos delitos de sedición (que fueron archivados tras salir de ella, tres meses después) y quien esto escribe compareció ante el mismo juez con la maleta hecha para seguir el mismo camino, optando el magistrado por no internarnos a ambos a la vez por si acaso, pensando quizás que éramos capaces de quemar la cárcel o algo semejante, nada más lejos de la realidad...
Como decía, José Luis Bargados aprovechó su estancia en Alcalá para ponerse al día con la legislación sobre asociaciones y esbozó los primeros estatutos de una organización real de guardiaciviles. Y resalto lo de real ya que por aquel entonces y hasta nuestros días existían y existen organizaciones de miembros del Cuerpo que solamente sirven para sacar los cuartos a sus obligados asociados a mayor gloria y regocijo de los máximos mandatarios beneméritos. No hace falta puntualizar, ya sabemos cuáles son.
Así, una vez liberado de su encarcelamiento y archivados los presuntos delitos de sedición por falta de pruebas, Bargados y este servidor se pusieron a la tarea de lograr la inscripción de una organización de y para todos los guardias civiles. En aquellos momentos la ley permitía a los militares la pertenencia a asociaciones que tuvieran como objetivo fines sociales, culturales, deportivos o religiosos. Por tal motivo se elaboraron estatutos que contemplaban todas las opciones viables y sus combinaciones, enviándolos al Registro Nacional de Asociaciones para su posible inscripción.
Dicho Registro rechaza todas y cada una de las peticiones alegando que los estatutos albergan fines reivindicativos, lo cual -según su opinión-, es incompatible con la condición de militar. El siguiente paso es adaptar los estatutos a las exigencias del Registro, eliminando cualquier rastro de actividad reivindicativa, obteniendo la callada por respuesta. Simplemente optaron por ignorar las peticiones para registrar una organización de guardias civiles no controlada por la propia Administración. Este hecho provoca lo que se conoce por silencio administrativo y se decide iniciar el camino de los Tribunales. Se recurre ante la Audiencia Nacional para obtener un pronunciamiento judicial sobre la legalidad de una asociación de miembros del Cuerpo y, para ese propósito se escoge, entre las muchas organizaciones presentadas, una cuyos fines son socio/culturales y denominada Asociación 6 de julio de guardias civiles.
En espera de la decisión judicial. La caza de los sindicalistas sigue su curso ya con un régimen disciplinario que permite la labor sin salirse de los cauces internos. Es la forma utilizada con el Sargento José Morata Gargallo, al que tienden una encerrona y, tras el preceptivo trámite administrativo, separan del servicio. Vergonzosa situación que se mantiene hoy en día, pese a que todos los grupos parlamentarios aprobaron hace tiempo una propuesta instando al gobierno a dar los pasos adecuados para su readmisión en el Cuerpo. El propio Morata apoyado por un grupo de amigos constituye el 26 de abril de 1994 la Coordinadora pro-perjudicados por la gestión de Luis Roldán y la corrupción,más conocida por COPROPER, al hilo del escándalo de corrupción protagonizado por el que fuera primer director general civil de la Benemérita. Reseñar sobre este asunto que, poco después de conocerse el desvío de fondos de la Asociación Pro-huérfanos de la Guardia Civil por parte de Luis Roldán, un pequeño grupo de guardias civiles (entre ellos José Luis Bargados y quien escribe estas líneas) presentaron una denuncia en el juzgado de guardia contra el exdirector general en su condición de socios de la citada asociación y, por lo tanto, perjudicados por el mentado desvío dinerario. Poca gracia hizo la denuncia en cuestión, tanto en el juzgado que recibió la misma como en altas instancias del Cuerpo, más preocupadas, en mi opinión, de mantener el escándalo en el perfil más bajo posible que en aclarar y atajar este tipo de prácticas.
Ya metidos en pleno 1994, Morata, Bargados, Alejandro Álvarez Borja (otro compañero represaliado por su actividad sindical y cuyas imágenes de su detención resultan bochornosas en extremo) y yo mismo, mantenemos una reunión en Madrid en donde decidimos que, sea cual fuere la primera organización en lograr ser registrada, serviría de plataforma para lograr una asociación profesional que defendiera los derechos e intereses de todos los compañeros.
Y así llegamos al 26 de julio de 1994. En esa fecha la Audiencia Nacional estimó la demanda presentada por José Luis Bargados en el sentido de ordenar la inscripción de la Asociación 6 de julio de guardias civiles en el Registro Nacional de Asociaciones. Cabe recordar que la inscripción de una asociación en el Registro correspondiente solamente se realiza a efectos de publicidad. Como bien recuerda la aludida Sentencia (Recurso 2.401/1994):
...habida cuenta de que el Texto Constitucional en su art. 22.3 señala que las asociaciones constituidas al amparo de este artículo, deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad, lo que viene a demostrar que ni la Ley 191/64, de 24 de diciembre, ni la propia Constitución hacen referencia al contenido del art. 2º del R.D. 713/77, de 1º de abril, resulta que si de acuerdo con los Estatutos y acta fundacional puede deducirse cuales sean los fines perseguidos por la Asociación y estos son lícitos, no hay razón legal y objetiva alguna para denegar esa inscripción, máxime si este acto, como dice el Texto Constitucional, no lo es a efectos constitutivos, y sí solo a efectos de publicidad....
Pocos días después del Fallo judicial transcrito, el 2 de agosto de 1994, el Registro Nacional de Asociaciones inscribe la COPROPER. Dado lo acordado en la referida reunión de Madrid y que en cuestión de escasas fechas las dos organizaciones presentadas por Bargados y Morata han logrado su inscripción, deciden juntar esfuerzos y, de esa manera, los días 6 y 7 de octubre de 1994 se produce una reunión en la que se unifican ambas asociaciones y comienza la labor de la ya histórica COPROPER-6J.
De igual forma se decide una ampliación estatutaria con el firme propósito de convertirse en una organización profesional y un cambio de denominación a Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización que el propio J. L. Bargados ya había intentado inscribir, concretamente el 17 de mayo de 1991. Tanto el cambio estatutario como el de nombre fueron nuevamente rechazados por el Registro Nacional de Asociaciones, dando paso a nuevas pugnas judiciales. Otra vez es la Audiencia Nacional la que falla a favor de COPROPER-6J, mediante Sentencia de 14 de enero de 1998, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que afirma que los fines repudiados por la Administración: ...no sólo son completamente lícitos dentro del marco de nuestro Ordenamiento Jurídico, sino que son altamente saludables, al articular a través de la vía asociativa la participación ciudadana, al logro de una Administración que sirva con objetividad los intereses generales, tal y como proclama el art. 103 de la Constitución, a fin de que no se utilicen potestades públicas para el interés privado cuando éste difiere del general a que toda actuación pública se debe por mandato del precepto constitucional mencionado.
El contencioso sobre el cambio de nombre debió esperar hasta el 2002, siendo el pronunciamiento judicial, de nuevo, favorable.
Como sabrán la mayoría de lectores, el camino de COPROPER-6J (posteriormente AUGC), no ha sido -ni es- sencillo. A modo de ejemplo destacar dos episodios referidos al fundador de 6 de Julio. Justo antes de obtener el pronunciamiento judicial favorable al registro de su asociación, llegaron a imponerle tres faltas leves en un lapso de tiempo de una semana. Y, como segundo plato, la primera reacción ante la sentencia de 26 de julio de 1994 fue la casi inmediata expulsión del Cuerpo de José Luis Bargados. Tras un expediente gubernativo descaradamente injusto, en donde declararon seis superiores del propio expedientado, tres de los cuales manifestaron que se trataba de un buen profesional e incluso uno de ellos afirmó que era el mejor guardia que había tenido a sus órdenes, y los otros tres alegaron todo lo contrario, casualmente los tres mandos que con anterioridad habían sido denunciados por Bargados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, siendo archivadas las denuncias por la justicia? militar. Dos años después, otra sentencia del Tribunal Supremo ordena el reingreso en el Cuerpo de Bargados... ¿a alguien le suenan este tipo de prácticas?
Ejemplos como el anterior han sido el pan de cada día en estos últimos veinte años de movimiento asociativo. Una descarnada persecución que solamente se soporta cuando tienes claros tus ideales y no esperas otra cosa que conseguir dar un paso más hacia la equiparación de derechos y obligaciones con otros cuerpos policiales y ciudadanos en general porque, frente a quienes siempre exhiben como autodefensa la manida frase de ya sabías dónde te metías, rechazo claro a cualquier tipo de avance, yo siempre recuerdo el primer requisito para ser guardia civil: ser español.
Si, además, tenemos presente el primer artículo de la Cartilla, se me hace muy cuesta arriba comprender los comportamientos cortijeros que han sido seña de identidad desde que el Duque de Ahumada le metió mano al decreto fundacional de 28 de marzo de 1844, realizado por Patricio de la Escosura, para crear un Cuerpo militar cuyo apellido es CIVIL, culminando así una vieja aspiración de su padre.
Pero volviendo al punto en que se constituye COPROPER-6J, debe resaltarse el hecho de que desde ese momento el movimiento asociativo en la Guardia Civil se extiende como una mancha de aceite por todo el país, tratando de que la Constitución y los Derechos Fundamentales de todo ciudadano español sean, no solo defendidos, sino disfrutados por los miembros de la Benemérita y sus familias, inmersos en un universo paralelo donde solamente pueden contemplar y amparar los cambios, sin llegar a experimentarlos. En 1998, COPROPER-6J presenta en el Congreso de los Diputados sus propuestas para el modelo policial en el siglo XXI y su Congreso de Valencia es espiado por el Ministerio del Interior. El 6 de diciembre de 2001 miles de ciudadanos se manifiestan ante la Dirección General del Cuerpo convocados por la Plataforma de Familiares y Simpatizantes de la Guardia Civil, lo que se repite en 2002 ante el Ministerio del Interior y también en 2003 en Salamanca.
En 2002 se crea el Consejo Asesor de Personal en la Guardia Civil (CAP), una especie de órgano semidemocrático que busca canalizar las inquietudes de los guardias civiles en un intento de restar protagonismo a la AUGC y resto de asociaciones que han nacido siguiendo nuestro camino.
Para este propósito se diseñó un intrincado sistema de votación en el que no podían participar las organizaciones asociativas. A pesar de ello, AUGC apoyó las candidaturas de muchos compañeros que se presentaron individualmente a esas elecciones, obteniendo un total de 32 Vocales en el CAP.
En 2004, tras el triunfo electoral de Zapatero, se nombra a un General de las Fuerzas Armadas como Director General de la Guardia Civil, el cual no tiene interés alguno en escuchar a los representantes en el CAP, lo que motiva la dimisión de los 32 Vocales apoyados por AUGC.
El 22 de abril de 2006 varios miles de guardiaciviles se concentran en la Plaza Mayor de Madrid, convocados por AUGC bajo el lema Guardias civiles por la dignidad y con la democracia. El 20 de enero de 2007 se repite la concentración, en esta ocasión con mayor afluencia de miembros del Cuerpo y muchos de ellos vistiendo el uniforme reglamentario, exigiendo DERECHOS ¡YA!, lo que provoca, a la postre, una reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil y una ley orgánica de derechos y deberes de los miembros del Cuerpo con reconocimiento expreso de las asociaciones profesionales. En 2009 se celebran las primeras elecciones al nuevo órgano que sustituye al fenecido CAP y denominado Consejo de la Guardia Civil. En esta ocasión las organizaciones profesionales presentan candidaturas y AUGC obtiene 9 de los 15 Vocales en disputa. En 2013 se desarrolla un nuevo proceso electoral obteniendo AUGC 8 de los 16 Vocales elegibles.
Durante estas dos décadas, AUGC ha dado muestras de su fortaleza, signo evidente de sus asentadas raíces. No solamente por ser la asociación que ha liderado cualquier mínimo paso adelante, normalmente ante los tribunales de justicia o instituciones internacionales, sino porque se ha sometido a cambios internos que podrían haber dado al traste con cualquier organización endeble o cuyos promotores buscaran algo diferente al bien común. Así, nuestra asociación ha contado con cinco máximos responsables en estos años. En el 2000, los históricos de la organización, Bargados, Morata y Florencio Garrido, decidieron dejar paso a una nueva generación de augeceros para asumir la responsabilidad de impulsar y fortalecer la organización en el objetivo de conseguir un marco legal que reconociera y regulara el asociacionismo profesional en una institución que durante siglo y medio permaneció de espaldas a las necesidades del grueso de sus componentes, bajo el lema de el mejor sindicato es el propio mando, dicho normalmente por personas que más bien deberían emular a Groucho Marx cuando argumentaba que no quiero pertenecer a ningún club que me admita como socio.
Un proceso de renovación intrínseca nunca resulta sencillo ni está exento de polémicas internas, las cuales trascienden a veces más allá del ámbito de la propia organización. Resulta inevitable y en muchas ocasiones hasta saludable. El desarrollo regenerativo es síntoma de evolución, de vigor y compromiso constante con las inquietudes de todos los componentes del Cuerpo. Y en ese sentido, AUGC también ha sido referente durante este tiempo.
En la actualidad la Asociación Unificada de Guardias Civiles cuenta con más de 31.000 afiliados y 46 Delegaciones provinciales, siendo la mayoritaria con diferencia en el seno del Cuerpo y una de las organizaciones policiales más potentes de Europa por número de asociados.
Pero más allá de fechas y acontecimientos concretos, lo que debe destacarse son las circunstancias en las que la AUGC se gestó y comenzó su camino. Resulta muy difícil explicar o situar correctamente a los profanos en el contexto de tiempos pretéritos, pero se intentará. La feroz persecución a la que eran sometidos todos aquellos componentes del Cuerpo que de alguna manera se destacaban en la lucha por una Guardia Civil moderna, democrática y con los mismos Derechos que cualquier otro funcionario público es complicado de concebir, si no se sufre de primera mano.
No obstante, es posible imaginar lo que es sentirse acosado por esa maquinaria monstruosa; asentada, desarrollada y perfeccionada durante más de siglo y medio y que en aquellos tiempos se aplicaba de manera inmisericorde con cualquier atisbo de implantar algo de realidad democrática en los páramos beneméritos. Lo poco que se conoce de la denominada operación columna llega a causar pánico. Pinchazos telefónicos, registro de buzones, seguimientos, falsas acusaciones que servían de excusa para ordenar el ingreso preventivo en prisiones militares... sin olvidar el internamiento en instituciones de tipo mental ya que la Dirección General de la Guardia Civil consideraba a aquellos sindicalistas poco menos que paranoicos. Tampoco se libraba el entorno de los afectados, siendo espiados familiares, vecinos, periodistas, abogados, sindicatos de clase...
Dentro del amplio anecdotario que jalona nuestra historia, recuerdo un episodio muy ilustrativo de cómo se las gastaban en aquellos tiempos. Antes me he referido al cambio estatutario decidido tras la formación de COPROPER-6J y el rechazo del Registro de Asociaciones al nuevo enunciado. Pues bien, tal rechazo fue utilizado institucionalmente para emitir un escrito en donde se decía que COPROPER-6J había sido declarada ilegal, cuando simplemente había sido rechazado administrativamente un cambio estatutario que posteriormente los tribunales declararon altamente saludable...
A un clima tan sobrecogedor debe sumarse todo lo que estaba en juego: tu profesión (en realidad, tu vocación), el sustento de tu familia, tu futuro, tu honorabilidad y lo que ello engloba, que no es poco... Y en ese ambiente hubo algunos que decidieron guiarse por lo que consideraban justo y digno sin importarles demasiado las consecuencias. El Pepito Grillo que en mayor o menor medida habita en nuestras cabezas y corazones estaba muy acentuado en aquellas personas, tanto o más que los preceptos tradicionales que rigen la Guardia Civil, y por ello consideraron que el honor, el sacrificio, la constancia y la paciencia eran valores aplicables en la búsqueda de algo lógico y justo. Simplemente se negaron a aceptar que la democracia y los Derechos Constitucionales pasaran de largo ante las puertas de los cuarteles beneméritos sin entrar siquiera a saludar.
Como colofón a este somero repaso que abarca dos décadas, me gustaría aprovechar unas líneas escritas por José Luis Bargados Fernández hace diez años, a través de un artículo titulado El sueño ansiado y en donde repasa los múltiples esfuerzos de un grupo de personas por conseguir lo que hoy en día nos parece de lo más normal y corriente:
Pero hasta 1994, para llegar a disfrutar del derecho asociativo se dieron muchos pasos y se presentaron muchos estatutos denegados como:
- Los familiares consiguieron en 1990 la inscripción registral de la Asociación de Cónyuges de Guardias Civiles, promovida entre otras mujeres por la esposa del Cabo 1º Manuel Rosa Recuerda, y en 1991 se inscribió la Asociación de familiares de Guardias Civiles, entre cuyas promotoras estaba mi esposa, María Alicia Seco. Posteriormente la hermana de Joaquín Parra Cerezo promovió otra Asociación de Simpatizantes y Familiares. Todas ellas fueron inscritas en el Registro Nacional.
- Siguiendo con la estrategia de presentar asociaciones de los tipos permitidos (religiosas, culturales, deportivas y sociales), aparte de las citadas 6 de Julio y Asociación Unificada de Guardias Civiles, presenté junto a mi madre y esposa para su registro el 14/11/91 la Unión Social de la Guardia Civil (de carácter social), denegada el 27 de noviembre del mismo año. También en 1991, concretamente el 13 de agosto, junto a mi hermana Isabel y Maite Sánchez Montes, esposa de Llana, la Unión Social de la Guardia Civil de Gijón, denegada el 29/10/91. Igualmente, en febrero de 1991, desde la prisión remito los estatutos de la denominada Unión Católica de Guardias Civiles (de carácter religioso), denegada sucesivamente tras nuevas remisiones el 6/03/91, el 18/04/91, el 24/07/91 y el 8/10/91.
- Tras otros nombres de asociaciones que promoví del tipo permitido, y continuando con la estrategia marcada para probar la arbitrariedad e injusticia con la que obraba la Administración al denegar las inscripciones sistemáticamente, decidí no romperme más la cabeza buscando nombre adecuado y comencé la serie de julio poniendo como denominación el día en que confeccionaba los estatutos y/o los remitía y procedí a inundar el Registro de Asociaciones con peticiones de inscripción, y así el día 12/07/91remití la Asociación 12 de Julio (de carácter social), denegada el 27/08/91. El 15 de julio de 1991 envié la Asociación 15 de Julio (de carácter cultural), cuya denegación data del 27/08/91. El 16 de julio remito, lógicamente, la Asociación 16 de Julio (de carácter deportivo), rechazada el 30/07/91, la Asociación 17 de Julio (fines sociales), denegada igualmente el 30/07/91, la Asociación 18 de Julio (sociocultural), también rechazada el 30/07/91, la asociación 22 de Julio (social), denegada igualmente el 30/07/91 -ese día tuvieron mucho trabajo en el Registro-, el 27 de julio de 1991 remito la asociación 23 de Julio (cultural), rechazada el 31/07/91. Cuando consideré que ya tenía bastantes pruebas en contra de la Administración, decidí continuar solo la defensa a ultranza de la Asociación 6 de Julio de Guardias Civiles, centrándome en ella hasta el final.-
- Antes de que José Morata promoviera COPROPER en 1994 lo había intentado también con otras, citando como ejemplo la denominada Sociedad Unionista de Guardias Civiles (de carácter sociocultural) que promovió entre otras personas junto a su esposa Azucena Chillerón y Alejandro Álvarez Borja, siendo denegada como era costumbre en la época.
Alberto García Llana también lo intentó, el 23/03/93, junto a otro compañero y su esposa con la denominada Asociación de Antiguos Alumnos de las Academias de la Guardia Civil, que fue rechazada el 30/04/93. Volvió Llana a intentarlo, junto a su esposa Maite y la mujer de otro compañero con la promoción de la Asociación de Solidaridad Nacional de los Guardias Civiles ante los Problemas Sociales de Desamparo en la 3º Edad, Terrorismo y Drogadicción, siendo denegada como las anteriores.
Todos estos esfuerzos y sacrificios culminaron en éxito el verano de 1994, y desde entonces nuestra Asociación, tu Asociación, no ha dejado de crecer y de procurar satisfacer las necesidades de nuestros asociados.
No deseo terminar sin antes realizar un reconocimiento de aquellas personas que con su lucha, tenacidad y voluntad de hierro nos han permitido llegar a donde hoy estamos. Tengo en mi recuerdo a decenas de ellos que no cito por temor a omitir involuntariamente a alguno y por ello prefiero no aventurarme, porque todos ellos en mayor o menor grado, de una u otra forma, en uno u otro determinado momento, han contribuido a que se haya hecho realidad lo que todos ansiábamos.
A finales de 1990, en pleno auge del movimiento sindical clandestino en la Benemérita, mientras por parte del gobierno de turno se sometía a férrea persecución a aquellos sindicalistas a través de la poco conocida operación columna, con ingresos en establecimientos penales militares bajo falsas acusaciones de sedición, con ingresos en centros médicos por supuestas enfermedades mentales, seguimientos, pinchazos telefónicos y toda suerte de malas artes en pos de descabezar la democracia que intentaba abrirse paso en una Institución arcaica y desfasada, totalmente alejada de la realidad del Estado de Derecho que pretendía ser España, se intentó afrontar el problema sindical bajo parámetros legales, alumbrando un régimen disciplinario propio de la Guardia Civil que tipificara tales pretensiones como falta muy grave con expulsión del Cuerpo incluida.
La presión social existente cada vez que el triste espectáculo de la entrada en prisión militar de un sindicalista saltaba a los medios de comunicación; el hartazgo de muchos jueces militares que tenían que ordenar el ingreso preventivo de esos luchadores por supuestos delitos de sedición o, incluso, deserción, a sabiendas que rozaban -por ser magnánimo- la prevaricación; la constancia de la promesa incumplida por el gobierno de entonces de desmilitarizar la Guardia Civil o el posicionamiento de grupos políticos y sindicatos a favor de una Benemérita que hiciera honor a su apellido, fueron algunos factores, no todos, decisorios a la hora de aprobar una ley disciplinaria que llevaba esperando desde que la Constitución de 1978 separó definitivamente a la Guardia Civil de las Fuerzas Armadas. Sencillamente no tenía sentido alguno seguir aplicando el régimen disciplinar de los tres Ejércitos a una institución encuadrada de manera diferente en nuestra Norma Suprema.
Resulta paradójico que una ley que, por lógica, debería haberse confeccionado y aprobado a renglón seguido de la publicación de la Constitución, fuera impulsada como medida represora contra el movimiento sindical clandestino de la Guardia Civil. Pues bien, a finales de aquel 1990, como decía, un alto cargo del gobierno de turno se encargó de transmitir a aquellos sindicalistas las intenciones del poder legislativo de tratar esta cuestión a través de una norma con la que pudieran deshacerse de los demócratas sin convertirles en mártires, tal y como había ocurrido con muchos integrante de la Unión Militar Democrática (los famosos umedos).
Ante semejante perspectiva cabían dos posibilidades, persistir en el intento e inmolarse o usar la vía pragmática. Dado que en el mes de enero de 1991 el juez militar ordenó el ingreso en la prisión militar de José Luis Bargados Fernández por presuntos delitos de sedición (que fueron archivados tras salir de ella, tres meses después) y quien esto escribe compareció ante el mismo juez con la maleta hecha para seguir el mismo camino, optando el magistrado por no internarnos a ambos a la vez por si acaso, pensando quizás que éramos capaces de quemar la cárcel o algo semejante, nada más lejos de la realidad...
Como decía, José Luis Bargados aprovechó su estancia en Alcalá para ponerse al día con la legislación sobre asociaciones y esbozó los primeros estatutos de una organización real de guardiaciviles. Y resalto lo de real ya que por aquel entonces y hasta nuestros días existían y existen organizaciones de miembros del Cuerpo que solamente sirven para sacar los cuartos a sus obligados asociados a mayor gloria y regocijo de los máximos mandatarios beneméritos. No hace falta puntualizar, ya sabemos cuáles son.
Así, una vez liberado de su encarcelamiento y archivados los presuntos delitos de sedición por falta de pruebas, Bargados y este servidor se pusieron a la tarea de lograr la inscripción de una organización de y para todos los guardias civiles. En aquellos momentos la ley permitía a los militares la pertenencia a asociaciones que tuvieran como objetivo fines sociales, culturales, deportivos o religiosos. Por tal motivo se elaboraron estatutos que contemplaban todas las opciones viables y sus combinaciones, enviándolos al Registro Nacional de Asociaciones para su posible inscripción.
Dicho Registro rechaza todas y cada una de las peticiones alegando que los estatutos albergan fines reivindicativos, lo cual -según su opinión-, es incompatible con la condición de militar. El siguiente paso es adaptar los estatutos a las exigencias del Registro, eliminando cualquier rastro de actividad reivindicativa, obteniendo la callada por respuesta. Simplemente optaron por ignorar las peticiones para registrar una organización de guardias civiles no controlada por la propia Administración. Este hecho provoca lo que se conoce por silencio administrativo y se decide iniciar el camino de los Tribunales. Se recurre ante la Audiencia Nacional para obtener un pronunciamiento judicial sobre la legalidad de una asociación de miembros del Cuerpo y, para ese propósito se escoge, entre las muchas organizaciones presentadas, una cuyos fines son socio/culturales y denominada Asociación 6 de julio de guardias civiles.
En espera de la decisión judicial. La caza de los sindicalistas sigue su curso ya con un régimen disciplinario que permite la labor sin salirse de los cauces internos. Es la forma utilizada con el Sargento José Morata Gargallo, al que tienden una encerrona y, tras el preceptivo trámite administrativo, separan del servicio. Vergonzosa situación que se mantiene hoy en día, pese a que todos los grupos parlamentarios aprobaron hace tiempo una propuesta instando al gobierno a dar los pasos adecuados para su readmisión en el Cuerpo. El propio Morata apoyado por un grupo de amigos constituye el 26 de abril de 1994 la Coordinadora pro-perjudicados por la gestión de Luis Roldán y la corrupción,más conocida por COPROPER, al hilo del escándalo de corrupción protagonizado por el que fuera primer director general civil de la Benemérita. Reseñar sobre este asunto que, poco después de conocerse el desvío de fondos de la Asociación Pro-huérfanos de la Guardia Civil por parte de Luis Roldán, un pequeño grupo de guardias civiles (entre ellos José Luis Bargados y quien escribe estas líneas) presentaron una denuncia en el juzgado de guardia contra el exdirector general en su condición de socios de la citada asociación y, por lo tanto, perjudicados por el mentado desvío dinerario. Poca gracia hizo la denuncia en cuestión, tanto en el juzgado que recibió la misma como en altas instancias del Cuerpo, más preocupadas, en mi opinión, de mantener el escándalo en el perfil más bajo posible que en aclarar y atajar este tipo de prácticas.
Ya metidos en pleno 1994, Morata, Bargados, Alejandro Álvarez Borja (otro compañero represaliado por su actividad sindical y cuyas imágenes de su detención resultan bochornosas en extremo) y yo mismo, mantenemos una reunión en Madrid en donde decidimos que, sea cual fuere la primera organización en lograr ser registrada, serviría de plataforma para lograr una asociación profesional que defendiera los derechos e intereses de todos los compañeros.
Y así llegamos al 26 de julio de 1994. En esa fecha la Audiencia Nacional estimó la demanda presentada por José Luis Bargados en el sentido de ordenar la inscripción de la Asociación 6 de julio de guardias civiles en el Registro Nacional de Asociaciones. Cabe recordar que la inscripción de una asociación en el Registro correspondiente solamente se realiza a efectos de publicidad. Como bien recuerda la aludida Sentencia (Recurso 2.401/1994):
...habida cuenta de que el Texto Constitucional en su art. 22.3 señala que las asociaciones constituidas al amparo de este artículo, deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad, lo que viene a demostrar que ni la Ley 191/64, de 24 de diciembre, ni la propia Constitución hacen referencia al contenido del art. 2º del R.D. 713/77, de 1º de abril, resulta que si de acuerdo con los Estatutos y acta fundacional puede deducirse cuales sean los fines perseguidos por la Asociación y estos son lícitos, no hay razón legal y objetiva alguna para denegar esa inscripción, máxime si este acto, como dice el Texto Constitucional, no lo es a efectos constitutivos, y sí solo a efectos de publicidad....
Pocos días después del Fallo judicial transcrito, el 2 de agosto de 1994, el Registro Nacional de Asociaciones inscribe la COPROPER. Dado lo acordado en la referida reunión de Madrid y que en cuestión de escasas fechas las dos organizaciones presentadas por Bargados y Morata han logrado su inscripción, deciden juntar esfuerzos y, de esa manera, los días 6 y 7 de octubre de 1994 se produce una reunión en la que se unifican ambas asociaciones y comienza la labor de la ya histórica COPROPER-6J.
De igual forma se decide una ampliación estatutaria con el firme propósito de convertirse en una organización profesional y un cambio de denominación a Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización que el propio J. L. Bargados ya había intentado inscribir, concretamente el 17 de mayo de 1991. Tanto el cambio estatutario como el de nombre fueron nuevamente rechazados por el Registro Nacional de Asociaciones, dando paso a nuevas pugnas judiciales. Otra vez es la Audiencia Nacional la que falla a favor de COPROPER-6J, mediante Sentencia de 14 de enero de 1998, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que afirma que los fines repudiados por la Administración: ...no sólo son completamente lícitos dentro del marco de nuestro Ordenamiento Jurídico, sino que son altamente saludables, al articular a través de la vía asociativa la participación ciudadana, al logro de una Administración que sirva con objetividad los intereses generales, tal y como proclama el art. 103 de la Constitución, a fin de que no se utilicen potestades públicas para el interés privado cuando éste difiere del general a que toda actuación pública se debe por mandato del precepto constitucional mencionado.
El contencioso sobre el cambio de nombre debió esperar hasta el 2002, siendo el pronunciamiento judicial, de nuevo, favorable.
Como sabrán la mayoría de lectores, el camino de COPROPER-6J (posteriormente AUGC), no ha sido -ni es- sencillo. A modo de ejemplo destacar dos episodios referidos al fundador de 6 de Julio. Justo antes de obtener el pronunciamiento judicial favorable al registro de su asociación, llegaron a imponerle tres faltas leves en un lapso de tiempo de una semana. Y, como segundo plato, la primera reacción ante la sentencia de 26 de julio de 1994 fue la casi inmediata expulsión del Cuerpo de José Luis Bargados. Tras un expediente gubernativo descaradamente injusto, en donde declararon seis superiores del propio expedientado, tres de los cuales manifestaron que se trataba de un buen profesional e incluso uno de ellos afirmó que era el mejor guardia que había tenido a sus órdenes, y los otros tres alegaron todo lo contrario, casualmente los tres mandos que con anterioridad habían sido denunciados por Bargados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, siendo archivadas las denuncias por la justicia? militar. Dos años después, otra sentencia del Tribunal Supremo ordena el reingreso en el Cuerpo de Bargados... ¿a alguien le suenan este tipo de prácticas?
Ejemplos como el anterior han sido el pan de cada día en estos últimos veinte años de movimiento asociativo. Una descarnada persecución que solamente se soporta cuando tienes claros tus ideales y no esperas otra cosa que conseguir dar un paso más hacia la equiparación de derechos y obligaciones con otros cuerpos policiales y ciudadanos en general porque, frente a quienes siempre exhiben como autodefensa la manida frase de ya sabías dónde te metías, rechazo claro a cualquier tipo de avance, yo siempre recuerdo el primer requisito para ser guardia civil: ser español.
Si, además, tenemos presente el primer artículo de la Cartilla, se me hace muy cuesta arriba comprender los comportamientos cortijeros que han sido seña de identidad desde que el Duque de Ahumada le metió mano al decreto fundacional de 28 de marzo de 1844, realizado por Patricio de la Escosura, para crear un Cuerpo militar cuyo apellido es CIVIL, culminando así una vieja aspiración de su padre.
Pero volviendo al punto en que se constituye COPROPER-6J, debe resaltarse el hecho de que desde ese momento el movimiento asociativo en la Guardia Civil se extiende como una mancha de aceite por todo el país, tratando de que la Constitución y los Derechos Fundamentales de todo ciudadano español sean, no solo defendidos, sino disfrutados por los miembros de la Benemérita y sus familias, inmersos en un universo paralelo donde solamente pueden contemplar y amparar los cambios, sin llegar a experimentarlos. En 1998, COPROPER-6J presenta en el Congreso de los Diputados sus propuestas para el modelo policial en el siglo XXI y su Congreso de Valencia es espiado por el Ministerio del Interior. El 6 de diciembre de 2001 miles de ciudadanos se manifiestan ante la Dirección General del Cuerpo convocados por la Plataforma de Familiares y Simpatizantes de la Guardia Civil, lo que se repite en 2002 ante el Ministerio del Interior y también en 2003 en Salamanca.
En 2002 se crea el Consejo Asesor de Personal en la Guardia Civil (CAP), una especie de órgano semidemocrático que busca canalizar las inquietudes de los guardias civiles en un intento de restar protagonismo a la AUGC y resto de asociaciones que han nacido siguiendo nuestro camino.
Para este propósito se diseñó un intrincado sistema de votación en el que no podían participar las organizaciones asociativas. A pesar de ello, AUGC apoyó las candidaturas de muchos compañeros que se presentaron individualmente a esas elecciones, obteniendo un total de 32 Vocales en el CAP.
En 2004, tras el triunfo electoral de Zapatero, se nombra a un General de las Fuerzas Armadas como Director General de la Guardia Civil, el cual no tiene interés alguno en escuchar a los representantes en el CAP, lo que motiva la dimisión de los 32 Vocales apoyados por AUGC.
El 22 de abril de 2006 varios miles de guardiaciviles se concentran en la Plaza Mayor de Madrid, convocados por AUGC bajo el lema Guardias civiles por la dignidad y con la democracia. El 20 de enero de 2007 se repite la concentración, en esta ocasión con mayor afluencia de miembros del Cuerpo y muchos de ellos vistiendo el uniforme reglamentario, exigiendo DERECHOS ¡YA!, lo que provoca, a la postre, una reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil y una ley orgánica de derechos y deberes de los miembros del Cuerpo con reconocimiento expreso de las asociaciones profesionales. En 2009 se celebran las primeras elecciones al nuevo órgano que sustituye al fenecido CAP y denominado Consejo de la Guardia Civil. En esta ocasión las organizaciones profesionales presentan candidaturas y AUGC obtiene 9 de los 15 Vocales en disputa. En 2013 se desarrolla un nuevo proceso electoral obteniendo AUGC 8 de los 16 Vocales elegibles.
Durante estas dos décadas, AUGC ha dado muestras de su fortaleza, signo evidente de sus asentadas raíces. No solamente por ser la asociación que ha liderado cualquier mínimo paso adelante, normalmente ante los tribunales de justicia o instituciones internacionales, sino porque se ha sometido a cambios internos que podrían haber dado al traste con cualquier organización endeble o cuyos promotores buscaran algo diferente al bien común. Así, nuestra asociación ha contado con cinco máximos responsables en estos años. En el 2000, los históricos de la organización, Bargados, Morata y Florencio Garrido, decidieron dejar paso a una nueva generación de augeceros para asumir la responsabilidad de impulsar y fortalecer la organización en el objetivo de conseguir un marco legal que reconociera y regulara el asociacionismo profesional en una institución que durante siglo y medio permaneció de espaldas a las necesidades del grueso de sus componentes, bajo el lema de el mejor sindicato es el propio mando, dicho normalmente por personas que más bien deberían emular a Groucho Marx cuando argumentaba que no quiero pertenecer a ningún club que me admita como socio.
Un proceso de renovación intrínseca nunca resulta sencillo ni está exento de polémicas internas, las cuales trascienden a veces más allá del ámbito de la propia organización. Resulta inevitable y en muchas ocasiones hasta saludable. El desarrollo regenerativo es síntoma de evolución, de vigor y compromiso constante con las inquietudes de todos los componentes del Cuerpo. Y en ese sentido, AUGC también ha sido referente durante este tiempo.
En la actualidad la Asociación Unificada de Guardias Civiles cuenta con más de 31.000 afiliados y 46 Delegaciones provinciales, siendo la mayoritaria con diferencia en el seno del Cuerpo y una de las organizaciones policiales más potentes de Europa por número de asociados.
Pero más allá de fechas y acontecimientos concretos, lo que debe destacarse son las circunstancias en las que la AUGC se gestó y comenzó su camino. Resulta muy difícil explicar o situar correctamente a los profanos en el contexto de tiempos pretéritos, pero se intentará. La feroz persecución a la que eran sometidos todos aquellos componentes del Cuerpo que de alguna manera se destacaban en la lucha por una Guardia Civil moderna, democrática y con los mismos Derechos que cualquier otro funcionario público es complicado de concebir, si no se sufre de primera mano.
No obstante, es posible imaginar lo que es sentirse acosado por esa maquinaria monstruosa; asentada, desarrollada y perfeccionada durante más de siglo y medio y que en aquellos tiempos se aplicaba de manera inmisericorde con cualquier atisbo de implantar algo de realidad democrática en los páramos beneméritos. Lo poco que se conoce de la denominada operación columna llega a causar pánico. Pinchazos telefónicos, registro de buzones, seguimientos, falsas acusaciones que servían de excusa para ordenar el ingreso preventivo en prisiones militares... sin olvidar el internamiento en instituciones de tipo mental ya que la Dirección General de la Guardia Civil consideraba a aquellos sindicalistas poco menos que paranoicos. Tampoco se libraba el entorno de los afectados, siendo espiados familiares, vecinos, periodistas, abogados, sindicatos de clase...
Dentro del amplio anecdotario que jalona nuestra historia, recuerdo un episodio muy ilustrativo de cómo se las gastaban en aquellos tiempos. Antes me he referido al cambio estatutario decidido tras la formación de COPROPER-6J y el rechazo del Registro de Asociaciones al nuevo enunciado. Pues bien, tal rechazo fue utilizado institucionalmente para emitir un escrito en donde se decía que COPROPER-6J había sido declarada ilegal, cuando simplemente había sido rechazado administrativamente un cambio estatutario que posteriormente los tribunales declararon altamente saludable...
A un clima tan sobrecogedor debe sumarse todo lo que estaba en juego: tu profesión (en realidad, tu vocación), el sustento de tu familia, tu futuro, tu honorabilidad y lo que ello engloba, que no es poco... Y en ese ambiente hubo algunos que decidieron guiarse por lo que consideraban justo y digno sin importarles demasiado las consecuencias. El Pepito Grillo que en mayor o menor medida habita en nuestras cabezas y corazones estaba muy acentuado en aquellas personas, tanto o más que los preceptos tradicionales que rigen la Guardia Civil, y por ello consideraron que el honor, el sacrificio, la constancia y la paciencia eran valores aplicables en la búsqueda de algo lógico y justo. Simplemente se negaron a aceptar que la democracia y los Derechos Constitucionales pasaran de largo ante las puertas de los cuarteles beneméritos sin entrar siquiera a saludar.
Como colofón a este somero repaso que abarca dos décadas, me gustaría aprovechar unas líneas escritas por José Luis Bargados Fernández hace diez años, a través de un artículo titulado El sueño ansiado y en donde repasa los múltiples esfuerzos de un grupo de personas por conseguir lo que hoy en día nos parece de lo más normal y corriente:
Pero hasta 1994, para llegar a disfrutar del derecho asociativo se dieron muchos pasos y se presentaron muchos estatutos denegados como:
- Los familiares consiguieron en 1990 la inscripción registral de la Asociación de Cónyuges de Guardias Civiles, promovida entre otras mujeres por la esposa del Cabo 1º Manuel Rosa Recuerda, y en 1991 se inscribió la Asociación de familiares de Guardias Civiles, entre cuyas promotoras estaba mi esposa, María Alicia Seco. Posteriormente la hermana de Joaquín Parra Cerezo promovió otra Asociación de Simpatizantes y Familiares. Todas ellas fueron inscritas en el Registro Nacional.
- Siguiendo con la estrategia de presentar asociaciones de los tipos permitidos (religiosas, culturales, deportivas y sociales), aparte de las citadas 6 de Julio y Asociación Unificada de Guardias Civiles, presenté junto a mi madre y esposa para su registro el 14/11/91 la Unión Social de la Guardia Civil (de carácter social), denegada el 27 de noviembre del mismo año. También en 1991, concretamente el 13 de agosto, junto a mi hermana Isabel y Maite Sánchez Montes, esposa de Llana, la Unión Social de la Guardia Civil de Gijón, denegada el 29/10/91. Igualmente, en febrero de 1991, desde la prisión remito los estatutos de la denominada Unión Católica de Guardias Civiles (de carácter religioso), denegada sucesivamente tras nuevas remisiones el 6/03/91, el 18/04/91, el 24/07/91 y el 8/10/91.
- Tras otros nombres de asociaciones que promoví del tipo permitido, y continuando con la estrategia marcada para probar la arbitrariedad e injusticia con la que obraba la Administración al denegar las inscripciones sistemáticamente, decidí no romperme más la cabeza buscando nombre adecuado y comencé la serie de julio poniendo como denominación el día en que confeccionaba los estatutos y/o los remitía y procedí a inundar el Registro de Asociaciones con peticiones de inscripción, y así el día 12/07/91remití la Asociación 12 de Julio (de carácter social), denegada el 27/08/91. El 15 de julio de 1991 envié la Asociación 15 de Julio (de carácter cultural), cuya denegación data del 27/08/91. El 16 de julio remito, lógicamente, la Asociación 16 de Julio (de carácter deportivo), rechazada el 30/07/91, la Asociación 17 de Julio (fines sociales), denegada igualmente el 30/07/91, la Asociación 18 de Julio (sociocultural), también rechazada el 30/07/91, la asociación 22 de Julio (social), denegada igualmente el 30/07/91 -ese día tuvieron mucho trabajo en el Registro-, el 27 de julio de 1991 remito la asociación 23 de Julio (cultural), rechazada el 31/07/91. Cuando consideré que ya tenía bastantes pruebas en contra de la Administración, decidí continuar solo la defensa a ultranza de la Asociación 6 de Julio de Guardias Civiles, centrándome en ella hasta el final.-
- Antes de que José Morata promoviera COPROPER en 1994 lo había intentado también con otras, citando como ejemplo la denominada Sociedad Unionista de Guardias Civiles (de carácter sociocultural) que promovió entre otras personas junto a su esposa Azucena Chillerón y Alejandro Álvarez Borja, siendo denegada como era costumbre en la época.
Alberto García Llana también lo intentó, el 23/03/93, junto a otro compañero y su esposa con la denominada Asociación de Antiguos Alumnos de las Academias de la Guardia Civil, que fue rechazada el 30/04/93. Volvió Llana a intentarlo, junto a su esposa Maite y la mujer de otro compañero con la promoción de la Asociación de Solidaridad Nacional de los Guardias Civiles ante los Problemas Sociales de Desamparo en la 3º Edad, Terrorismo y Drogadicción, siendo denegada como las anteriores.
Todos estos esfuerzos y sacrificios culminaron en éxito el verano de 1994, y desde entonces nuestra Asociación, tu Asociación, no ha dejado de crecer y de procurar satisfacer las necesidades de nuestros asociados.
No deseo terminar sin antes realizar un reconocimiento de aquellas personas que con su lucha, tenacidad y voluntad de hierro nos han permitido llegar a donde hoy estamos. Tengo en mi recuerdo a decenas de ellos que no cito por temor a omitir involuntariamente a alguno y por ello prefiero no aventurarme, porque todos ellos en mayor o menor grado, de una u otra forma, en uno u otro determinado momento, han contribuido a que se haya hecho realidad lo que todos ansiábamos.
