La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto, fecha el día 19 de noviembre de 2015, en el que se cuestiona el funcionamiento de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil. Efectivamente, el auto pone en cuestión la manera de actuar el Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación, presidido por el Director General de la Guardia Civil, en las sucesivas modificaciones de su reglamento por carecer de competencias para ello.
La Audiencia Provincial de Madrid señala que solo el Gobierno puede modificar esa norma, al tener el rango de orden ministerial. Hasta ahora, las modificaciones del reglamento de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, se llevaban a cabo por el Consejo de Gobierno y Administración, presidido por el Director de la Guardia Civil sin conocimiento del Gobierno.
Esta forma de proceder impedía, además, que las modificaciones sustanciales producidas, pudieran ser objeto de valoración jurídica y política por parte de los diversos ministerios llamados a informar e impedía a las asociaciones profesionales de guardias civiles, participar en las reformas y dar opinión sobre las mismas.
La última reforma producida en esas circunstancias ha sido precisamente la encaminada a impedir el cumplimiento del artículo 38 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, que prevé que las asociaciones profesionales representativas de guardias civiles puedan presentar candidaturas para la elección de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil.
El auto abre una nueva vía para la impugnación de los acuerdos de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, que sólo podrán ser adoptados por el Gobierno y no por el Director General de la Guardia Civil o por el Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación, controlado por el aparato militar de la institución.
AUGC iniciará en los primeros días del año 2016 una campaña para la plena y definitiva democratización de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, a la que han de estar obligatoriamente afilados todos los guardias civiles y contribuir de la misma manera a su sostenimiento, a pesar de no poder intervenir de hecho en la fiscalización de sus millonarias cuentas e ingente patrimonio, ni en su gestión.
