En el último año hemos presenciado con estupor como desde altas esferas gubernamentales y políticas se cuestiona la labor o las actuaciones de los compañer@s de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Es paradójico que quienes tienen la labor de velar por el buen funcionamiento y por el buen nombre de las instituciones se dediquen, desde sus puestos de responsabilidad, a ejercer precisamente lo contrario, la irresponsabilidad y el ataque interesado contra las mismas cuando sus actuaciones salpican (y últimamente las salpicaduras se multiplican y extienden exponencialmente) a responsables políticos, correligionarios de partido o gente “importante” amiga.
Mientras la UCO desarticula bandas de atracadores, detiene a asesinos o incauta drogas o armas son excelentes profesionales encuadrados en una unidad de élite contra el crimen, y si de paso, por su abnegada y peligrosa labor el político de turno se lleva una palmadita o un ascenso en su carrera gracias a esos éxitos ajenos el ensalzamiento puede llegar a limites sonrojantes. Ahora bien, si se dedican a perseguir el delito de guante blanco, el que cometen en su mayoría empresarios y políticos, la cosa cambia. Ya no son tan profesionales, ya no son tan concienzudos y tan metódicos en su trabajo, ya no son abnegados y astutos. En este caso ya se oyen frases sembrando la duda o directamente cuestionando su labor. A esos mismos que aplaudían las detenciones y servicios realizados, cuando la investigación les silba los oídos, cambian de registro y ya parece que esos mismos guardias civiles se exceden o inventan o interpretan demasiado y convendría atarlos más corto. Para eso se han servido de algún fiscal al servicio del poder y no de la legalidad, que por desgracia siempre alguno hay, recientemente destituido por alguna actuación incompatible con la lucha contra la corrupción y, posiblemente, si la UCO sigue haciendo su trabajo con tanta neutralidad y acierto alguno pueda plantearse una “reconversión” de la unidad, de sus responsables o de sus funciones, esperemos que no.
La UCO, como todas las unidades de la Guardia Civil, está compuesta por personas, por profesionales mal pagados y con una carencia de derechos injustificada pero que, a pesar de todo ello, realizan su trabajo de forma escrupulosa, profesional y aséptica, no hay distingo alguno en la actuación policial, y por el bien del estado de derecho y la democracia no debe haberlo nunca, entre detener un secuestrador o a un Consejero o un Ministro. Lo que persigue una unidad de investigación es aclarar el delito, aportar pruebas e indicios e identificar al presunto delincuente, el resto es trabajo de la justicia. Ningún Guardia Civil pone delante de un juez a nadie caprichosamente y esa labor está permanente supervisada y dirigida por jueces y fiscales, por lo tanto, tiene la misma credibilidad cuando el encartado es un don nadie o cuando es un “don alguien”.
No hay investigaciones a la carta ni investigaciones políticamente correctas, hay solo investigaciones escrupulosas, imparciales y profesionales, y esas son las que realiza la UCO y esas son las que, desde AUGC, como asociación que representa al 40% de la plantilla de la Guardia Civil vamos, no solo a defender, sino también a denunciar ante cualquier instancia cuando se intente descalificar, ensombrecer o cuestionar por intereses espurios la labor de hombres y mujeres que se juegan la vida en muchas ocasiones y que dan mucho más al Estado que lo que reciben de él.
* Artículo de José Cabrera Farfán, secretario nacional de Organización de AUGC
