Ha pasado ya casi un año desde que debieran haber comenzado a aplicarse los turnos de trabajo en la Guardia Civil, de acuerdo con la Orden General de Jornada Laboral firmada por el anterior Director. Sin embargo, y contra el compromiso adquirido, los guardias civiles todavía siguen esperando su cumplimiento por parte de la institución para la que trabajan.
Pero es que el abuso en materia de horarios laborales en la Guardia Civil va incluso más allá, al no respetarse en demasiadas ocasiones el descanso establecido por ley para los trabajadores. Por fortuna, a los guardias civiles les queda la vía de la justicia para reparar estos desmanes. Así ha sido gracias a dos sentencias de sendos jueces, uno de Málaga y otro de Zaragoza, que han condenado a la Guardia Civil por no respetar los periodos mínimos de descanso diario (once horas cada 24) entre servicios de sus agentes.
Además, una de las sentencias obliga al instituto armado a indemnizar a un guardia civil del puesto de Casablanca, en la capital aragonesa, con el equivalente al sueldo correspondiente a los ocho días en los que, en solo dos meses y fines de semana al margen, le fue sustraído tiempo de reposo.
La distribución de la jornada de trabajo y los descansos es uno de los conflictos laborales que, junto con otros como la conciliación y la prevención de riesgos, mantiene abiertos la Guardia Civil pese a la clara advertencia que hace ya tres años, a principios de 2014, la Comisión Europea dirigió al Gobierno español: lo denunciaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no rectificaba y dejaba de incumplir la Directiva de Tiempos de Trabajo de 2003 en lo referente al reposo y a las horas de trabajo semanal, cuyo promedio superaba las 48. Sigue sin hacerlo.
AUGC ha denunciado reiteradamente estos abusos, que son además consecuencia directa de la reducción de personal que ha sufrido la Guardia Civil en los últimos años, que ha perdido más de cinco mil agentes desde 2011.
Esta merma de efectivos repercute, además, en el propio servicio que se presta al ciudadano, como bien constatan, por ejemplo, en el medio rural. Por su parte, el aumento de la siniestralidad en las carreteras del pasado año guarda también relación directa con el descenso de patrullas, pese a que desde el Ministerio del Interior se prefiera mirar hacia otro lado respecto a este problema.
A todo ello cabe añadir el aumento de cuarteles ‘fantasma’, cerrados o semicerrados a causa de esta falta de efectivos, que agrava aún más la nefasta distribución territorial de la Guardia Civil, más propia del siglo XIX que del XXI.
