Es a través del Consejo de la Guardia Civil como los guardias civiles pueden mostrar de manera directa sus reivindicaciones y sugerencias para mejorar el funcionamiento de la institución, así como promover cambios en materia de régimen de personal, y ejercer el derecho de asociación para modificar aspectos sociales, así como sobre materia de protección de la seguridad y la salud en el desempeño de sus funciones.
En base a este último apartado, el de la protección de la seguridad en el desempeño de nuestras funciones, donde el pasado mes de marzo AUGC lanzaba al Consejo de la Guardia Civil la propuesta de que dotase a los agentes de armas eléctricas taser con las que poder prestar servicio reduciendo de ese modo el riesgo a sufrir lesiones u ocasionarlas. Dicha propuesta ha sido, además, respaldada por cerca de 900 afiliados a través de nuestra página web www.augc.org y la aplicación para móviles de AUGC.
Dos meses después de ser remitida dicha propuesta, la Dirección General ha respondido afirmativamente. En concreto, ha remitido a AUGC un comunicado en el que indica que “el 6 de agosto de 2015, el Teniente General Mando de Operaciones autorizó el iniciar los trámites para el estudio y adquisición de dispositivos electrónicos de reducido impacto”.
En su respuesta, la Guardia Civil explica que “se han realizado distintos trabajos como han sido un estudio legal, técnico y operativo para ver las posibilidades de uso de este tipo de dispositivos, así como sus ventajas e inconvenientes. Asimismo se ha diseñado un plan de formación del personal en el uso de estos dispositivos”.
Finalmente, el comunicado añade que “en la actualidad el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial está realizando un estudio de mercado para ver cuál podría ser el modelo más adecuado para ser adquirido por la Guardia Civil”.
Desde AUGC celebramos esta decisión, confiando en que la dotación de estos dispositivos se lleve a cabo con la mayor celeridad posible. Y es que no son pocas las ocasiones donde los guardias civiles deben actuar en intervenciones en las que se encuentra implicada una persona que no se encuentra en plena posesión de sus facultades mentales, bien sea por encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia o por sufrir alguna enfermedad, donde se hace necesaria la utilización de medidas intermedias entre el uso del arma de fuego y nada. Por ese motivo, es necesaria la dotación de armas eléctricas que permitan reducir a una persona sin ocasionarle daño físico, inmovilizándola temporalmente.
Por desgracia en algunos casos, estas personas actúan de modo agresivo amenazando la integridad física de los agentes, bien por portar algún objeto o arma peligrosa, o por tener más fuerza que los agentes e incluso mayor preparación en técnicas de combate.
Se pueden observar noticias donde los agentes se han visto obligados a utilizar armas de fuego para reducir a estas personas, generando importante lesiones o incluso la muerte del agresor y años interminables de un proceso judicial que supone un verdadero calvario para los afectados.
En otras ocasiones, el agente termina con lesiones al no arriesgarse a sacar el arma, precisamente, para evitar el proceso judicial antes citado. La legislación en materia de PRL establece la necesidad de tener en cuenta las diversas tecnologías para mejorar las condiciones de trabajo.
En el día de hoy, y desde hace ya bastantes años, existen armas eléctricas no letales (taser) que son usadas por cuerpos policiales españoles y de otros países, y que permiten reducir a estas personas ocasionando mucho menor daño, sin olvidar el riesgo que se genera a otros ciudadanos que se encuentren en las proximidades con el uso de un arma de fuego, ante el rebote de una bala o un disparo desviado.
