Con motivo del conflicto laboral mantenido entre los trabajadores y la dirección de la empresa de seguridad Eulen, encargada de gestionar el control de seguridad en el aeropuerto de El Prat, el Gobierno ha anunciado, entre otras medidas, que la Guardia Civil asuma parte del control de los accesos aeroportuarios en Barcelona.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles -AUGC- ya habíamos advertido sobre las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública, tanto en aeropuertos como en los centros penitenciarios, y ahora que se evidencia el conflicto se acude a la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva. Y es que la medida adoptada en el día de hoy supone un problema de gestión, puesto que la plantilla de la Guardia Civil se encuentra bajo mínimos, y además las funciones de control en aeropuertos debe llevarse a cabo por agentes especializados y con autorización de AENA. AUGC estará muy atenta a las medidas organizativas que se adopten en este sentido, puesto que no estamos en disposición de aceptar que sean los agentes de base quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral puesto de relieve por los vigilantes de seguridad, con quienes AUGC se solidariza en su problemática.
La Ley Orgánica 2/1986, es clara, y en el artículo 12.1.B especifica cuáles son las competencias exclusivas de la Guardia Civil, enumerando en su apartado d) lo siguiente: “La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.”. Por tanto, si desde el Gobierno se hubiera mantenido una seguridad pública y trabajado para mejorarla, huyendo de la privatización, ahora no se tendrían que adoptar medidas de urgencia.
Los guardias civiles se limitarán a cumplir órdenes, allá donde se les envíe. Lo que significa que la responsabilidad es exclusivamente del Gobierno. En consecuencia, es al ejecutivo a quien le toca solucionar este conflicto, y hacerlo con la misma agilidad con la que se toman otro tipo de medidas, como por ejemplo, y viniendo al caso, la privatización de la seguridad, en sectores estratégicos.
Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
