La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha constatado cómo a lo largo de los últimos meses ha resurgido la tendencia institucional de pretender acallar a los representantes de AUGC a golpe de expedientes disciplinarios por demandar derechos sociolaborales para los miembros de la Guardia Civil.
El último caso de acoso contra dirigentes de AUGC se da en Castellón, donde se ha sancionado con una falta grave al secretario provincial de esta delegación, Antonio González. Su ‘delito’: no acudir a una reunión con el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil.
No contentos con la sanción, la Guardia Civil interpreta que los representantes no disponen de criterio propio para ir o no a las reuniones, para cuestionar los temas a tratar, etcétera. Como representante únicamente le dejan la potestad de protestar no hablando, pero cumpliendo la orden y asistiendo a la reunión, eliminando de esta forma los pocos poderes que le otorga a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil la Ley Orgánica 11/20007 que regula los cauces de participación de las asociaciones con la Administración
Este nuevo expediente se suma a otros recientemente abiertos contra representantes de AUGC. Uno de ellos afecta a Pilar Villacorta, quien fuera responsable de la Secretaría de la Mujer y vocal titular del Consejo de la Guardia Civil hasta enero de 2017, y a la que se le mantiene abierto un expediente por reclamar, en un ejercicio de tiro en el que participaba en octubre de 2016, cuando aún era vocal del Consejo e integrante de la Junta Directiva Nacional de AUGC, un chaleco adaptado a la anatomía femenina. Ante su solicitud, un mando procedió a colocarle él mismo un chaleco masculino, en una situación humillante que finalmente la llevó a presentar una denuncia. Hoy la Guardia Civil comienza a dotar de los primeros chalecos femeninos a las agentes.
El caso de Pilar Villacorta remite al de Alicia Sánchez, también representante de AUGC y en la actualidad al frente de la Secretaría de la Mujer, que por el mismo motivo -negarse a vestir un chaleco antibalas masculino, esta vez en un control de carretera- sufrió la apertura de otro expediente en el que se la acusaba de un delito de insubordinación que finalmente la juez del Juzgado Togado Militar decidió archivar. Cabe recordar que en su auto la propia juez reconocía la discriminación de género existente en la Guardia Civil al no disponer de chalecos femeninos para las agentes. Pese a ello, la Guardia Civil le abriría un segundo expediente acusándola de falta grave.
Otros ejemplos de este rebrote en la apertura de expedientes a representantes de AUGC lo encontramos en los casos del secretario general de la delegación de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Couce, y el que fuera su homólogo en la de Cantabria, Alberto Alegría, a los que se les han incoado sendos procesos como consecuencia de poner en conocimiento del Jefe de Comandancia unas posibles irregularidades llevadas a cabo por un oficial en el primer caso, y por unas declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación en los que denunciaban presuntas carencias e irregularidades en la Guardia Civil, en el segundo.
Esta situación vuelve a poner en evidencia la necesidad de impulsar en el seno del Cuerpo un nuevo modelo de asociacionismo profesional que traiga una segunda generación de derechos para los guardias civiles. Resulta inaceptable que todavía hoy se recurra a la apertura de expedientes para silenciar a los legítimos representantes de los guardias civiles en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, AUGC seguirá, con más fuerza si cabe, luchando por una Guardia Civil más democrática, más moderna y con derechos para sus miembros, como llevamos haciendo desde la década de los 90 siendo hereditarios del movimiento sindical clandestino que fructificó en los años 80 en la Guardia Civil.
