Los servicios jurídicos de AUGC han obtenido en los tribunales una nueva victoria en su defensa de los derechos de los guardias civiles. Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Pamplona ha emitido el pasado 19 de marzo una sentencia estimatoria de la concesión de un permiso de cinco días a un guardia civil por fallecimiento de familiar de primer grado fuera de la unidad de destino. La sentencia entiende que, a pesar de que se regrese a la unidad antes de la finalización del permiso, éste no debe revocarse porque no hay incorporación al puesto.
El trabajador solicitó el permiso por fallecimiento de su padre, pero sólo le reconocieron tres días, denegándose el resto por haber regresado antes a su destino.
Finalmente, el fallo revoca esa denegación del permiso legal completo, “declarándose el derecho del recurrente a disfrutar de todos los cinco días de permiso interesados y, si no resulta posible, a que se le indemnice con las retribuciones correspondientes a un día de trabajo por día de permiso no disfrutado”.
La resolución también establece que “dicha cantidad devengará el interés legal del dinero desde la fecha de la presente sentencia hasta su completo pago, y deberán añadirse los intereses legales correspondientes contados desde la fecha de la reclamación hasta la notificación de esta sentencia”.
Se impone, además, a la Administración el pago de las costas devengadas por el proceso.
Este nuevo éxito jurídico de AUGC vuelve a demostrar la necesidad de pelear en todas las instancias posibles contra los frecuentes abusos que la Guardia Civil ejerce sobre sus trabajadores. Resulta inconcebible que en lugar de velar por su bienestar y cumplir la legalidad, algunos altos mandos opten por actuar en contra de la normativa laboral vigente en perjuicio de los agentes.
Por fortuna, AUGC ha luchado siempre y lo seguirá haciendo para que sean los juzgados los que corrijan estos desmanes y los guardias civiles puedan disfrutar de sus derechos como cualquier otro trabajador, al menos en la medida reducida en que hasta hoy los siguen teniendo reconocidos. Cabe destacar, además, que todos estos casos recaen sobre los bolsillos del conjunto de los ciudadanos, dado que es la Administración la que finalmente debe pagar estos atropellos contra los guardias civiles.
