AUGC sigue cosechando éxitos en los tribunales contra las arbitrarias imposiciones dictadas por la Dirección General. De este modo, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la sentencia que en septiembre de 2015 emitía la Audiencia Nacional dándole la razón a AUGC en su recurso contra la Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regulaba el uso general del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil, estimando el citado recurso y declarando nula por no ser conforme al ordenamiento jurídico la citada disposición. De esta manera, la sentencia reconocía el derecho de los guardias civiles retirados a vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, sin ninguna limitación.
En su sentencia, la Audiencia Nacional recogía que “cabe resaltar que la Ley Orgánica 11/2007 atribuye a los miembros de la Guardia Civil ‘el derecho y el deber de utilizar el uniforme reglamentario (…) de acuerdo con las normas que regulen dichos usos, en el ejercicio de sus funciones’ (artículo 25); es decir, reconoce un derecho/deber condicionado a la regulación del uso que hagan otras normas, lo que supone expresamente una previsión de desarrollo que delimitará tal facultad/obligación, como así ha ocurrido”.
La citada sentencia de 2015 también aludía al artículo de la Ley que se ocupa del pase a la situación de retiro, recordando que “los guardias civiles retirados podrán usar el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes”.
La Administración no se conformó con esta sentencia, e interpuso contra ella a través del Abogado del Estado un recurso de casación que fue desestimado en mayo de 2018 por el Tribunal Supremo.
Finalizado todo el recorrido en los tribunales, hoy el BOE recoge esta sentencia que, hay que precisar, no anula la Orden de Uniformidad, sino únicamente la orden INT/77/2014 que intentó regular de forma caciquil el uso del uniforme de los compañeros retirados.
Hay que destacar que esta sentencia supone una vez más el reconocimiento por parte de los tribunales de justicia de que las normas que regulen derechos fundamentales y profesionales de los guardias civiles desbordan el ámbito doméstico de la regulación propia de la Guardia Civil, y que por ello deben ser tramitadas como real decreto, pasando todos los elementos de participación y de análisis jurídico.
Por otro lado, no deja de resultar muy llamativo el hecho de que AUGC obtenga de manera casi sistemática sentencias favorables en los tribunales en contra de la Dirección General. Una circunstancia que revela una grave carencia por parte de la Administración en calidad democrática, transparencia y respeto a los trabajadores de la seguridad pública.
