RUBÉN SÁNCHEZ (Sevilla, 1974) es periodista y activista en la defensa de los derechos de los consumidores a través de FACUA, organización para la que trabaja desde los 19 años y de la que es portavoz. El pasado 14 de noviembre acompañó a la Junta Directiva Nacional de AUGC tras la pancarta en la que los guardias civiles pedían “Un futuro con derechos”. Su intervención en el cierre del acto fue interrumpida en varias ocasiones por los espontáneos aplausos que le dedicaron los agentes y sus familias. Acaba de publicar Timocracia, su segundo libro, editado por FACUA y su Fundación, que puede descargarse gratis y por entregas en la web Timocracia.com. En esta obra, Rubén expone “300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores”. “¿Podría incluirse la situación de los guardias civiles en esa Timocracia?”, le preguntamos.
Por supuesto que podemos hablar de la situación de los guardias civiles como parte de esa Timocracia a la que aludo en el libro. Hablamos de que la sociedad española percibe hoy de la Guardia Civil una imagen que no se ajusta a la realidad, porque desconoce que sus trabajadores carecen de derechos sociolaborales y de los medios adecuados para hacer su trabajo. En este sentido, el ciudadano debe saber que está resultando claramente perjudicado, porque al final esa falta de medios y derechos repercute en su propia seguridad.
Estaríamos hablando, en este sentido, de una estafa, algo que se anuncia al consumidor pero que en realidad ofrece un servicio muy inferior al anunciado...
Exactamente. Porque esas carencias humanas y materiales van claramente en contra del ciudadano. Cuestiones como que las patrullas se tengan que realizar en vehículos con 400.000 kilómetros, que no haya chalecos antibalas para todos los guardias civiles o que no existan suficientes agentes para dar un servicio adecuado a los vecinos de un territorio no sólo afectan a la propia seguridad de los guardias civiles -que incluso en alguna ocasión pueden llegar a sentir dudas a la hora de afrontar una actuación policial si no cuentan con un material adecuado para ello-, sino que suponen un descenso en el servicio de seguridad que se presta alos ciudadanos, que sin embargo confían en recibir de la Guardia Civil unas prestaciones que debido a esas carencias que actualmente ignoran no llegar a darse en la realidad.
Éstas y otras cuestiones fueron el motivo de la manifestación del 14 de noviembre de 2015, a la que usted acudió para apoyar las reivindicaciones de los guardias civiles. ¿Cómo entró en contacto con AUGC?
Lo primero que quiero decir es que para mí fue un honor ser invitado a formar parte de la manifestación y a dirigirme desde el estrado a los guardias civiles y al resto de ciudadanos que acudieron a ella. FACUA mantiene una larga relación con AUGC. Somos dos organizaciones afines de carácter progresista que compartimos una forma de entender la sociedad y la democracia. Por eso hablamos con frecuencia, compartimos escenarios e intercambiamos impresiones.
En este sentido, su intervención representaba a la sociedad civil que estuvo presente en la Marea de Tricornios...
Así es. FACUA es una organización significativa en cuanto a representación de la sociedad civil española. Por eso asume como propias las reivindicaciones de los guardias civiles y sus familiares, así como la necesidad de que estos comuniquen a la sociedad los problemas que sufren. Es fundamental que AUGC proyecte esa discriminación que padecen los agentes para darla a conocer fuera de su círculo, de manera que la sociedad civil pueda ejercer la presión necesaria para hacer que esta situación cambie.
¿Le sorprendió la masiva participación en la manifestación, con cerca de 12.000 personas exigiendo en la calle derechos para los agentes?
La verdad es que sí. Me pareció una demostración de la potencia que tiene AUGC como organización. Ser capaz de convocar a tantos miles de guardias civiles, estando en la situación en la que se encuentran... Y todo ello después de que inicialmente, apenas unos días antes, la convocatoria hubiera sido prohibida por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid. Pero los guardias civiles demostraron su valor al ejercer su derecho a la libertad de expresión de forma responsable y consecuente. Fue una gran muestra de fuerza que ha de asumir el nuevo Gobierno.
¿Qué le pareció que tuviera que ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que autorizase la manifestación, después de que ésta fuese prohibida por el Gobierno?
Se trató de una muestra más del carácter autoritario del Gobierno que hemos tenido a lo largo de los últimos cuatro años. El mismo carácter autoritario que le llevó incluso a pretender ilegalizar Facua al principio de 2015, cuando esta organización denunció ante la sociedad los recortes sociales que se estaban aplicando en España. Entonces el Gobierno del Partido Popular también recurrió a la amenaza para frenar las críticas, lo mismo que ahora pretendió hacer con las de los guardias civiles.
Lo cierto es que, al margen de la actuación del Gobierno del Partido Popular en la última legislatura, ninguno de sus predecesores atendió las principales reclamaciones de los guardias civiles. ¿Cabría esperar cambios significativos por parte del próximo Ejecutivo?
El próximo Gobierno debe mostrar la debida sensibilidad que permita cambiar este orden de cosas. Hasta ahora hemos asistido a la irresponsabilidad de todos los gobiernos anteriores a la hora de asumir que había que cambiar esta situación de una vez por todas. Se trata de una irresponsabilidad y una dejación de funciones que pone en peligro la seguridad de los propios guardias civiles y de los ciudadanos. Por eso es fundamental que se garanticen todos los derechos de los guardias civiles y sus necesidades sean asumidas por fin por parte de los políticos responsables de ello. Como decía antes, tras la masiva manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado noviembre es difícil para cualquier partido seguir manteniendo la misma postura que hasta ahora.
¿Qué le parece que a un guardia civil se le pueda encarcelar por el simple hecho de mantener una discución con el jefe?
Es lo que comentaba hace un momento. Son vestigios de un pasado predemocrático que el nuevo Gobierno debe borrar. Hay que mostrar un mínimo respeto por los guardias civiles, y acabar con la aplicación del Código Penal Militar en sus funciones policiales es una de las medidas que deben contribuir a cambiar la actual situación que padecen.
