El Ministerio de Defensa sometió el 12 de noviembre a audiencia pública la orden que regulará a los deportistas militares de alto nivel, que también se aplica a los guardias civiles. El único cauce admitido para alegar permite escribir 500 caracteres y no admite documentos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha registrado su aportación completa y reclama un nuevo cauce de participación.

El proyecto de Orden PJC sobre los militares deportistas de alto nivel y militares deportistas de alto rendimiento en el ámbito del Consejo Superior del Deporte Militar sustituirá a la Orden PCI/1151/2019. Fija quién puede obtener esa condición y con qué apoyos cuenta para entrenar y competir: permisos, comisiones de servicio, dispensas del servicio y ayudas. Se aplica al personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, incluido el alumnado de sus centros de formación. El plazo de audiencia termina el 2 de diciembre.

Setenta palabras para una orden de 14 artículos

La página del trámite advierte de que solo se tendrán en cuenta las aportaciones enviadas por el “formulario de aportación”. Ese enlace no lleva a un formulario de alegaciones. Lleva al formulario de petición de contacto de la Sede Electrónica Central, un cauce genérico para consultas. Admite 500 caracteres, unas 70 palabras, y ningún archivo adjunto.

El proyecto tiene 14 artículos, seis disposiciones en su parte final y un anexo. “Un trámite de audiencia que solo admite setenta palabras sin documentos no es una audiencia”, sostiene AUGC en el escrito que ha registrado. Defensa tampoco ha publicado la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Es el documento que explica por qué se aprueba la norma, a cuántas personas afecta y qué coste tiene.

Sin grupos de trabajo en el Consejo

La Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, obliga a informar y consultar a las asociaciones profesionales sobre los proyectos que afecten a las condiciones de los guardias civiles. También prevé que participen en grupos de trabajo. Para esta norma no se convocó ninguno.

El texto llegó a las asociaciones por correo electrónico el 4 de septiembre, sin plazo cierto y sin la Memoria. El 8 de septiembre se convocó la Comisión de Normativa y del Estatuto Profesional del Consejo con el texto que había que examinar. Para entonces seguía abierto el plazo legal de diez días para formular observaciones, que acababa el 18. El proyecto pasó por el Pleno del Consejo de la Guardia Civil el 14 de octubre.

El Tribunal Supremo resolvió en 2022, en dos sentencias, que el paso de una norma por el Consejo no equivale a esa consulta. Una de ellas respondía a un recurso de AUGC. El propio preámbulo refleja la diferencia de trato: dice que la orden fue informada por las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, pero de la Guardia Civil solo menciona el informe del Consejo.

Además, el texto publicado no es el que informó el Consejo. Se ha reescrito el artículo del procedimiento y se ha modificado su aplicación al personal de la Guardia Civil. También se ha añadido un nuevo límite a los permisos, ligado a las ausencias admitidas para superar los cursos de formación.

“Los guardias civiles no tuvieron ni un solo grupo de trabajo para debatir esta norma en el Consejo. Ahora Defensa abre una audiencia pública en la que solo caben setenta palabras. Pedimos algo tan básico como poder decir lo que pensamos de una norma que nos afecta”, señala Eugenio Nemiña, secretario jurídico de AUGC y vocal en el Consejo de la Guardia Civil.

La aportación, por registro

Nemiña presentó el 12 de noviembre la aportación completa en el registro electrónico de la Administración General del Estado, dirigida a la Secretaría General Técnica de Defensa. AUGC recuerda que la ley permite presentar escritos en cualquier registro público y que un aviso en una página web no puede restringir ese derecho.

El documento incluye cuatro cuestiones previas sobre la tramitación y 19 observaciones. Según AUGC, el proyecto:

•        rebaja el régimen del deportista de alto rendimiento, que hoy está equiparado al de alto nivel;

•        omite los Juegos Paralímpicos;

•        deja al alumnado de la Guardia Civil sin la protección frente al cómputo de ausencias que sí se reconoce en los centros de las Fuerzas Armadas.

AUGC pide que su aportación se incorpore al expediente y se valore de forma motivada. Pide también que se le notifique si se admite o, si no, la resolución que la rechace. Además, solicita:

•        un cauce que admita textos de extensión suficiente y documentos, con ampliación del plazo;

•        la publicación de la Memoria;

•        un grupo de trabajo en el Consejo, con un nuevo informe sobre el texto resultante.

La audiencia pública es un derecho de cualquier ciudadano, que la Constitución reconoce en la elaboración de las normas. Para AUGC, que los profesionales intervengan en las normas que les afectan es también una cuestión de calidad democrática. Los defectos de tramitación, además, perjudican a los propios deportistas. Si se anulara la orden, quedarían en el aire los reconocimientos, las comisiones de servicio y las ayudas concedidas a su amparo.

AUGC ha pedido respuesta expresa del Ministerio y se reserva las acciones administrativas y judiciales que procedan.