El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado por unanimidad una moción que exige al Gobierno de España reconocer como profesión de riesgo la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El texto reclama un coeficiente reductor del 0,20 por cada año de servicio, que permitiría la jubilación desde los 60 años, y financiación expresa en los Presupuestos Generales del Estado.
Momento de la votación en el Pleno del ayuntamiento de CartagenaLa delegación en la Región de Murcia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) respalda el acuerdo y subraya el valor de la unanimidad: la jubilación de quienes garantizan la seguridad pública no pertenece a ninguna sigla.
Qué exige la moción El acuerdo plenario recoge cinco puntos fundamentales:
Reconocimiento y agradecimiento a la labor de los agentes, y respaldo a la reivindicación de sus asociaciones profesionales y sindicatos.
Reconocimiento legal de la profesión de riesgo mediante la modificación de la Ley General de la Seguridad Social.
Coeficiente reductor del 0,20 por cada año completo de servicio efectivo, con edad mínima de 60 años (o de 59 para quienes acrediten 35 años de servicio).
Aplicación sin más demora, con financiación en los Presupuestos Generales del Estado, tanto por el Gobierno actual como por el que salga de las urnas.
Traslado del acuerdo al presidente del Gobierno, a los ministerios del Interior, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Hacienda, y a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.
Cómo nace la moción La iniciativa parte del Grupo Municipal Popular y ha sido secundada por Vox, Sí Cartagena y MC Cartagena. Recoge la reivindicación que AUGC trasladó a la alcaldesa, Noelia Arroyo, en una reunión de trabajo a la que acudieron también los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales UO, ASESGC, JUCIL y AEGC.
Representantes de las organizaciones policiales y de la guardia civilEn ese encuentro las organizaciones plantearon dos demandas irrenunciables: la profesión de riesgo (con una jubilación digna) y la construcción del cuartel que sustituya al demolido en 2023. Ambas figuran en el texto votado por el Pleno, la primera en los acuerdos y la segunda en la exposición de motivos.
El agravio que la moción pone por escrito La exposición de motivos recoge lo que AUGC lleva años defendiendo: a igual riesgo, igual jubilación. La Guardia Civil y la Policía Nacional son los únicos cuerpos policiales de España sin profesión de riesgo reconocida. La Ertzaintza la tiene desde 2008, las policías locales desde 2019 y los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra desde 2022.
El agravio se ve en la calle. Un policía local de Cartagena puede anticipar su retiro sin perder poder adquisitivo; el guardia civil que patrulla a su lado, no. Ambos cuerpos estatales sufrieron 16.762 agresiones en 2023 y cerca de 17.000 en 2024 (más de 45 al día, según los datos que recoge la propia moción).
Ni la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2025 ni casi un año de reuniones han cerrado la herida. El proyecto de real decreto que Interior presentó en marzo de 2026 dejaba fuera a toda la Guardia Civil y a los agentes de Clases Pasivas (más de 130.000 efectivos). El 27 de octubre el Ministerio dio por terminada la negociación sin cerrar un solo compromiso.
Un cuartel demolido y ningún proyecto La moción describe también el abandono de las infraestructuras de la Guardia Civil en Cartagena. En 2023 el Ministerio del Interior declaró en ruina la casa cuartel de la calle Ángel Bruna, desalojó a 86 familias de guardias civiles e inició la demolición con unos 70 agentes trabajando todavía en su interior. Las unidades quedaron repartidas en ubicaciones provisionales, entre ellas un antiguo colegio con goteras y graves deficiencias de seguridad.
En octubre de 2025 el Gobierno reconoció, en respuesta parlamentaria en el Senado, que no tenía proyecto ni presupuesto para el nuevo cuartel. Tres años después del desalojo, el solar sigue siendo un descampado. Aunque el cuartel figura en la exposición de motivos (pero no entre los acuerdos), AUGC Murcia reclama que el siguiente paso sea un compromiso firme con proyecto, partida presupuestaria y calendario de obra.
De los plenos al Boletín Oficial del Estado AUGC Murcia valora el acuerdo de Cartagena como un paso útil y recuerda que las mociones, por sí solas, no jubilan a nadie. El consenso alcanzado en el Pleno debe repetirse en las Cortes Generales, gobierne quien gobierne tras las urnas.
La asociación añade una advertencia vital: el reconocimiento debe alcanzar a toda la plantilla. La moción pide modificar la Ley General de la Seguridad Social, pero quienes ingresaron antes de 2011 pertenecen a Clases Pasivas. Sin revisar su haber regulador, la profesión de riesgo sería para ellos un título sin contenido.
"La asociación reclama a todas las formaciones que conviertan su voto municipal en compromiso legislativo, con texto, plazo y dotación presupuestaria. Los guardias civiles no pedimos privilegios; pedimos lo que ya tiene el resto de policías de España."
Hasta que la profesión de riesgo esté publicada en el BOE y el cuartel de Cartagena tenga proyecto y presupuesto, AUGC mantendrá abiertas todas las vías: la institucional, la parlamentaria, la judicial y la movilización en las calles.