Un centenar de agentes pasa a prestar servicio en el aeropuerto en unas dependencias que, al parecer, aún no están finalizadas, mientras las de la Policía Nacional ya están operativas

Esta noche, a las 00:00 horas, la Verja de Gibraltar dejará de funcionar como frontera terrestre tras la entrada en aplicación provisional del Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido. Un hecho histórico que el Gobierno celebrará con fotografías y discursos. Pero detrás de la escenografía institucional hay un centenar de guardias civiles que afrontan este cambio en condiciones que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera inaceptables.

La unidad de la Guardia Civil que hasta hoy prestaba servicio en la Verja pasa a desempeñar sus funciones en el aeropuerto de Gibraltar. Sin embargo, según han trasladado los propios afectados a esta asociación, las nuevas dependencias donde deberán trabajar desde esta misma madrugada no están terminadas. Mientras tanto, las instalaciones destinadas a la Policía Nacional ya estarían en condiciones de entrar en funcionamiento. AUGC dispone de material gráfico que acredita el estado de las instalaciones.

Seis meses de silencio institucional

A la precariedad material se suma algo aún más grave: la desinformación absoluta. Los guardias civiles afectados llevan, al parecer, seis meses sin recibir información oficial sobre su futuro, desde la última reunión mantenida con el jefe de la Comandancia. Nadie les ha explicado si la nueva unidad del aeropuerto absorberá el grueso de la plantilla o si, por el contrario, se suprimirán vacantes. Un centenar de familias pendientes de una decisión que la Administración se niega a comunicar.

Nuevas dependencias de la Guardia Civil

La incertidumbre se ha traducido además en desorganización. Al haberse reducido la actividad en la Verja durante las últimas semanas, desde la jefatura de la unidad se estarían asignando funciones al personal sin criterio conocido alguno, según denuncian los afectados, lo que agrava el clima de inseguridad laboral y erosiona la confianza en el mando.

Para AUGC, esta situación vulnera derechos básicos de los trabajadores: el derecho a la información sobre las condiciones que afectan a su puesto de trabajo, el derecho a unas instalaciones adecuadas conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, plenamente aplicable a la Guardia Civil, y el derecho a una planificación de plantillas transparente. No es admisible que un despliegue anunciado con años de antelación se ejecute improvisando sobre las espaldas de los agentes.

Esta asociación recuerda que ya advirtió públicamente de que la seguridad no puede convertirse en moneda de cambio en la nueva relación con Gibraltar, y que la pérdida de competencias de la Guardia Civil solo beneficiaría a las organizaciones criminales que operan en el Estrecho.

AUGC EXIGE

►  Información inmediata y por escrito a los agentes afectados sobre el futuro de la plantilla.

►  Que ningún guardia civil preste servicio en instalaciones que no reúnan las condiciones exigibles por la normativa de prevención de riesgos laborales.

►  Que se depuren responsabilidades por una transición gestionada, presuntamente, con opacidad e improvisación.

 «Los guardias civiles de la Verja han cumplido durante décadas. Hoy merecen algo más que silencio»