La Audiencia Provincial de Madrid acoge desde el lunes 5 de octubre, la vista oral del denominado caso Cuarteles. Un tribunal del jurado juzgará al teniente general retirado de la Guardia Civil PVJ y al empresario ART por un presunto delito de cohecho. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada en el procedimiento y que ejerce la acusación popular desde la fase de instrucción, reclamará ante el tribunal la condena de ambos.

"No toleramos prácticas corruptas en la Guardia Civil, vengan de donde vengan y lleven las divisas que lleven", 

afirma la asociación, que recuerda que decidió personarse para que se conozca toda la verdad y para que, si los hechos quedan probados, la respuesta penal sea la más contundente posible. "No estamos en esta causa como espectadores. Estamos para defender que toda actuación en el seno de la Guardia Civil deben ser especialmente respetuosa con el cumplimiento de las normas éticas y con el Código de Conducta", añade.

Más de dos millones de euros bajo sospecha

Según el auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, las empresas del empresario acusado recibieron entre 2008 y 2021 un total de 218 contratos por 3.450.340 euros para obras en acuartelamientos de trece demarcaciones. De ellos, 120 facturas, por valor de 2.151.104 euros, se emitieron mientras PVJ estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo, entre octubre de 2015 y enero de 2018.

La resolución recoge que en ese periodo el empresario habría pagado viajes, alojamientos y una mejora en el domicilio del entonces mando, y refleja ingresos fraccionados en efectivo en sus cuentas por 45.700 euros cuyo origen no ha podido determinarse. Los acusados atribuyeron esos gastos a su relación de amistad, una explicación que la instructora rechazó. La Fiscalía sostiene además que las obras, destinadas a eliminar humedades, se ejecutaron de forma "inadecuada".

"El dinero de los cuarteles es de los guardias civiles"

AUGC subraya que este juicio afecta de lleno a la plantilla. Miles de guardias civiles y sus familias conviven a diario con humedades, goteras e instalaciones envejecidas, y cada euro que presuntamente se desvía de su finalidad es un euro que no llega a esas dependencias. "Los primeros perjudicados son los propios agentes y la ciudadanía a la que sirven", señala la asociación.

La organización apela también a la ejemplaridad de quienes mandan. El Código de Conducta de la Guardia Civil sitúa el honor como principal seña de identidad del Cuerpo e impone a los mandos un deber reforzado de ejemplaridad. "A un teniente general se le debe exigir más que a nadie, nunca menos. La Cartilla de 1845 ya advertía de que el honor perdido nunca jamás se recupera", recuerda AUGC.

Junto a la petición de imposición de penas, la asociación exige que se depuren todas las responsabilidades, que se recupere el dinero público y que se implanten controles reales y transparentes sobre la contratación de obras en el Cuerpo.

AUGC expresa su respeto a la presunción de inocencia y a la labor del tribunal del jurado, y defiende con la misma firmeza la honradez de la inmensa mayoría de guardias civiles, "que cumplen cada día con su deber y no merecen cargar con la sombra de la corrupción".