La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se persona en la causa abierta tras la detención, a cargo de la Ertzaintza, de dos personas en Irún (Guipúzcoa) investigadas por un presunto delito de terrorismo. Los detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 22, ambos de nacionalidad española, portaban documentación que el propio Gobierno vasco ha calificado como “información muy sensible”: datos de guardias civiles en activo y de acuartelamientos del instituto armado. A los investigados les asiste la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.
Una filtración que no es un detalle menor
El Departamento de Seguridad vasco ha evitado precisar cuántos agentes y cuántas instalaciones aparecen en la documentación intervenida, así como el formato en que estaba recogida. Esa falta de concreción no resta gravedad al hecho, la agrava. Una lista de guardias civiles y cuarteles en manos de personas investigadas por terrorismo no es un papel más entre otros indicios de una causa judicial, es la radiografía de una amenaza directa sobre la vida de hombres y mujeres que prestan servicio al Estado, y sobre sus familias. España conoce de sobra lo que ese tipo de información ha significado en el pasado: durante décadas, la Guardia Civil fue el objetivo de ETA, y los acuartelamientos, los domicilios y los propios agentes identificados fueron el mapa sobre el que se trazó buena parte de aquella violencia. Que en 2026 vuelva a aparecer documentación de esa naturaleza no puede tratarse como una anécdota policial, sino como una señal de alarma que exige respuesta inmediata.
Preocupación y un reproche directo
AUGC traslada su máxima preocupación por este hallazgo y, al mismo tiempo, reclama al Ministerio del Interior su actuación inmediata. AUGC pone el foco en una circunstancia que considera inadmisible: la Ertzaintza no ha compartido esta información con la Guardia Civil, pese a que los datos afectan de forma directa a la seguridad de sus agentes. En la lucha contra el terrorismo no caben compartimentos estancos ni cálculos competenciales. Cada dato que no fluye entre cuerpos policiales es una ventaja que se regala a quien pretende hacer daño, y en este caso, el cuerpo cuyos agentes aparecen señalados tiene derecho a conocer, sin demora, el alcance real de lo intervenido.
El aviso de AUGC: no bajar la guardia
La asociación reclama el traspaso urgente de toda la documentación a la Dirección General de la Guardia Civil, el refuerzo inmediato de la vigilancia en los acuartelamientos y entornos que pudieran verse afectados, y la dotación de los medios humanos y materiales necesarios para proteger a los agentes señalados.
AUGC quiere ir más allá del caso concreto: este episodio demuestra que el riesgo terrorista contra la Guardia Civil no ha desaparecido, cambia de forma, cambia de origen, pero no desaparece. Bajar la guardia, relajar la vigilancia o restar importancia a hallazgos como este sería un error que España ya ha pagado antes con vidas de guardias civiles. No se puede permitir que se repita.
