AUGC se personó en esta causa como acusación popular por una razón muy sencilla: los fondos que se desviaron eran los que debían destinarse a mejorar los acuartelamientos donde viven y trabajan miles de guardias civiles y sus familias. Mientras muchas casas cuartel siguen sufriendo humedades y un deterioro evidente, el jurado ha dado por probado que el dinero público acabó en obras mal ejecutadas y en beneficios personales.
Este veredicto demuestra que en la Guardia Civil nadie está por encima de la ley, tampoco quien ocupa la cúspide del escalafón. Y demuestra también el valor del asociacionismo profesional:
sin asociaciones dispuestas a personarse, a sostener una acusación durante años y a asumir su coste, muchas de estas conductas nunca llegarían a sentarse en un banquillo.
AUGC mantiene su petición de condena, respeta el trabajo del magistrado que debe redactar ahora la sentencia y reclama a la Dirección General más transparencia y controles reales en la contratación de obras. La inmensa mayoría de los guardias civiles cumple cada día con honestidad, y merece que la institución se depure cuando algún mando traiciona esa confianza, tenga el rango que tenga.
