La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado sus alegaciones en el trámite de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios de contratación de un seguro de responsabilidad civil, o de otra garantía financiera, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. AUGC y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han sido las únicas organizaciones profesionales que han participado en este trámite, pese a tratarse de una norma que afecta directamente al patrimonio y a la tranquilidad de todos los guardias civiles.

El escrito, presentado por el secretario jurídico de la asociación ante la Secretaría de Estado de Seguridad, recoge doce alegaciones al texto articulado y a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), acompañadas de un anexo documental con fuentes oficiales.

Una obligación legal rebajada a simple opción

El artículo 30.2 de la Ley Orgánica 11/2007 establece que la Administración «concertará» un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías exigidas a los guardias civiles por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Se trata de un mandato, así reconocido por el Tribunal Supremo en su Sentencia 291/2022, de 8 de marzo, que condenó a la Administración por inactividad reglamentaria.

Sin embargo, el proyecto señala que las Direcciones Generales «podrán optar» por formalizar la cobertura. AUGC advierte de que un reglamento no puede convertir en facultad lo que una ley orgánica configura como deber, y reclama una redacción imperativa y un plazo máximo para que el seguro esté efectivamente contratado tras la entrada en vigor de la norma.

Misma protección para ambos cuerpos: licitación única con dos lotes

El texto desconcentra la contratación en cada Dirección General, con presupuestos y calendarios propios. Ello abre la puerta a que un cuerpo disponga de seguro y el otro no, o a coberturas desiguales para funcionarios sometidos a un mismo mandato legal. AUGC propone una licitación única y centralizada con un lote para la Guardia Civil y otro para la Policía Nacional, un modelo que el propio Ministerio del Interior ya utilizó en el expediente 02/2017. De forma subsidiaria, exige criterios mínimos comunes y vinculantes para ambos cuerpos.

Garantías mínimas insuficientes y exclusiones peligrosas

La asociación reclama incluir como garantías mínimas la fianza penal y la exigida para la libertad provisional, la defensa jurídica con libre designación de abogado y perito, y el anticipo inmediato de fianzas y gastos, para que la cobertura no se reduzca a un reembolso tardío. Además, señala un error de numeración en el artículo 8, que salta de la letra a) a la d).

AUGC pide también que la única exclusión por conducta del agente sea el dolo declarado en sentencia firme, de modo que la defensa se mantenga durante todo el procedimiento y no pueda denegarse desde la simple imputación. Asimismo, alerta de que la exclusión de los riesgos cubiertos por un seguro obligatorio dejaría al agente desprotegido frente al exceso de indemnización y frente a la acción de repetición de la aseguradora, por ejemplo en siniestros con vehículos oficiales en acto de servicio.

Un impacto económico que no es nulo

La MAIN declara nulo el impacto económico del proyecto. AUGC considera esta afirmación insostenible: el propio artículo 4 imputa el gasto a la dotación de cada Dirección General, y el Ministerio contrata de forma recurrente seguros equivalentes con coste cierto, como el citado expediente 02/2017, con un valor estimado de 6.376.684 euros. La asociación advierte de que declarar «sin coste» una medida que lo tiene es el camino más corto para que no se consigne partida presupuestaria y el seguro nunca llegue a contratarse. También denuncia que las observaciones presentadas en la consulta previa constan en el expediente pero no han sido atendidas ni motivadas.

Por qué importa a cada guardia civil

Una detención, una persecución, un accidente con el vehículo oficial o una intervención fuera de servicio para proteger a un ciudadano pueden acabar en un procedimiento judicial. Hoy, el guardia civil que se enfrenta a una fianza o a una indemnización responde con su propio patrimonio. Este real decreto debe cambiar esa realidad, y su redacción final decidirá si el seguro es una protección real o una promesa sobre el papel.

«Llevamos más de nueve años esperando una cobertura que la ley ya reconoce. No vamos a permitir que llegue tarde, recortada o desigual. Los guardias civiles necesitan saber que, si actúan en defensa de la ley, la Administración estará detrás de ellos» ha señalado Eugenio Nemiña Suárez.

AUGC exige que sus alegaciones sean valoradas de forma motivada, que la norma pase por los grupos de trabajo de manera previa al informe del Consejo, y que se constituya una mesa técnica de seguimiento del contrato con participación de dicho Consejo. La asociación seguirá vigilando la tramitación de la norma hasta que el seguro sea una realidad para todos los guardias civiles.