La Guardia Civil vuelve a ser el laboratorio donde Interior ensaya lo que jamás se atrevería a aplicar de frente en el resto de la Administración. En la Comandancia de Cádiz se ha impuesto, por oficio, una “prueba piloto” de ampliación obligatoria de jornada a 40 horas semanales en unidades operativas, obligando a generar hasta 10 horas mensuales de exceso respecto a la jornada de referencia. Todo ello por la sencilla razón de que faltan efectivos y hay vacantes sin cubrir, pero en vez de reforzar plantillas se exprime a los mismos de siempre.
Mientras tanto, el mismo Gobierno firma con los sindicatos un acuerdo por el que se compromete a una “jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales” para la Administración General del Estado, vendiéndolo como una mejora directa en conciliación y salud laboral. Es decir: 35 horas para la AGE, 40 horas para la Guardia Civil, como si los guardias no fueran empleados públicos, ni tuvieran familia, ni derecho a conciliar.
Las cifras desmontan cualquier intento de maquillar esta decisión. Pasar de 37,5 a 40 horas semanales supone 2,5 horas más a la semana, 130 horas al año, el equivalente a más de 16 jornadas completas de 8 horas que se arrancan al guardia civil con la excusa de una prueba piloto. No hablamos de un ajuste marginal, sino de aumentar en más de un 6% la jornada anual de quien ya sufre noches, festivos, servicios penosos y, demasiadas veces, condiciones indignas.
La paradoja alcanza tintes de burla cuando se mira el propio modelo de incentivos diseñado por la Dirección General de la Guardia Civil. La Orden General 9/2025 distingue una productividad estructural específica para personal administrativo (EFA), con tramos ligados a la jornada de 40 horas. Para un guardia de escala de Cabos y Guardias, con CVE 390, pasar de una modalidad administrativa de 37,5 h (EFA1) a otra de 40 h (EFA3) supone pasar de percibir unos 50,7 € mensuales de productividad estructural a unos 245,7 € al mes, es decir, casi 200 € más al mes por estar encuadrado en un régimen de 40 horas.
AUGC ya lo explicó con crudeza cuando la Agrupación de Tráfico intentó imponer las 40 horas. Con el sistema de exceso retribuido a 12 €/hora, un agente operativo podía llegar, como máximo, a 120–148 € brutos al mes por ese sobreesfuerzo (siempre y cuando no haga uso de días de descanso singularizado adicional, descansos festivos, asuntos propios o vacaciones), mientras que “cualquier componente administrativo que en un periodo mensual alargue su jornada hasta las 40 horas semanales percibirá 234 €”. Hoy Interior aplica la misma lógica perversa: se pagan mejor las 40 horas detrás de una mesa que las 40 en la calle y sometidos a turnos.
Hablamos de un maltrato institucional evidente. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, proclama en sede parlamentaria: “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer” y “no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extra y que no cumplen los derechos laborales en nuestro país”. Sin embargo, ese mismo Gobierno tolera, y por lo que vemos promueve, que en la Guardia Civil se normalice la extensión obligatoria de la jornada, con horas de exceso baratas y peor tratadas que la jornada de 40 horas de los compañeros de oficina.
La hemeroteca de AUGC es tozuda: ya se intentó este modelo en la Agrupación de Tráfico. En 2017–2018 se aplicó la jornada de 40 horas semanales en determinados destinos, con el mismo argumento de siempre —“aumentar la presencia en carretera”—; el resultado, según datos de la propia ATGC, fue que se redujeron 13.106 patrullas y aumentaron en 10.564 los días de baja médica entre los agentes. AUGC denunció que la medida incumplía la OG 11/2014 (jornada de 37,5 h para el Régimen General), que se había impuesto arbitrariamente y que abría la puerta a un abuso continuado del “ordeno y mando”.
La presión de AUGC forzó finalmente a la Dirección General a dar marcha atrás y dejar “en suspenso” la instrucción de ampliar la jornada de Tráfico a 40 horas, manteniéndola en 37,5 h, reconociendo de hecho que aquella interpretación era, como mínimo, de dudosa legalidad y absolutamente lesiva para los agentes. Hoy Interior pretende reciclar ese mismo modelo, empezando por Cádiz, bajo la coartada de una “prueba piloto”, pero el patrón es idéntico: falta de personal estructural, más carga sobre los mismos guardias y una compensación mezquina del exceso horario.
A todo ello se suma el relato oficial sobre OCON Sur. Fernando Grande‑Marlaska aseguró que el fin de la unidad “consistió únicamente en trasladar sus 150 efectivos a las respectivas zonas de las comandancias afectadas”, presentándolo como un mero ajuste de estructura decidido por la propia Guardia Civil. La realidad sobre el terreno es bien distinta: allí donde se desmantela una herramienta eficaz contra el narcotráfico, la carga recae sobre plantillas ya agotadas, a las que ahora se pretende tapar la falta de efectivos a golpe de jornada de 40 horas.
Mientras el Gobierno se exhibe como adalid de la reducción de jornada y del combate contra el fraude en horas extra, la Guardia Civil es tratada como el único cuerpo de la Administración donde se considera aceptable alargar la jornada, pagar peor el exceso que la hora ordinaria y tensionar hasta el límite la salud y la vida familiar de su personal. Eso no es modernizar la institución ni cuidar a quienes sostienen la seguridad de este país; es, sencillamente, una política laboral abusiva que AUGC ya frenó en Tráfico y que volverá a encontrar nuestra oposición frontal allí donde se intente imponer.
