Pasada la una de esta madrugada, el Ministerio del Interior desalojó a los dieciséis representantes de guardias civiles y policías nacionales que permanecían encerrados de forma pacífica en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES). Entre ellos se encontraba el secretario general de AUGC, Juan Fernández.
La génesis
Tras casi un año de mesa técnica, la SES asumió el 23 de septiembre avances de gran calado: una pensión en torno a 39.000 euros para el grupo C1 y la pensión máxima para el A2, en Clases Pasivas y en el Régimen General. Convocadas las elecciones del 29 de noviembre, Interior aceptó adelantar al 27 de octubre la reunión para cerrar el acuerdo.
Acudimos a firmar y nos encontramos con un portazo. En apenas media hora, la secretaria de Estado, Aina Calvo, suspendió la negociación alegando la convocatoria electoral. La excusa no se sostiene: el Gobierno conserva la plenitud de sus facultades hasta que se celebran las elecciones (artículo 101 de la Constitución). No faltaba capacidad. Faltaba voluntad.
Ante ese portazo, representantes de nueve organizaciones de ambos cuerpos iniciamos a las 18:15 horas un encierro pacífico e indefinido.
La conclusión
Durante horas, Interior impidió la entrada de comida a los encerrados, en contra del criterio del Defensor del Pueblo, e incluso de agua: tuvieron que beber de los grifos del edificio. Antes de la medianoche, la SES movilizó a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. Sus mandos requirieron la filiación de los encerrados y les advirtieron de que incurrían en dos delitos: desobediencia grave a los agentes de la autoridad y ocupación de edificio público.
Los dieciséis salieron por su propio pie, entre aplausos, para no comprometer a nuestros compañeros de la UPR, que actuaron con profesionalidad y cumplieron órdenes que no eligieron.
La responsabilidad es de quien las dio: una decisión política que enfrentó a policías con sus propios representantes y esgrimió el Código Penal contra quienes solo reclamaban lo negociado.
Igualmente intolerable es ese rigor con nuestro colectivo frente a la laxitud empleada con otros. La acampada de la Puerta del Sol supera el mes sin que la Delegación del Gobierno la disuelva, por temor a incidentes de fuerza. Esa prudencia no valió para dieciséis representantes pacíficos y desarmados. AUGC no cuestiona el derecho de nadie a protestar; cuestiona la doble vara de medir.
Lo que exigimos
AUGC exige a Interior que retome la mesa y firme el acuerdo antes del 29 de noviembre, con el reconocimiento de la profesión de riesgo y sin dejar a nadie atrás; que explique quién ordenó el desalojo y la negativa a la comida, y que descarte cualquier represalia contra los representantes.
No pedimos privilegios. Pedimos jubilarnos con dignidad, como ya lo hacen policías locales y autonómicas. Podrán desalojarnos de un edificio. No podrán desalojarnos de la razón.
