La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha sido admitida como acusación popular en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña contra los dos presuntos integrantes de Jardun Koordinadora detenidos en Irún el pasado 17 de octubre e investigados por un presunto delito de terrorismo. AUGC anunció su intención de personarse desde el primer momento, y a partir de ahora estará dentro del procedimiento para defender la seguridad de los guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra.
Según recogen los autos judiciales, en el vehículo en el que fueron interceptados los investigados se hallaron planos de situación de zulos que pertenecieron a ETA y listados de guardias civiles. El magistrado detalla además que en la mochila de uno de ellos había numerosos dispositivos encriptados con fotografías de entrenamiento para la comisión de actos violentos, imágenes con banderas de ETA, el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional y fotografías de vehículos y matrículas que podrían corresponder a coches policiales. Ambos permanecen en prisión provisional comunicada y sin fianza.
Entre el material intervenido figuraban también la identidad y el destino de un guardia civil de Éibar, datos que procedían de una copia del Boletín Oficial de la Guardia Civil que el propio agente había entregado a la Hacienda Foral de Gipuzkoa para su declaración de la renta. Ese compañero ha tenido que abandonar su destino. Para AUGC, que un guardia civil se vea obligado a salir de su pueblo porque sus datos acabaron en manos de quien nunca debió tenerlos no es un incidente administrativo, sino un fallo grave en la protección de quienes protegen a los demás.
La asociación recuerda que, durante décadas, una lista con nombres de guardias civiles fue el primer paso de muchos atentados. Más de dos centenares de guardias civiles fueron asesinados por ETA, y en buena parte de esos crímenes todo empezó de la misma manera (alguien anotó un nombre, una matrícula o una dirección). Por eso AUGC considera especialmente grave que la propia defensa de los investigados haya reconocido que la organización pretendía comenzar a «destapar» la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad en determinados ámbitos. Señalar a un guardia civil en el País Vasco nunca ha sido un gesto inocente.
Desde su posición de acusación popular, AUGC pedirá conocer con exactitud cuántos guardias civiles figuran en los listados intervenidos y que cada uno de ellos sea informado de forma individual y reservada, así como la adopción inmediata de medidas de protección para los agentes afectados y sus familias. La asociación reclamará también que se esclarezca cómo llegaron a los investigados datos de un funcionario contenidos en documentación entregada a una administración pública, que se depuren las responsabilidades que correspondan y que se investigue a fondo la posible existencia de una estructura más amplia dedicada a recabar información sobre agentes (incluidas sus eventuales conexiones internacionales).
"Quien elabora listados de guardias civiles no está haciendo activismo. Está marcando objetivos. Por eso hemos querido estar dentro de esta causa: para saberlo todo, para proteger a nuestros compañeros y para que nadie vuelva a convertir un uniforme en una diana"
AUGC subraya su respeto escrupuloso a la presunción de inocencia de los investigados y a la labor del juzgado, pero advierte de que la amenaza contra los guardias civiles en el País Vasco no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. La asociación seguirá informando de cada avance relevante del procedimiento con el máximo rigor.
