La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha analizado la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio 2025, presentada el pasado 10 de septiembre, y constata que el diagnóstico del Ministerio Público coincide, punto por punto, con el que esta organización viene documentando desde hace meses a partir de las propias estadísticas oficiales.
Cinco coincidencias entre el diagnóstico de la Fiscalía y el de AUGC
1. El desplazamiento de la ruta más allá del Estrecho. La Fiscalía advierte de que la exhibición de embarcaciones de alta velocidad ya no se circunscribe al Estrecho, sino que se desplaza "cada vez más" a provincias como Huelva, Almería y Málaga. AUGC lo documentó con los datos del CITCO: en 2025 el hachís creció un 261,57 % en Almería, un 122,66 % en Málaga, un 105,62 % en Huelva y un 85,57 % en Granada, mientras Cádiz retrocedía un 4,12 %.
2. Almería como epicentro emergente de la cocaína. La Fiscalía señala que el mayor incremento del tráfico de cocaína se ha registrado en Almería. El informe de AUGC sobre la provincia cuantifica ese salto: de 12 kilogramos en 2023 a 3.920 en 2025, multiplicado por 325 en dos ejercicios.
3. La violencia contra los agentes. El Ministerio Público describe la ostentación de armas de fuego y armas de guerra (fusiles AK-47, armas automáticas, subfusiles e incluso lanzacohetes), empleadas "no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", y alerta de "situaciones límite" comparables al asesinato de nuestros compañeros en Barbate. AUGC lleva advirtiéndolo desde el asesinato de David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González en febrero de 2024, y de Jerónimo Jiménez y Germán Pérez en mayo de 2026.
4. La convergencia entre narcotráfico e inmigración. La Fiscalía Antidroga aborda expresamente la situación de las narcolanchas "al ser utilizadas estas embarcaciones no solo para el transporte de hachís sino también para el transporte de inmigrantes, con los graves riesgos que ello supone". Es exactamente el fenómeno que AUGC identificó en su informe sobre Almería: mismas embarcaciones, mismos enclaves de salida en el litoral argelino, y los mismos medios navales y tripulaciones atendiendo ambos fenómenos sin refuerzo compensatorio.
5. La sensación de impunidad. La Fiscalía vincula los retrasos procesales a la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, "con la consecuencia de reducciones de pena que generan una idea de impunidad y el reconocimiento de un fracaso derivado de la ineficiencia". AUGC viene denunciando que se intercepta más droga y se detiene a menos gente: en Andalucía, el hachís subió un 38,56 % en 2025 mientras las detenciones caían un 21,68 %.
Una sola reforma en ocho años
La Fiscalía Antidroga viene constatando en sus memorias que, desde el Real Decreto-ley 16/2018 que declaró género prohibido a las narcolanchas, la respuesta legislativa al narcotráfico ha sido prácticamente inexistente. Solo una reforma ha roto ese silencio, y no partió del Gobierno.
La Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de abril y en vigor desde el 10 de abril, tipificó por primera vez como delito autónomo el petaqueo: la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos, con penas de tres a cinco años de prisión y sin necesidad de acreditar conexión con un alijo concreto.
AUGC llevaba reclamándolo desde 2021, cuando denunció públicamente que entre septiembre de 2018 y aquel ejercicio se habían intervenido cerca de 600.000 litros de combustible destinados a narcolanchas sin que la legislación permitiera una respuesta penal efectiva. Cinco años después, esa reivindicación es ley.
El balance es este: en ocho años, la única reforma sustantiva de la respuesta penal al narcotráfico ha sido la que demandó una asociación profesional de guardias civiles desde fuera de las instituciones. Todo lo demás sigue pendiente, y la propia Fiscalía continúa reclamando una estrategia nacional contra el narcotráfico que no llega.
AUGC solicitará que la Estadística Anual sobre Drogas de 2026 incorpore un indicador específico de aplicación del nuevo tipo penal (actuaciones instruidas, litros intervenidos y detenciones practicadas), para poder evaluar el rendimiento real de una reforma demandada por esta organización.
Las propuestas legislativas de la Fiscalía que AUGC hace suyas
AUGC manifiesta su respaldo expreso a las siguientes reformas planteadas por el Ministerio Público, por coincidir con demandas que esta organización ya había formulado:
Una nueva ley de protección de testigos y peritos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama "de forma urgente" reformar la Ley Orgánica 19/1994, de solo cuatro artículos, para coordinar la protección de quienes quedan expuestos a represalias. AUGC había señalado la insuficiencia de esa norma en contextos de criminalidad organizada, y recuerda que su artículo 4.3 permite levantar el anonimato del testigo si la defensa lo solicita motivadamente, lo que desincentiva de raíz la colaboración en territorios sometidos a la ley del silencio.
Un estatuto legal del colaborador. La Fiscalía Antidroga propone regular "una situación o estatuto especial para la figura del colaborador", porque hoy la imposibilidad de reflejar esa colaboración en el procedimiento impide conceder beneficios y constituye "un grave obstáculo para la lucha contra la criminalidad organizada". AUGC lo respalda: sin protección real, nadie habla.
Órganos de instrucción y enjuiciamiento especializados. AUGC reclamó la especialización de la instrucción en los partidos judiciales del Campo de Gibraltar, Huelva y el bajo Guadalquivir, ante la fragmentación actual: la organización se investiga en la Audiencia Nacional y sus muertos en los juzgados locales. La propuesta de creación de órganos especializados y la reflexión abierta por la propia Audiencia Nacional sobre la ampliación de sus competencias en narcotráfico transnacional apuntan en la misma dirección.
Recuperación de activos y persecución del blanqueo. La Fiscalía subraya la necesidad de "mejorar las acciones de recuperación de activos e investigar más y mejor las actividades de blanqueo, superando las dificultades en la gestión y venta de los bienes incautados". Coincide con la demanda de AUGC de reorientar el esfuerzo hacia la investigación patrimonial y el decomiso efectivo, más eficaz que el mero endurecimiento punitivo.
Una estrategia nacional contra el narcotráfico. La Fiscalía insiste en ella "para la adopción de medidas adecuadas y suficientes". AUGC la reclama igualmente, con una condición: que incorpore el dimensionamiento real de los medios humanos y materiales.
Además en AUGC seguimos con la hoja de ruta de nuestras demandas
El Ministerio Público puede proponer reformas legales. No puede pedir patrulleras. AUGC sí, porque son los guardias civiles quienes suben a ellas.
Las seis provincias del Plan Especial del Campo de Gibraltar reúnen el 17,8 % de la plantilla provincial de la Guardia Civil, soportan el 61,7 % de la droga aprehendida en España y producen solo el 21,8 % de las detenciones.
Huelva es la provincia con mayor carga de narcotráfico por efectivo del país: 30,2 kilogramos por guardia civil, frente a una media nacional de 4,9, con poco más de la mitad de la plantilla de Cádiz.
En Almería, las detenciones por cada cien efectivos han pasado de 44,7 en 2023 a 26,6 en 2025, cayendo por primera vez por debajo de la media nacional.
Desde la disolución del OCON-Sur en septiembre de 2022, las detenciones por drogas han caído un 15 % de media anual en Andalucía mientras crecían un 5,6 % en el resto de España. Una divergencia de 20,6 puntos.
Por ello es urgente que el Gobierno afronte a la mayor brevedad:
Restitución del OCON-Sur con estructura orgánica, estable y permanente.
Zona de Especial Singularidad para el litoral andaluz y el cauce del Guadalquivir.
Plan plurianual de renovación de medios navales, con embarcaciones de interceptación de alta velocidad, blindaje balístico y dotación mínima de cuatro agentes por embarcación en abordajes. Las dotaciones además deben contar con medios adecuados, especialmente con chalecos antibalas de alta flotabilidad adecuados para el medio marino.
Presupuesto finalista de mantenimiento, con publicación de los días de inoperatividad por avería de cada embarcación.
Dotación de medios no letales de interceptación, con calendario y protocolo de empleo.
Protocolo específico para embarcaciones que transporten simultáneamente droga y personas.
Retribución por riesgo extremo y reconocimiento de la profesión de riesgo.
Protección frente al señalamiento de agentes y de sus familias.
Respaldo a las reformas legislativas propuestas por la Fiscalía en los términos expuestos.
Evaluación pública de la Ley Orgánica 1/2026, con publicación de los indicadores de aplicación del delito de petaqueo desde su entrada en vigor, y extensión del mismo criterio de respuesta penal a otros elementos logísticos esenciales del narcotráfico marítimo.
Cuando el Ministerio Público describe a guardias civiles enfrentándose a lanzacohetes el debate deja de ser una discusión de cifras.
AUGC demostró con el petaqueo que sabe dónde está el problema y que sus propuestas funcionan cuando se escuchan. Lo que reclama ahora es lo mismo: que quien tiene que abordar una narcolancha a ochenta millas de la costa pueda hacerlo con los medios adecuados, con cobertura jurídica suficiente y con la certeza de que el Estado va detrás de él.
