Este Proyecto de Real Decreto (fechado el 17 de marzo de 2026) representa la consumación de una traición técnica y moral contra quienes protegen el Estado de Derecho.

Lo que debería ser un acto de justicia para equiparar las condiciones de jubilación se ha convertido en una herramienta de fragmentación que margina (con un desprecio jurídico absoluto) a miles de agentes. El texto impulsado por el Gobierno establece un coeficiente reductor del 0,20 únicamente para los miembros de la Policía Nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social (aquellos que ingresaron después del 1 de enero de 2011).

Con esta decisión, el Ejecutivo ignora deliberadamente al personal de la escala de Clases Pasivas del Cuerpo Nacional de Policía (negándoles la igualdad de condiciones pese a realizar el mismo trabajo), y eleva el tono del agravio al excluir por completo a los guardias civiles del ámbito de aplicación.

La exclusión de los guardias civiles se fundamenta en el argumento rancio y discriminatorio de su naturaleza militar. Es inadmisible que en 2026 se utilice el carácter castrense como un muro para recortar derechos sociolaborales, impidiendo que los guardias civiles accedan a una jubilación digna en igualdad con el resto de cuerpos policiales (autonómicos y locales) que ya disfrutan de estos beneficios.

 Este desarrollo normativo evidencia que el Gobierno solo está dispuesto a ceder aquello que le obliguen los tribunales mediante procesos judiciales lentos, tortuosos y costosos para el trabajador (como la Sentencia 596/2025 del Tribunal Supremo que es la única causa de este proyecto).

Crónica histórica de promesas rotas y persecución sistemática

La trayectoria del PSOE respecto a los guardias civiles es un desierto de avances y un océano de agravios (una memoria que no olvida las fechas ni las acciones que han marcado este desprecio constante):

La década de los 90 y la Operación Columna (1990): El socialismo tradicional inició su andadura persiguiendo el asociacionismo incipiente (específicamente al SUGC), utilizando el aparato del Estado para descabezar cualquier intento de democratización. En aquel entonces, figuras como José Luis Corcuera manifestaban con dureza que "a los guardias civiles no les hacen falta sindicatos, les hace falta disciplina", mientras que el entonces director Luis Roldán sentenciaba que "la Guardia Civil es y seguirá siendo militar, le pese a quien le pese", tildando de sediciosos a quienes pedían derechos básicos.

La Ley de Derechos y Deberes y la represión de 2007: Bajo el gobierno de Zapatero, la supuesta modernización de la Ley Orgánica 11/2007 se cobró un precio altísimo (represión feroz que se tradujo en 26 expedientes disciplinarios contra los representantes de AUGC que osaron pedir justicia en la Plaza Mayor). Alfredo Pérez Rubalcaba fue tajante al afirmar que "en la Guardia Civil no hay sindicatos, hay asociaciones", advirtiendo que "la ley de derechos y deberes es el límite, y quien lo cruce, responderá ante el régimen disciplinario", reafirmando que el progreso nunca llegaría de su mano.

Avances logrados fuera del Partido Socialista: Es un hecho empírico que los guardias civiles han tenido que esperar siempre a cambios de ciclo político ajenos a los gobiernos socialistas para ver reconocidos derechos fundamentales (como la jornada laboral reglada, los turnos de descanso o los permisos recogidos para el resto de la función pública).

El muro del generalato y la brecha del privilegio.

El desprecio actual no solo es normativo (es moral). Mientras este Real Decreto excluye a los guardias civiles del beneficio de la jubilación anticipada, los únicos que no ven recortado su régimen privilegiado son los integrantes de un generalato anclado en prebendas de otro siglo.

Es un insulto a la base que el generalato mantenga viviendas oficiales en todas las unidades (con servicios de limpieza pagados por todos y cargos al erario público de enseres tan domésticos como tostadoras o cafeteras), mientras los guardias civiles destinados en pueblos aislados habitan pabellones en condiciones ruinosas (invirtiendo miles de euros de su propio bolsillo para hacer las casas habitables para sus hijos).

Esta ausencia de derechos para unos (amparada en la militarización) contrasta con el mantenimiento de privilegios para otros, lo que exige una revisión inmediata del régimen militar si este va a seguir siendo el parapeto para negarnos la condición de trabajadores modernos.

La lista de agravios es inagotable: el incremento de la libre designación (el "dedazo" como gestión), la eliminación de la antigüedad para los empleos de oficial, una jornada laboral que recorta descansos, la supresión de los días por indisposición y una burocracia que asfixia al agente.

Ha llegado el momento de que todos los guardias civiles nos unamos con firmeza y contundencia. El momento de parar este retroceso de derechos en todos los ámbitos es ahora (la unión es más necesaria que nunca frente a un Gobierno que solo actúa bajo el mazo de los jueces y un generalato que vive de espaldas al barro de la calle).

Debemos ser firmes: si la militarización es la excusa para el desprecio y la desigualdad en la jubilación, es ese régimen el que debe caer por su propia injusticia.