AUGC pide al Ayuntamiento que cancele el convenio y al Gobierno que paralice el despliegue mientras la sentencia no sea firme.

No había estudios. No había informes. No había nada. La Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional anuló el pasado 19 de octubre la creación de la Comisaría Local de Roquetas de Mar al constatar la ausencia de cualquier tipo de informe o estudio previo que permitiera apreciar una motivación específica que justificara la decisión. El tribunal la califica de carente de motivación y, por tanto, arbitraria.

La sentencia responde a un recurso de la Unión de Oficiales contra la Orden INT/859/2023, a quien la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reconoce el acierto de haber acudido a la vía judicial. Y confirma, negro sobre blanco, lo que esta asociación lleva denunciando desde julio: que detrás del desmantelamiento del Puesto Principal de Roquetas de Mar no hay un análisis de necesidades, sino una decisión política.

Durante meses se ha estado desmontando una unidad con más de un siglo de servicio en el municipio, la que más diligencias instruye de toda España (con más de 12.000 al año y más de 1.000 detenidos), sin que nadie se haya molestado en explicar por escrito el motivo. Cuando AUGC lo advirtió, se le respondió que había estudios en marcha y que la prioridad era el personal afectado. Ahora un tribunal acredita que esos estudios no existen.

"Se está echando a la Guardia Civil por la puerta de atrás, y no es una forma de acabar cien años de servicio en una localidad. El problema de fondo es la opacidad: no se está explicando, ni motivando, ni razonando por qué se cierra, y esta sentencia da fe de ello." (Víctor Vega Romero, secretario provincial de AUGC en Almería).

AUGC sitúa ahí la raíz del conflicto. Hay que proteger a quienes nos protegen, sostiene la asociación, y lo que ha hecho el Gobierno con los más de 160 guardias civiles de Roquetas de Mar y sus familias es justamente lo contrario: abandonarlos, trasladarlos sin fechas ciertas y dejar que se enteren de su futuro por la prensa.

Sigue habiendo partido AUGC prefiere el rigor a la euforia. La sentencia no es firme y el Gobierno puede recurrirla ante el Tribunal Supremo. Lo que anula es el apartado que creaba la comisaría, no el convenio suscrito con el Ayuntamiento ni, por sí sola, la supresión del cuartel, que son decisiones distintas. Pero el margen existe, y es real.

La vía más directa pasa por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El convenio de colaboración es un acuerdo voluntario con el Ministerio del Interior y puede cancelarse. AUGC se lo pide formalmente a la corporación municipal mientras no haya sentencia firme y mientras no se conozca qué va a ser de los agentes destinados en la localidad. La pregunta, dice la asociación, es si el consistorio quiere ser cómplice de una decisión que un tribunal acaba de calificar de arbitraria.

La segunda vía corresponde al Gobierno, al que resulta difícil explicar que mantenga el calendario de implantación cuando el acto que creaba la comisaría ha sido anulado en primera instancia. Lo responsable, sostiene AUGC, es detenerse, no acelerar.

Quedan otras tres vías:

  • En el Congreso, donde AUGC trabaja con los grupos políticos desde agosto para que se exija la publicación de los informes que la sentencia echa en falta.

  • En el Consejo de la Guardia Civil, donde la asociación ya ha registrado escrito reclamando información sobre la situación en que quedarán los afectados.

  • Y en los tribunales, porque cada cese, cada supresión de plaza y cada asignación de destino dictada al amparo de una decisión declarada arbitraria es, a su vez, impugnable.

Una asociación que ya ha ganado estas batallas AUGC no habla de oídas. En marzo de 2019, a instancia de esta asociación, el Tribunal Supremo anuló de pleno derecho el Real Decreto 848/2017 que aprobaba el Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil, precisamente por omitir un informe preceptivo. Al caer aquel reglamento cayeron en cascada la orden ministerial y las tres órdenes generales que lo desarrollaban. El paralelismo es evidente: cuando la Administración decide sin motivar, los tribunales anulan.

En diciembre de 2020 el Supremo estimó en parte otro recurso de AUGC y anuló los incisos que permitían asignar destinos extraordinarios invocando genéricamente necesidades del servicio y sin publicación previa de la vacante. Esa sentencia es hoy el principal escudo de los compañeros de Roquetas: no se les puede mover a dedo ni enviar a plazas que nunca se publicaron. A ello se suman la anulación de la Orden General que regulaba las asociaciones profesionales y el reconocimiento judicial del derecho de manifestación de los guardias civiles. Ninguna de esas victorias llegó por aclamación: llegaron por trabajo jurídico y por constancia.

Lo que AUGC reclama ahora La asociación reclama la publicación inmediata de los informes que motivan el cierre. Si existen, que se muestren; si no existen, que se paralice todo. Hasta que la situación jurídica esté resuelta, ningún cese ni ningún traslado debería ejecutarse. Y en paralelo, exige que se publiquen todas las vacantes de la provincia y que cese cualquier bloqueo de plazas en las unidades próximas, para que el derecho preferente de los afectados sea una garantía efectiva y no una preferencia teórica sobre destinos que nunca se convocan.

Por encima de todo, AUGC insiste en algo que no debería tener que reclamarse: que se cuente con los representantes legítimos de los guardias civiles, sistemáticamente apartados de un proceso que decide sobre la vida de más de 160 familias.

Los guardias civiles de Roquetas de Mar no piden privilegios. Piden que las cosas se hagan bien, con responsabilidad y con explicaciones. Un tribunal acaba de decir que no se han hecho así. Sigue habiendo partido, y AUGC lo va a jugar hasta el final.