El contexto que nadie puede ignorar

En una democracia consolidada, un policía que cae enfermo tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Puede ir al médico. Puede recibir la baja que ese médico le prescriba. Puede desplazarse si no existe contraindicación para hacerlo. No necesita pedir permiso a su jefe para cruzar una frontera provincial. No puede ser juzgado por un tribunal militar por viajar a ver a su familia mientras convalece.

En España, el guardia civil no tiene esos derechos. No del mismo modo.

El 99% de las funciones de los guardias civiles están lejos de cualquier ámbito castrense. Sin embargo, siguen sometidos a la aplicación de un Código Penal Militar diseñado para otro tiempo, otra realidad y otro tipo de Estado. Esta situación representa una anomalía en el Estado de Derecho y va en contra de los principios de igualdad y justicia que deberían regir la labor de quienes garantizan la seguridad pública.

AUGC lo ha denunciado durante décadas. Lo hemos llevado al Congreso. Lo hemos defendido en los tribunales. Y los hechos nos siguen dando la razón, caso a caso, año tras año.

"Prisioneros de la insularidad": cuando el CPM se convierte en instrumento de castigo

El problema se agudiza en los destinos insulares. Allí, el Código Penal Militar no solo es una anomalía jurídica abstracta: es una herramienta de represión concreta y cotidiana. El mar actúa como muro. El avión deja rastro. Y hay mandos dispuestos a usarlo.

En octubre de 2023, un guardia civil destinado en La Palma se encontraba de baja médica. Se trasladó a la península en dos ocasiones

El guardia civil, conocedor de que la baja médica no es un arresto domiciliario, viajó. Regresó puntualmente, presentó sus partes de baja en mano y acudió a cada cita médica requerida por la Unidad. Pese a su comportamiento intachable, sus mandos iniciaron una persecución, elevando un parte militar y solicitando información a las aerolíneas para monitorizar sus movimientos. Otro caso idéntico al año siguiente en Tenerife. 

Decenas de guardias civiles se concentraron ante el Tribunal Militar bajo el lema "prisioneros de la insularidad", denunciando el uso desproporcionado del Código Penal Militar para conductas vinculadas al ámbito personal y al derecho al libre desplazamiento. El Tribunal Militar Territorial Quinto absolvió a ambos agentes.

Aún quedan tres guardias civiles a la espera de ser enjuiciados por estos hechos.

Lo que ocurrió en La Palma: cuando la persecución alcanza al médico

Si un mando es capaz de llevar a un guardia civil enfermo ante un tribunal militar por viajar, ¿qué puede hacer con el médico que firmó esa baja? La respuesta llegó en marzo de 2024 en La Palma. Y es peor de lo que nadie debería poder imaginar en un Estado de Derecho.

Un médico fue detenido en su centro de trabajo y esposado delante de sus pacientes, acusado de haber concedido ilegalmente más de cien bajas laborales a guardias civiles. La operación se denominó "Double Check". Los gabinetes de prensa de la Guardia Civil la difundieron con amplio eco mediático a nivel insular, autonómico y estatal.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de La Palma archivó el caso en julio de 2024 con términos contundentes: "Es el propio facultativo quien expide el parte de baja o no, la exploración médica, y más aún cuando están basadas en informes de especialistas." Los hechos fueron calificados, en el peor de los casos, como errores o irregularidades administrativas, sin relevancia penal alguna.

Pese a ese archivo, y pese a que la Fiscalía había planteado una cuestión competencial, los mismos hechos fueron investigados por un tribunal militar. El médico no es personal militar. El tribunal militar también sobreseyó definitivamente el caso, en enero de 2026.

La detención se había producido sin orden judicial y contra el criterio de la Fiscalía, que consideró insuficientes los motivos expuestos por los investigadores del Instituto Armado para arrestar al galeno.

El archivo posterior pasó prácticamente desapercibido. La reputación destruida, no. 

La querella: los perseguidores ante la justicia

Exonerado por dos vías judiciales, el médico ha decidido no callar. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de La Palma ha admitido a trámite una querella por presuntos delitos de prevaricación, coacciones, acoso, allanamiento de morada y vejaciones injustas contra los mandos que ordenaron la detención. La querella incluye también, en lo relativo a la posible prevaricación, a cinco militares togados. 

La lectura de AUGC: un mensaje dirigido a toda la sanidad

Lo ocurrido en La Palma no es una irregularidad procedimental aislada. Es la consecuencia lógica de una cultura institucional que utiliza el Código Penal Militar como correa de transmisión del poder jerárquico sobre los derechos más básicos de los guardias civiles.

La remilitarización de la Guardia Civil ha sido planeada desde el entorno de la propia Dirección General para contrarrestar los avances hacia la democratización de un Cuerpo con competencias de seguridad ciudadana. Callar la voz de los guardias civiles. Restringir su libertad de expresión. Dificultar el trabajo de las asociaciones profesionales. Y ahora: intimidar a quien certifica su enfermedad.

La supresión de la justicia castrense en tiempos de paz es una exigencia de primer orden, precisamente porque son los propios jueces y fiscales militares quienes ostentan empleos militares y se deben al principio de subordinación jerárquica a los mandos. Eso no es independencia judicial. Es el problema.

No existe razón jurídica ni social que justifique esta discriminación. La aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil no solo es injusta: resulta incompatible con los principios democráticos y con la modernización que merece una institución fundamental para la seguridad pública en España.

AUGC pide al conjunto de los grupos parlamentarios que respalden la modificación legislativa que elimine esta norma anacrónica. El debate lleva demasiado tiempo aplazado. Los hechos de La Palma demuestran hasta dónde puede llegar su aplicación irresponsable: un médico civil, esposado ante sus pacientes, perseguido por dos jurisdicciones, exonerado por ambas, y cuya honorabilidad quedó destruida en titulares que ningún archivo judicial puede borrar del todo.

Quien quiso mantener a los guardias civiles prisioneros de la insularidad lanzó también un mensaje a los profesionales de la sanidad: si das bajas, puedes acabar esposado. AUGC responde con claridad: ese mensaje es una amenaza inaceptable en democracia, y quienes lo ejecutaron deberán responder ante la justicia.