AUGC quiere mostrar su perplejidad e indignación ante la información conocida hoy de que la trama de corrupción Púnica pretendía quedarse mediante coacciones con un terreno en Valdemoro de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil.
Se trata de un episodio más de la falta de democratización, fiscalización y transparencia de la Asociación Pro Huérfanos, una entidad que, pese a estar sustentada obligatoriamente por todos los guardias civiles y de contar con un patrimonio millonario, carece absolutamente de controles internos en los que puedan participar las asociaciones profesionales de los trabajadores de la Guardia Civil.
En este sentido, una de las principales reivindicaciones históricas de AUGC ha sido la del establecimiento de mecanismos internos de control, con participación de las asociaciones en la revisión de los procesos de asignación de los recursos. AUGC fija entre sus principales objetivos buscar la limpieza en la administración y gobierno de esta asociación encargada, en teoría, de proteger a nuestros huérfanos, pero que se afana en evitar que las organizaciones que legítimamente representan a los guardias civiles puedan ejercer un control sobre sus actividades, lo que sin duda contribuiría a un funcionamiento más transparente y democrático de la misma.
AUGC ha llegado incluso a presentar ante la Defensora del Pueblo una queja respecto a la situación que se está produciendo en la Asociación Pro Huérfanos y al desarrollo del artículo 38, apartado 3 de la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
En dicha queja se denuncian los impedimentos que las asociaciones profesionales tienen para promover candidaturas para las elecciones de miembros de los órganos de representación, gobierno y dirección de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil.
Por ello, y debido al terco y prolongado oscurantismo impuesto desde la Guardia Civil respecto a la Asociación Pro Huérfanos, AUGC también ha solicitado la imputación de su presidente, el General Masegosa.
La noticia hoy conocida nos recuerda que la corrupción afecta a cualquier estamento de la sociedad, y que por tanto la Guardia Civil no queda al margen de la misma. Hasta el punto de que hasta los tímidos pasos que se han dado en la erradicación de la corrupción en España, como la Ley de Transparencia, ha quedado al margen la Guardia Civil, ya que nuestra petición de que fuera incluida en la norma la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil fue rechazada por parte del Partido Popular. Por lo tanto, parece que lo que se hace necesario en la Guardia Civil es el establecimiento de controles internos, con participación de las asociaciones profesionales en la revisión de los procesos de asignación de los recursos disponibles.
Este escándalo de la Púnica se añade a lamentables actuaciones anteriores que también tuvieron como protagonista la nefasta gestión de la Asociación Pro Huérfanos, que con una turbia política de inversiones sufrió diversos descalabros económicos, como los que le produjo la  estafa piramidal de Gescartera, con pérdidas millonarias ante las que nadie asumió las culpas; o las pérdidas causadas por un bono en el banco estadounidense Lehman Brothers, que quebró en 2007.
Se trata de descalabros económicos sufridos como consecuencia de movimientos de dinero realizados sin control interno alguno por parte de las asociaciones profesionales que representan a los mismos guardias civiles que sustentan obligatoriamente esta entidad. Una situación delirante que hoy ha conocido un nuevo episodio al revelarse esa coacción ejercida contra la Asociación por la trama Púnica.