Durante los días 1 y 2 de octubre se ha celebrado una Jornada sobre Acoso en la Guardia Civil. Ha sido impartida por la Abogada María Ángeles Reyes Bernal, y principalmente ha sido dirigida a representantes jurídicos y de Riesgos Laborales de AUGC, además de a los abogados/as de las Delegaciones, contando con una amplia representación de sus secretarios provinciales. Esta jornada se inscribe dentro del programa anual de formación de esta Asociación.
El objetivo principal ha sido poner sobre la mesa del debate la actual normativa interna que regula el acoso en la Guardia Civil. Nos referimos a la Resolución de 8 de abril de 2013, por la que se aprueba el  Protocolo de actuación en relación con el acoso laboral y sexual en la Guardia Civil y a la Instrucción 1/2015 de 1 de julio por la que se dictan instrucciones complementarias de desarrollo del Protocolo de actuación en relación con el acoso laboral y sexual en la Guardia Civil.
Otro de los objetivos de la jornada ha sido realizar una comparativa con otros protocolos tanto del ámbito de empresa privada (Telefónica, Mapfre…) como del ámbito del funcionariado (AGE, Instituciones Penitenciarias…).
De esta primera comparativa se desvela como para el colectivo de la Guardia Civil se vulneran todos los derechos garantistas de aplicación de un verdadero protocolo de acoso como herramienta de prevención pasando a ser una extensión del Régimen Disciplinario.
El articulado para la Guardia Civil sobre acoso carece de la garantía más elemental de cualquier protocolo que es el sistema de plazos de resolución del conflicto que permita con celeridad  primero aplicar las medidas preventivas y segundo llegar a una toma de decisión sobre los hechos minimizando los daños psicológicos y la privacidad.
El resultado es que a la Guardia Civil no se le exige la obligación de establecer unos plazos para iniciar las investigaciones ante posibles casos de acoso pudiendo demorarse la respuesta en el sueño de los justos, sin olvidar los cuadros de estrés y ansiedad que esta situación de indefensión y falta de aplicación de las medidas preventivas supone para las víctimas.
Además el Protocolo de la Guardia Civil obvia por completo aspectos como la mediación por persona ajena, imparcial y técnica en resolución de este tipo de conflictos laborales; la asistencia durante todo el procedimiento de representación legal, de representante de los trabajadores y de delegado de prevención; el informe previo del Servicio de Riesgos Laborales; la designación y composición garantista de un Comité Técnico para la prevención y erradicación del acoso e investigación de las denuncias; etc.
 
Nuestro actual protocolo fue un fraude de garantías para las víctimas desde su aprobación en el año 2013 donde el Director General de la Guardia Civil se comprometió a reabrir el debate en un Grupo de Trabajo en el seno del Consejo cosa que se pospuso dos años después para aprobar una Instrucción que poco o nada modifica al protocolo sino es para apuntalar la dificultad ya existente de las comunicaciones de inicio de un caso de acoso al obligar a realizarlo por conducto reglamentario.
Precisamente este aspecto es el que se ha desterrado en el recientemente aprobado Protocolo contra el Acoso en las Fuerzas Armadas.
Hace escasos días se ha aprobado la modificación del Código Penal Militar en aspectos como la consideración del acoso como delito lo que cambiara el panorama a lo que se unirá la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del delito.
Esta jornada termina con el compromiso de una metodología de trabajo por parte de nuestros letrados/as hacia nuestros afiliados/as así como acciones encaminadas a informar al colectivo  sobre el acoso mientras seguimos a la espera del resultado de la impugnación de la Instrucción 1/2015 de 1 de julio por la que se dictan instrucciones complementarias de desarrollo del Protocolo de actuación en relación con el acoso laboral y sexual en la Guardia Civil realizada por AUGC.
AUGC, en primera línea en la lucha por los derechos laborales en la Guardia Civil.