Tras años de denuncias sobre la precariedad de los Equipos VIOGEN, AUGC ha elevado un informe detallado basado en la experiencia de la 5ª Zona de Murcia. El actual modelo de "unidades funcionales" ha demostrado ser insuficiente y deficitario. La complejidad de los delitos de violencia de género exige una dedicación exclusiva que no merme las plantillas de los Puestos.

AUGC ya ha trasladado esta preocupante situación al Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, subrayando que la falta de especialización genera inseguridad jurídica tanto para el ciudadano como para el agente. Es necesario pasar de los "parches" a una estructura centralizada y profesional que asuma desde la denuncia hasta la detención del autor.

Hacia un modelo de especialización y eficacia

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) subraya que el modelo actual de "equipos funcionales" ha generado un caos organizativo que, entrado el año 2026, sigue sin resolverse.  Por ello, la propuesta remitida al Consejo de la Guardia Civil insta a abandonar los "parches" temporales y apostar por una Especialidad de Violencia de Género reglada. 

Para garantizar un servicio de calidad que no comprometa la operatividad de los Puestos, AUGC considera irrenunciables los siguientes puntos:

  • Especialización real: Creación de una especialidad con formación técnica, jurídica y de atención a la víctima obligatoria para todos sus integrantes.

  • Servicio 24 horas: Implementación de turnos que cubran todo el día, evitando que las patrullas de Seguridad Ciudadana tengan que asumir estas diligencias en horario nocturno sin la preparación adecuada.

  • Plantillas dimensionadas: Equipos centralizados por Compañías con una dotación de entre 8 y 12 componentes según la incidencia de la zona.

  • Refuerzo de la Seguridad Ciudadana: Incremento de entre 60 y 100 efectivos para compensar al personal que pase a formar parte de estos equipos especializados.

Con esta iniciativa, AUGC busca no solo proteger los derechos de los guardias civiles frente a la sobrecarga y la inseguridad jurídica, sino fundamentalmente asegurar que las mujeres víctimas de violencia de género reciban la atención profesional y constante que su situación requiere.