La Comisión de Defensa del Senado dio ayer miércoles 22 de octubre el visto bueno al proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas sin hacer ningún cambio con respecto al texto que anteriormente había recibido procedente de la tramitación en el Congreso. Tras su debate la próxima semana por el pleno del Senado, el proyecto de Ley regresará a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.
Se trata de un proyecto de Ley al que AUGC se opone rotundamente. En este sentido, la Asamblea de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el máximo órgano de decisión de esta organización ya rechazó el pasado mes de mayo la restricción de derechos fundamentales para los guardias civiles que implica el nuevo texto.
Y es que el proyecto de Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas propuesto por el PP y al que luego se sumó el PSOE, provocará que los agentes pierdan derechos fundamentales como el de manifestación.
Los afiliados de AUGC (con 30.000 afiliados, la asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil, donde el 40% de los trabajadores no se encuentran afiliados a ninguna otra organización) se han mostrado unánimemente en contra de una norma que trata de aplicar la legislación militar a este cuerpo policial, lo que supone un paso atrás en la lucha que desde hace dos décadas viene desempeñando esta organización.
Se trata de una norma que limitará derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión. Restricciones que repercuten directamente en el derecho fundamental de asociación profesional, ya que se limita la capacidad de actuación de estas organizaciones.
Aunque el PSOE se opuso en un principio, posteriormente pactó alguna de las enmiendas promovidas por el PP, y así los dos grupos mayoritarios, en una suerte de alianza trasnochada a la que también se ha sumado CiU, no han escuchado a las asociaciones, ni a otros grupos políticos que así se lo piden, como IU y UPyD, y siguen en cambio, los designios de la cúpula militarista del Cuerpo.
Se fomenta así una estructura que solo beneficia a los altos mandos que pretenden hacer de la Guardia Civil un cuerpo anacrónico, propio de otro siglo. De hecho, esta norma va en la dirección contraria y supone un retroceso en el proceso de modernización que debería desarrollarse en la Institución.
A pesar de que se trata de una ley que restringe, aún más, las libertades de los agentes, el trabajo de AUGC ha conseguido atenuar la limitación de derechos que pretendía el Gobierno. De hecho, en este caso, hay que decir que con el apoyo del PSOE, se ha suprimido el artículo que permitía la imputación colectiva a los miembros de los órganos de representación de las asociaciones profesionales.
Por otro lado, esta asociación ha conseguido que la organización o participación en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical, solo sea sancionable si se hace de manera activa, un concepto que es más abierto y permisivo, que lo que pretendía el Proyecto de Ley en su origen.
La aprobación de esta ley tendrá consecuencias graves y directas sobre los agentes, que ven cómo sus derechos son restringidos de manera reiterada, convirtiendo a la Guardia Civil en un cuerpo policial impropio de un estado democrático, en el que sus miembros carecen de las libertades más básicas.