El pasado 15 de septiembre se votaron en el Congreso las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario en el que se integra IU, La Izquierda Plural, y que recogían las reclamaciones que, al igual que al resto de grupos parlamentarios, les había trasladado la Secretaría de Relaciones Institucionales de AUGC.
Como cabía esperar, el resultado de la votación fue desfavorable a estas enmiendas por 180 votos negativos contra 19 positivos, con 120 abstenciones. Votaron ‘sí’, además del La Izquierda Plural, el Grupo Parlamentario de UPyD y el Grupo Mixto. Se opuso el PP y se abstuvo el PSOE. Dentro de los socialistas hubo un verso suelto que votó en contra de las enmiendas. Curiosamente se trató del parlamentario Diego López Garrido, portavoz de Defensa en el PSOE.
Las enmiendas presentadas (y rechazadas) fueron las siguientes:
-    Regulación de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil de manera que acomode su funcionamiento a los principios de democracia interna y pluralismo, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
-    Regulación de la cuantía y el procedimiento para retribuir al personal del Cuerpo de la Guardia Civil, con equiparación con la Policía Nacional del Complemento Específico Singular (CES) y la aplicación del complemento de territorialidad.
-  Regulación de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil , que establezca que cuando las asociaciones profesionales representativas ejerciten un interés colectivo en defensa de los guardias civiles y para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos profesionales, sociales y económicos de aquellos estarán exentas del tasas judiciales en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- Proyecto de ley de modernización y dignificación de la carrera profesional de los miembros de la Guardia Civil.
-  Regulación del régimen de representación y participación de los guardias civiles en materia de prevención de riesgos laborales.
- Regulación del régimen de colaboración en los distintos ámbitos de enseñanza y de formación de las asociaciones profesionales representativas y el procedimiento para la homologación y reconocimiento oficial de la formación profesional que pueda ser impartidas por éstas directamente o en colaboración o concierto con otras instituciones.
-  Regulación de un catálogo de puestos de trabajo, a través del cual la Guardia Civil desarrollará su organización de personal que comprenda la denominación de cada uno.
Discriminados en los presupuestos
Por otra parte, y una vez más, los guardias civiles salimos perdiendo cuando desde el Ministerio del Interior se adjudican presupuestos a las FCSE. Así, en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se advierte una notable desproporción entre las partidas destinadas a Policía Nacional y a Guardia Civil. Un desequilibrio que se acentúa si se tiene en cuenta que la ésta dispone de una plantilla más amplia que la Policía Nacional.
Por ejemplo, en la partida destinada a Acción social, asignada a ambos colectivos con independencia del número de estos, y que afecta de manera discriminatoria al nivel asistencial de los guardias civiles y sus familias, especialmente en el caso de enfermedad, cuidado de menores, tercera edad, personas dependientes, ayudas sociales o para el estudio, la cantidad asignada a la Policía Nacional es de 10.579.570 euros; por 7.516.140 para la Guardia Civil. Es decir, más de tres millones de diferencia.
El mismo caso se da en la partida de Incentivos al rendimiento: 163.022.160 para la Policía Nacional, y 156.757.060 para la Guardia Civil. Más de seis millones entre una y otra cifra.
En el capítulo de seguridad ciudadana, más de lo mismo, ya que los Presupuestos Generales contemplan 2.655.685 euros para la Policía Nacional y 2.378.097 para la Guardia Civil.
Pero si en estos capítulos citados existe una gran diferencia, el desequilibrio en la partida asignada a órganos de representación y defensa de los derechos del colectivo resulta insultante. En este punto, la asignación a la Policía Nacional casi multiplica por cuatro la correspondiente a la Guardia Civil (237.300 frente a 60.000).  Y esto es así pese a que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contempla que la limitación de ciertos derechos a los policías o militares, como puede ser el de huelga, no supone limitaciones absolutas ni minusvaloraciones de derechos fundamentales. En este sentido, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil cumplen funciones equivalentes a los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y cuentan con similares estructuras.
Líderes en boato
Pero lo que ya resulta absolutamente escandalosa es la desproporción existente entre las partidas destinadas a gastos protocolarios, esta vez   sí, a favor de la Guardia Civil (318.240 euros frente a los 102.000 de la Policía Nacional). Es el triste reflejo de la realidad en la Guardia Civil, donde se despilfarra el dinero en fiestas oficiales, desfiles, peregrinaciones a Lourdes y demás boato, mientras que los guardias civiles carecen de chalecos antibalas o patrullan en chatarras con más de 300.000 kilómetros, por poner tan sólo dos ejemplos lacerantes.
La Secretaría de Relaciones Institucionales de AUGC continúa trabajando en el Trámite Parlamentario para hacer llegar a todos los grupos las reivindicaciones de los guardias civiles.