El día 7 de octubre compareció en el Congreso de los Diputados el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, para dar explicaciones sobre los presupuestos de la Guardia Civil para 2015. Durante dicha comparecencia el Diputado del PSOE Felipe Sicilia le planteó las siguientes cuestiones: “respecto a la seguridad de los perímetros de prisiones, ¿se va a sustituir a la Guardia Civil que está realizando el servicio o se va a completar ese servicio con seguridad privada? ¿Hay sustitución de efectivos o se complementan?”

El Director General contestó “tengo que decirle para su tranquilidad que en los servicios de seguridad de prisiones no se pretende sustituir a nadie y mucho menos a los únicos que son depositarios de las armas en España, que son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la vigilancia perimetral de las prisiones lo que vamos a hacer es que con miles de personas que han dejado de realizar un trabajo y que no se les va a poner en la calle, se va a aprovechar su ‘know how’ en todo aquello que pueda ser beneficioso para el Estado. Van a ser un complemento perfecto y necesario para que esa vigilancia perimetral que se está realizando en las prisiones sea todavía mejor porque ha habido ya un plan experimental iniciado hace un año aproximadamente, que ha dado magníficos resultados, sin que ni un solo guardia civil haya perdido su puesto de trabajo”.
A ello respondió el Diputado del PSOE que “referido a la seguridad del perímetro de prisiones, creemos que no había necesidad de completar con esa cuestión porque entendemos que las prisiones están bien aseguradas en su perímetro. Si hay que poner más medios es que hay alguna duda en cuanto a cómo se está ejerciendo esa labor y entendemos que no”.
Y finalizó el Director General diciendo “qué más podemos hacer que reforzar el trabajo de nuestros guardias civiles en la vigilancia perimetral que un personal al que de alguna manera hay que darle cobertura y que sin ninguna duda es imprescindible que tengan ocupaciones, de qué mejor manera se puede reforzar el servicio perimetral de nuestras prisiones. Estoy encantado de que se haya puesto a disposición de lo que es la vigilancia perimetral que podamos tener un apoyo tan importante. ¿Estaba mal? En absoluto”.
Una vez más se vuelve a dar en sede parlamentaria una información sesgada e irreal sobre el proceso privatizador de la seguridad penitenciaria, porque por mucho que el Director General asegure que “no se pretende sustituir a nadie”, lo cierto es que ese es precisamente el objetivo final de dicho proceso, lo contrario sería ilógico e irresponsable, pues se estaría duplicando el gasto público en un mismo servicio innecesariamente, como de hecho se está haciendo desde mayo de 2013, puesto que se están pagando muchos millones de euros a empresas privadas de seguridad para que hagan el mismo trabajo que ya vienen desempeñando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asignando artificialmente a los vigilantes funciones que justifiquen de algún modo su presencia en los centros penitenciarios.
Resulta inconcebible que el Director General haga esa afirmación cuando lo cierto es que en algunos puestos de trabajo los guardias civiles en la práctica ya están siendo sustituidos, y de hecho la propia Dirección General de la Guardia Civil ha reconocido a AUGC que cuando el proceso privatizador culmine algunos guardias civiles tendrán que realizar distintas funciones dentro de sus unidades (de hecho ya está ocurriendo en algunas provincias), e incluso otros podrán llegar a perder sus destinos.
Por otro lado el Director General pretende justificar la medida privatizadora con uno de los pretextos más utilizados por el Gobierno del PP durante los últimos dos años: “lo que vamos a hacer es que con miles de personas que han dejado de realizar un trabajo y que no se les va a poner en la calle”, refiriéndose con ello a la manida excusa de recolocar a los vigilantes que trabajaban como escoltas y que perdieron su trabajo tras la tregua de ETA, lo cual es incierto, porque la mayoría de vigilantes que se han incorporado a los centros penitenciarios no proceden de servicios de escolta, de hecho apenas un 10% tienen esa procedencia.
Dice el máximo responsable de la Guardia Civil que “ha habido ya un plan experimental iniciado hace un año aproximadamente, que ha dado magníficos resultados”, pero lo cierto es que ese plan experimental ha consistido en gastar innecesariamente varios millones de euros del erario público, porque el personal de seguridad privada ha estado desempeñando exactamente los mismos cometidos que guardias civiles y funcionarios de Instituciones Penitenciarias, de modo duplicado e incluso hacinándose en algunas dependencias de trabajo.
Es necesario que la ciudadanía sepa que se están regalando millones de euros a las empresas de seguridad privada, porque su presencia en los centros penitenciarios es absolutamente innecesaria y responde a una decisión política errónea guiada únicamente por intereses económicos de las grandes empresas del sector. Buena prueba de ello es que dicha medida ha suscitado el frontal rechazo de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y una gran parte de la sociedad.
Este proceso es el primer paso de la progresiva privatización de la seguridad pública, cuyo terreno abonado es la nueva ley de seguridad privada aprobada recientemente. Por ello AUGC seguirá denunciando que con estas medidas lo que se pretende es crear una ‘policía privada’, incrementando innecesariamente el gasto público y convirtiendo una materia tan relevante como la Seguridad Pública y Ciudadana en un espacio de negocio privado.