El día 9 de septiembre de 2015 ha tenido lugar la reunión de la Comisión Permanente de Normativa y del Estatuto de la Guardia Civil. Siguiendo la línea establecida en los últimos encuentros, los vocales de AUGC asistentes han evitado debatir sobre los puntos del día propuestos, al entender que, tras los expedientes abiertos a toda la Ejecutiva de AUGC, su condición de representantes legítimos de los trabajadores de la Guardia Civil, y por lo tanto, de manera extensiva, el derecho de asociacionismo, no se encuentran garantizados.  No obstante, AUGC ha votado en contra de los tres puntos incluidos en el orden del día.
De estos, uno resulta especialmente grave para los intereses de los guardias civiles. Se trata del Proyecto de Real Decreto sobre la integración del personal de las FFAA y de las FCSE en el Régimen General de la Seguridad Social. Con esta integración, aplicable a todos los guardias civiles incorporados al Cuerpo a partir de 2011, se establece un nuevo agravio comparativo entre estos y el resto de funcionarios, ya que mientras que los segundos poseen el derecho de defenderse a través de la vía sindical y de otras herramientas propias de los trabajadores, como la negociación colectiva y el derecho a conflicto colectivo, los guardias civiles siguen privados de estas facultades básicas en una democracia.
Por otra parte, nos preocupa que se utilice ahora a los miembros de la Guardia Civil como destinatarios últimos de unas políticas de recortes por la situación de crisis cuya necesidad, según se nos dice desde el Gobierno, ha sido ya superada.
El proyecto determina la existencia de dos tipos de guardias civiles. Unos, los sometidos al régimen de clases pasivas del Estado; y otros, los sometidos al Régimen General de la Seguridad Social. Esto, que no tiene sentido ni justificación, es un elemento clave de distorsión del valor homogéneo que se exige de manera permanente a los miembros de la Guardia Civil.
No puede favorecerse que haya dos clases de guardias civiles en función del régimen de cobertura  que se les aplique en un aspecto tan importante como es el de la protección social, sobre todo porque el colectivo precisa, por las especiales características de su trabajo, de un régimen de protección social acorde con todas ellas. Un único régimen, y no dos, como se pretende ahora implementar.
Además, cabe plantearse cómo se explicará esta situación a los guardias civiles cuando estos presten servicio juntos en una misma patrulla y, haciendo el mismo trabajo, cuenten cada uno con dos tipos de protección social diferente.
Pero las dudas y la preocupación no acaban en esto. ¿Qué repercusiones en la nómina mensual tiene el cambio de sistema? ¿Cómo queda a este respecto el personal que sea declarado apto con limitaciones? ¿Qué incidencia tendrán los años de servicio a la hora de fijar pensión?
Sin duda hay más cuestiones oscuras y negativas en el texto proyectado. Seguiremos intentado desentrañarlas antes del Pleno. En todo caso, solicitamos la paralización de la tramitación del proyecto de real decreto. Está claro que esta situación en la que se pretende que informemos justifica, una vez más, que no podamos ejercer en plenitud nuestras funciones de representantes asociativos en el Consejo de la Guardia Civil.
 En cuanto al proyecto de real decreto sobre anotación y cancelación de optas desfavorables en la documentación del personal de la Guardia Civil (también planteado en el orden del día de la Comisión celebrada hoy), estamos en parecidas circunstancias de falta de información al respeto. Esto hace imposible el trabajo asociativo y el propio ejercicio del derecho de asociación profesional. Además, esto es especialmente grave si tenemos en consideración que no hay un mandato legal expreso ni necesidad de gestión, para generar esta disposición de carácter general.
Lo mismo cabe decir respecto al tercer punto del orden del día, el proyecto de orden ministerial por la que se establece el modelo y normas reguladoras de la hoja de servicios del personal de la Guardia Civil.