La labor de los abogados de AUGC Cádiz ha logrado que el Tribunal Supremo haya anulado una sanción de seis meses de suspensión y pérdida de destino que se le había impuesto a un guardia civil destinado en Chipiona.
El ‘crimen’ del agente había sido presidir una asociación antidroga creada en la localidad de Sanlúcar de Barrameda en 2010. Los servicios jurídicos de AUGC Cádiz prestaron todo su apoyo al compañero desde el primer momento, lo cual, unida a la valiente lucha de éste, ha terminado dando sus frutos ante la justicia.
Los mandos de este agente le incoaron un expediente disciplinario por falta muy grave que el Ministerio de Defensa confirmaba en 2012, y del que se derivó la citada sanción. La razón aducida: comprometer su imparcialidad y objetividad como miembro del Cuerpo Benemérito al presidir una asociación.
Finalmente, el pasado 18 de mayo, y después de tres años de recorrido judicial, y haber destrozado una excelente carrera profesional,  el Supremo ha anulado la citada sanción, recalcando en su sentencia que la actuación del guardia civil al estar al frente de esta ONG no sólo no era reprobable, sino que  “sólo pláceres puede merecer”.
De este modo, el TS rechaza los argumentos de la Abogacía del Estado, la cual negaba que los guardias civiles, por su condición militar, puedan formar parte de los órganos de gobierno de una asociación, independientemente de la naturaleza de ésta.
La actitud de la Administración ha vuelto a dejar en evidencia, una vez más, la herramienta represora que supone el mantenimiento del carácter militar de la Guardia Civil, que priva a los trabajadores del Cuerpo de sus derechos básicos como ciudadanos. Unos derechos que, además, en este caso se habían ejercido con fines altruistas. Por fortuna, la justicia en este caso ha venido a poner las cosas en su sitio.