El día 3 de julio ha tenido lugar en la Dirección General de la Guardia Civil una reunión, a petición de AUGC, a la que han asistido la secretaria de la Mujer y Especialidades, Pilar Villacorta, y el representante del Área de Servicios de Protección y Seguridad (SEPROSE), Rafael Sánchez.
Se nos ha comunicado que, tras el informe favorable de la Administración respecto a la fase experimental iniciada en mayo de 2013 en 21 centros penitenciarios, a partir de ahora se inicia la segunda fase extendiendo la medida a los 67 establecimientos penitenciarios existentes.
Esa segunda fase tendrá una duración de un año, tras el cual se emitirán nuevos informes y estudios por parte de la Administración (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía e Instituciones Penitenciarias) de cara a la última fase del proceso privatizador, ampliando entonces el número de vigilantes en función de las necesidades de cada centro penitenciario.
Si bien la segunda fase finaliza a mediados de 2015, es muy probable que la tercera no se inicie hasta que se hayan celebrado las Elecciones Generales, del mismo modo que ha ocurrido con la segunda, que ha sido aprobada sólo cinco días después de los comicios al Parlamento Europeo y con seis meses de retraso sobre la previsión inicial.
Cuando se incremente el número de vigilantes privados será el momento en que la Dirección General estudie si es necesario reducir algunas de las plantillas afectadas, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se dedicarán exclusivamente a las conducciones y traslados de presos y detenidos.
En relación con ello se nos ha dejado muy claro que en ningún caso afectará a los Núcleos de Servicios, cuyos componentes realizarían otras funciones pero dentro de las mismas unidades y sin perder el destino.
Sí podría llegar a afectar a algunas Secciones de Seguridad Penitenciaria, pero la voluntad de la Dirección General es ocasionar el menor perjuicio posible, intentando amortizar previamente el mayor número posible de vacantes (mediante cambios de destinos voluntarios, pases a reserva, etc.), y si llegara el momento en que algunos de los afectados tuvieran que cesar forzosamente en sus destinos se anunciarían vacantes que les permitieran seguir residiendo en las mismas poblaciones, a las que podrían acceder mediante el derecho preferente que a tal efecto les reconoce la normativa reguladora.
Se nos ha informado que, en cualquier caso, lo más probable es que esa situación (inicio de la última fase y posible reducción de algunas plantillas si fuera necesario) no tenga lugar antes de 2016, aunque ello dependerá de diversas circunstancias que ahora son impredecibles.
Teniendo en cuenta que la privatización de la seguridad penitenciaria es ya una realidad incontrovertible por decisión y empeño del Gobierno, viene a reforzarse ahora el principal objetivo que AUGC ha tenido desde que comenzó este proceso, que la implantación de seguridad privada en los centros penitenciarios no conlleve el cambio forzoso de destino de los guardias civiles, aunque sea en el nivel mínimo que prevé la Dirección General.
Para ello se va a incrementar la ingente actividad que AUGC viene realizando desde hace más de un año, intentando reunirse en primer lugar con el Partido Popular y posteriormente con otros grupos parlamentarios, así como con los jefes de comandancia, los directores de centros penitenciarios y cuanto sea necesario para poder informar de primera mano a los y las guardias civiles, porque el derecho a estar informados es un derecho de todos y todas.