La Coordinadora Sectorial del Servicio Marítimo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha registrado hoy un escrito de reiteración ante el Estado Mayor de la Guardia Civil para exigir respuesta a la petición presentada el 10 de marzo de 2026 sobre la falta de vestuario técnico de la especialidad. La Dirección General sigue sin contestar más de siete meses después, y más de cuatro meses después de que venciera el plazo legal. Ante ese silencio, la Coordinadora ha abierto en paralelo dos nuevos frentes: una solicitud de acceso a la información pública sobre los contratos de vestuario del Servicio Marítimo y una comunicación de riesgos laborales ante el Servicio de Prevención de la Dirección General y la Comisión de Riesgos Laborales del Consejo de la Guardia Civil.

Así se trabaja hoy en el Servicio Marítimo

Un guardia civil del Servicio Marítimo cambia de talla. Su mono de intervención ya no le sirve y no existe un cauce ágil para pedir otro. La única salida que le queda es la que hoy se repite en las unidades de la especialidad: ponerse la prenda usada que le cede un compañero. Con esa ropa, que ha pasado por varios cuerpos, ha perdido parte de su impermeabilidad y no se ajusta al suyo, sube de noche a una cubierta mojada y en movimiento para interceptar una narcolancha, abordar una embarcación o sacar a personas del agua.

Esa es la situación que AUGC trasladó a la Dirección General en marzo: más de cuatro años sin una reposición periódica suficiente del vestuario técnico, agentes que se intercambian prendas usadas y un riesgo evidente para su seguridad y para la eficacia de las maniobras a bordo. La respuesta de la institución ha sido ninguna.

Desde entonces ha empezado a llegar el traje térmico de flotabilidad. Pero el mono de intervención, la prenda con la que el agente trabaja cada día en cubierta, sigue sin proporcionarse, y el calzado de la especialidad acumula retrasos.

Siete meses sin una sola línea de respuesta

El escrito se presentó el 10 de marzo de 2026. El Real Decreto 175/2022, que desarrolla los derechos de las asociaciones profesionales de guardias civiles, fija en tres meses el plazo máximo para contestar sus propuestas, y la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición, obliga a contestar y notificar en el mismo plazo. Ese plazo venció el 10 de junio. Desde entonces no ha llegado ni una inadmisión ni una contestación.

Para AUGC, este silencio no es un descuido administrativo. Es la medida exacta del interés que la Dirección General tiene por las condiciones en que trabajan los guardias civiles que patrullan el mar. Una institución que exige a sus agentes disciplina, puntualidad y cumplimiento estricto de la norma no puede permitirse incumplir los plazos que la ley le impone cuando son ellos los que piden algo tan básico como una prenda de su talla.

No falta dinero, falta que llegue al agente

La carencia no se explica por la ausencia de contratos. Según los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado, la Jefatura de Asuntos Económicos ha tramitado en los últimos años varios expedientes con destino total o parcial al Servicio Marítimo. El último expediente específico de uniformidad para el Servicio Marítimo y la Unidad de Actividades Subacuáticas, con un valor estimado de 1,76 millones de euros, tenía un plazo de ejecución que terminó el 1 de marzo de 2026. Nueve días después, los agentes seguían denunciando que no tenían ropa adecuada. El traje térmico de flotabilidad incluido en ese contrato ha empezado a llegar ahora, siete meses después de que terminara su plazo de ejecución. El problema, por tanto, no es solo comprar: es distribuir, tallar y reponer a cada guardia civil a tiempo.

Lo del mono de intervención es todavía más grave. Figuraba en el contrato de 2024 y vuelve a aparecer en el siguiente expediente de uniformidad, pero sigue sin llegar a los agentes. El anuncio publicado en el BOE el pasado 16 de octubre recoge la adjudicación del zapato náutico (por 50.600 euros), mientras que en el lote del mono de intervención del Servicio Marítimo, la prenda básica de trabajo de la especialidad, no figura adjudicación alguna. Dos contratos después, el agente sigue trabajando con un mono gastado o prestado.

Este mismo año la Dirección General está licitando 300 chalecos salvavidas con radiobaliza personal para las patrulleras (unos 300.000 euros) y el mantenimiento de las plantas propulsoras de las embarcaciones (4,6 millones). AUGC no cuestiona esas inversiones, que son necesarias. Denuncia la contradicción: la Dirección General compra radiobalizas para localizar al guardia civil que cae al agua, pero lleva años sin darle un mono de intervención de su talla ni unas botas que no resbalen en cubierta para que no caiga. Hay presupuesto para los barcos. Lo que se ha quedado atrás son las personas que van en ellos.

El vestuario del mar es un equipo de protección, no una cuestión de imagen

Las prendas técnicas del Servicio Marítimo protegen frente a riesgos graves: el frío y la humedad durante horas de navegación, los resbalones y caídas en cubierta y la caída al agua. Un mono gastado pierde la impermeabilidad de tejidos, costuras y cierres, se empapa y deja de aislar; uno que no es de la talla del agente limita sus movimientos y se engancha en cabos y barandillas. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) recuerda en su Nota Técnica de Prevención 1036 que la ropa de protección «debe cambiarse cuando se encuentre húmeda debido a que se disminuye su capacidad aislante». Y un calzado con la suela desgastada, o degradada por el combustible, es la antesala de una caída a bordo o al mar durante un abordaje.

La normativa es clara. El Real Decreto 179/2005, de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, obliga a proporcionar equipos de protección individual adecuados, y el Real Decreto 773/1997 exige reponerlos cuando sea necesario, que se adecuen a su portador y que estén destinados a un uso personal. Que un agente tenga que vestir la ropa usada de otro no es compañerismo: es la prueba de que la Administración ha incumplido su obligación.

Tres frentes abiertos

Reiteración ante el Estado Mayor. Se exige contestación expresa y motivada, información sobre la ejecución y distribución real del material de los últimos expedientes, la entrega urgente del mono de intervención y del calzado de la especialidad y un procedimiento ágil de petición y cambio de tallas que acabe con el intercambio de ropa usada.

Solicitud de transparencia. Al amparo de la Ley 19/2013, se ha pedido al Ministerio del Interior la relación de contratos de vestuario y equipos de protección del Servicio Marítimo entre 2020 y 2026, las unidades distribuidas a cada servicio provincial, la situación del lote del mono de intervención, la norma que fija la dotación y su vida útil, y el procedimiento vigente para reponer prendas o cambiar de talla. La Administración tiene un mes para resolver.

Comunicación de riesgos. Se ha trasladado al Servicio de Prevención de la Dirección General y a la Comisión de Riesgos Laborales del Consejo de la Guardia Civil, con la petición de que se evalúen de forma específica los riesgos de los puestos de patrón, mecánico y marinero, que se revise el estado de las prendas en todos los Servicios Marítimos Provinciales, que se retiren las que hayan perdido sus propiedades y que el chaleco salvavidas y el casco se asignen a cada agente y no a la embarcación.

Si la Dirección General sigue callando

AUGC no va a aceptar el silencio como respuesta. Si en el plazo de un mes no hay contestación, la asociación acudirá al Defensor del Pueblo e impulsará iniciativas para que el Gobierno explique por qué hay contratos y presupuesto pero los agentes siguen trabajando con ropa prestada, sin descartar los cauces que prevé la Ley Orgánica del derecho de petición.

Quien se juega la vida en el mar merece algo más que ropa prestada y silencio.