Una práctica prohibida que se repite
El servicio sanitario de la Guardia Civil en Navarra ha vuelto a requerir a agentes en situación de incapacidad temporal que aporten informes médicos detallando las patologías por las que se encuentran de baja. No es la primera vez. No es un error administrativo. Y,según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tampoco parece ser una iniciativa aislada.
Eugenio Nemiña, Secretario Jurídico de la AUGC, presentó el14 de abril de 2026 un escrito formal ante el Delegado de Protección de Datosde la Guardia Civil, exigiendo su intervención inmediata para proteger los derechos del personal de baja.
La razón es simple y está respaldada por las más altas instituciones: ningún trabajador, civil o uniformado, está obligado a entregar informes médicos sobre sus patología a su empleador.
Lo que dice la ley y lo que hace la Guardia Civil
Durante la tramitación del Real Decreto 67/2026, la Guardia Civil intentó incorporar la obligatoriedad de entregar documentación médica junto con los partes de baja. La maniobra fue bloqueada en seco. Tanto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como el Consejo de Estado, a petición de AUGC, obligaron a retirar esa pretensión. El mensaje fue inequívoco: la entrega de informes médicos es voluntaria, y exigirla vulnera los derechos fundamentales del trabajador en materia de protección de datos de salud.
Sin embargo, el servicio sanitario de la Comandancia de Navarra ha seguido solicitando esos informes. Y lo ha hecho con un agravante preocupante: los correos enviados a los agentes afectados no solo no mencionan la voluntariedad de la entrega, sino que obligan al interesadoa firmar el correo como prueba fehaciente de haber recibido la comunicación, con fecha y hora incluidas.
El resultado es predecible: el guardia civil de baja, sometido a una cadena de mando rígidamente jerarquizada, interpreta que está ante una orden de obligado cumplimiento. La frontera entre lo voluntario y lo obligatorio desaparece. Y con ella, la protección de sus datos más sensibles: su historial médico.
Una acción legal que defiende a cada guardia civil y, por extensión, a todos los ciudadanos
La AUGC no ha esperado. Antes de presentar el escrito al Delegado de Protección de Datos, su Secretario Jurídico ya había contactado directamente con el servicio sanitario de la Comandancia para recordarles el marco legal vigente. También había dirigido un escrito formal a la Dirección General de la Guardia Civil, solicitando aclaración sobre si las instrucciones de recabar esa documentación partían desde el propio órgano directivo, y requiriendo que, de ser así,se dejasen sin efecto de inmediato.
Ninguno de los dos escritos obtuvo respuesta satisfactoria. Mientras tanto, otro agente era requerido en las mismas condiciones.
Por eso la AUGC ha escalado la denuncia al máximo responsable en materia de privacidad dentro de la institución.
Lo que está en juego no es solo la privacidad de un número determinado de guardias civiles. Es la integridad del sistema de protección de datos de salud dentro de un cuerpo de seguridad del Estado. Es la confianza de los agentes en que su institución respeta sus derechos. Y es, también, la capacidad de esos mismos agentes de rendir al máximo cuando regresen al servicio activo, en beneficio directo de la seguridad de todos los ciudadanos.
Un guardia civil cuya intimidad no está protegida, cuyo historial médico puede ser conocido sin su consentimiento real, es un profesional en una situación de vulnerabilidad que ningún cuerpo de seguridad debería tolerar. La AUGC no lo tolera.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es la asociación profesional más representativa de la Guardia Civil en España. Trabaja cada día para defender los derechos laborales, sociales y jurídicos de sus socios,convencida de que un guardia civil bien tratado es un mejor servidor público.
