La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (art. 36.3 del TREBEP) suscribió el pasado 6 de julio de 2026, en Madrid, un Acuerdo sobre el incremento de la indemnización por residencia del personal funcionario y laboral del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de Illes Balears. El texto, firmado por la Directora General de la Función Pública en representación de la Administración y por las organizaciones sindicales CSIF, UGT, CCOO y CIG, fija con efectos de 1 de julio de 2026 nuevas cuantías de dicha indemnización, diferenciadas por territorio (Mallorca e Islas del Archipiélago Balear, excepto Mallorca) y por grupo y subgrupo profesional.
Las cuantías fijadas, con efectos de 1 de julio de 2026, son las siguientes:
El Acuerdo trae causa del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y de complemento de insularidad en Illes Balears, cuya disposición adicional única obligaba al Gobierno a revisar en el plazo de seis meses las cuantías vigentes, previa negociación colectiva. El propio Acuerdo recuerda además el compromiso adquirido en el punto séptimo del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado el 27 de noviembre de 2025 entre el Gobierno de España y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, de revisar al alza en 2026 las indemnizaciones por razón de servicio y los complementos de residencia e insularidad, incorporando criterios de igualdad entre empleadas y empleados públicos. El propio texto firmado el 6 de julio precisa que la Administración y las organizaciones sindicales negociarán ese compromiso más amplio en el último cuatrimestre de 2026, para su posterior aprobación en el primer trimestre de 2027.
Se puede descargar al final el documento oficial del Acuerdo, en el que se basa el presente comunicado.
Valoración de AUGC Baleares
Desde AUGC Baleares consideramos necesario analizar en detalle las cantidades reflejadas en el reciente documento, las cuales valoramos como insuficientes para abordar la compleja situación que afrontan los Guardias Civiles y Policías Nacionales en nuestra comunidad autónoma.
Nuestra postura no responde a una simple petición de mejora, sino a una argumentación basada en factores económicos objetivos:
Evolución del coste de la vida: la inflación acumulada y el sobrecoste derivado de la insularidad en el archipiélago superan con creces el alcance de las asignaciones propuestas, limitando el impacto real del complemento en el día a día de los agentes.
La realidad del mercado de la vivienda: el acceso a un hogar digno es el principal obstáculo en Baleares. Con los precios actuales de alquiler, las cuantías planteadas no logran equilibrar el esfuerzo económico que supone para un agente trasladarse o mantenerse en las islas.
Equilibrio con otras administraciones: existe un desajuste respecto a los complementos e incentivos que ya aplican otros sectores del ámbito autonómico o local para fidelizar a sus empleados públicos, dejando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una situación de desventaja.
El impacto de estas asignaciones afecta directamente a la estabilidad operativa: si las condiciones no son atractivas, las islas se perciben como un destino transitorio. Esto dificulta la consolidación de las plantillas y genera un déficit estructural que, a medio plazo, repercute en el servicio de seguridad que se presta a los ciudadanos.
Es prioritaria una revisión de estas cifras para que el Plus de Insularidad cumpla su verdadera función de equilibrio y estabilización de las plantillas.
