El punto de partida fue un intento de recorte

Los grupos de trabajo sobre jornada y horario venían celebrándose con normalidad. En ellos, la Administración planteó la sustitución de la Orden General 11/2014 por un nuevo marco normativo articulado en Real Decreto, Orden Ministerial y Orden General. Lo que se puso encima de la mesa no fue un avance, sino un cambio de rango normativo con modificaciones menores y, en aspectos sustanciales, un retroceso respecto a lo que ya teníamos reconocido.

AUGC lo advirtió con claridad: no participaremos de un proceso que sirva para recortar derechos en materia de jornada laboral. Lo único admisible era avanzar hasta situarnos en igualdad con el resto de funcionarios policiales y con las Fuerzas Armadas.

Fue precisamente al constatar ese rechazo frontal cuando la directora general asumió ante el Pleno el compromiso de tratar personalmente la cuestión, de implicarse de forma directa en los grupos de trabajo abiertos y de impulsarlos, anticipando además que habría mejoras. Un compromiso público, verbalizado ante el órgano de representación de los guardias civiles.

Desde ese anuncio, nada

Este es el hecho más grave. Desde que se produjo aquel anuncio no se ha vuelto a celebrar ni una sola reunión de los grupos de trabajo de jornada y horario.

No estamos denunciando que las mejoras prometidas no hayan llegado. Estamos denunciando algo mucho peor: que el propio proceso se ha detenido. Del grupo de trabajo que ya se habían celebrado dos jornadas, tras el compromiso de la Directora dejaron de convocarse nuevas sesiones. La palabra de la máxima responsable del Cuerpo no solo no aceleró nada, sino que coincidió con la parálisis total. Eso no es un retraso, es un desprecio.

AUGC desconocemos si la parálisis responde a una decisión de la propia directora general o de los oficiales generales que la acompañan en la cúpula del cuerpo. Y, francamente, es irrelevante. Quien dirige la institución es ella. Quien adquirió el compromiso ante el Pleno fue ella. Y quien debe ejecutarlo, o exigir que lo ejecuten quienes están bajo su mando, es ella. 

La dirección de un Cuerpo de más de 80.000 efectivos no admite delegar la responsabilidad de la palabra dada.

Mientras tanto, los demás avanzan

La Policía Nacional consolida y renueva sus turnos. Las Fuerzas Armadas ven implantada la jornada de 35 horas. El conjunto de la función pública camina hacia ese mismo horizonte en aplicación del Acuerdo para la Función Pública. Y la Guardia Civil, el Cuerpo de Seguridad del Estado al que se le exige disponibilidad permanente y despliegue en la práctica totalidad del territorio nacional, sigue esperando. Relegada. Otra vez la última.

Turnos impuestos y una implantación que no avanza

La implantación del régimen de turnos sigue atascada por pura desidia de la Dirección General. Donde ha llegado, lo ha hecho mediante unos turnos que no satisfacen a nadie. Una institución que decide de espaldas a sus propios trabajadores necesita modernizarse, escuchar a quienes prestan el servicio y reconocer de una vez a las asociaciones profesionales como los interlocutores válidos de los guardias civiles a los que representan.

Esto no es ningún problema para la Dirección General de la Guardia Civil. Lo es para el guardia civil que vigila el perímetro en Ceuta en condiciones extremas. Para el que patrulla la carretera de madrugada y asiste accidentes mortales. Para la patrulla que sostiene en solitario la seguridad ciudadana en el cuartel de la España vaciada. El que arrastra durante meses una investigación compleja sin horario reconocido ni descanso compensado.

Por todo ello, AUGC exige:

  • La reactivación inmediata, con calendario y plazos verificables, de los grupos de trabajo de jornada y horario.

  • La presencia efectiva de la directora general en dichos grupos, tal y como se comprometió ante el Pleno.

  • La garantía expresa de que ninguna nueva norma supondrá recorte alguno respecto a lo reconocido en la Orden General 11/2014.

  • El despliegue real del régimen de turnos en todas las unidades, negociado con la representación de los guardias civiles.

  • La equiparación efectiva de la jornada laboral con la de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el resto de la función pública.

Los guardias civiles no pedimos privilegios. Pedimos que se cumpla la palabra dada. 



Una directora general que anuncia mejoras ante el Pleno del Consejo y consigue como único resultado que los grupos de trabajo dejen de reunirse debería preguntarse si está en condiciones de dirigir esta institución. Si no tiene la capacidad, la voluntad o el interés de hacerlo, lo honesto y lo digno sería apartarse y dejar paso a quien sí esté dispuesto a asumirlo.