Un compañero de la Zona de Toledo lleva casi dos años sometido a un procedimiento disciplinario cuyo origen es haber reclamado a su jefe de Comandancia el cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo.
El resultado: expediente abierto contra él.
Lo que ha documentado AUGC durante la instrucción es grave: manipulación de fechas en documentos, alteración de firmas, y una acumulación de roles incompatible con cualquier garantía de imparcialidad.
El jefe de la Comandancia fue, al mismo tiempo, quien emitió el parte, quien declaró como testigo y quien denegó la recusación actuando como autoridad sancionadora, ocultando su identidad bajo la firma del General.
El primer expediente caducó. Se abrió un segundo, práctica habitual en esa Zona. Presentadas las alegaciones en enero, documentando todas estas irregularidades, la resolución no llegó en plazo. La Asesora firmó su informe el 10 de marzo: dos días después de que prescribiera la posibilidad de abrir un tercero. Todo queda en casa.
La resolución no declara la caducidad con limpieza. Primero detalla lo que el instructor , el mismo que manipuló fechas, da por probado, omitiendo íntegramente lo acreditado por la defensa. El efecto es deliberado: quien lea el documento creerá que el compañero cometió una infracción de la que "se salvó" por caducidad. Una condena moral sin sanción formal. Sin posibilidad de recurso. Sin rastro oficial de lo ocurrido.
Desde AUGC lo decimos con claridad: esto no son los valores de la Guardia Civil. Son los valores de quienes actúan con total impunidad, amparados por la cadena de mando que mira hacia otro lado.
Reclamamos a la Directora General, Mercedes González, que abandone el relato que le han construido desde su llegada a la Dirección General y conozca la realidad de quienes trabajan a pie de calle. Este caso no es una excepción. Es una pauta.
