La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha conseguido el archivo definitivo de un expediente disciplinario incoado a un Cabo 1º, tras casi dos años de tramitación, en un caso que evidencia un uso abusivo y desviado del régimen disciplinario.
El procedimiento, iniciado en junio de 2024, ha finalizado con la caducidad del expediente y la prescripción de la supuesta falta, lo que impide cualquier nueva actuación sancionadora por los mismos hechos.
Durante casi dos años, el Cabo1º ha estado sometido a un procedimiento disciplinario que ha terminado sin sanción alguna. Los hechos son claros: se inicia un expediente disciplinario, la propia Administración deja que caduque, se abre un segundo expediente por los mismos hechos y también finaliza fuera de plazo. El resultado final es inequívoco: caducidad, archivo y prescripción. No había infracción que sostener, había una actuación disciplinaria sostenida artificialmente en el tiempo.
El origen del expediente resulta especialmente grave, ya que el Cabo1º expedientado se limitó a cuestionar actuaciones que no se ajustaban a la Ley de Procedimiento Administrativo. Lejos de corregirse la actuación, la respuesta fue abrirle un expediente disciplinario. Para AUGC, este caso refleja una realidad preocupante: se utiliza el régimen disciplinario contra quien señala irregularidades, en lugar de corregirlas.
Durante la tramitación, la defensa puso de manifiesto graves anomalías, entre ellas la incoación de un segundo expediente tras la caducidad del primero, la falta de resolución en plazo de forma reiterada y la existencia de actuaciones contradictorias dentro del propio procedimiento. Todo ello ha derivado en un resultado evidente: la Administración ha sido incapaz de sostener su propia actuación dentro de los plazos legales.
Desde AUGC se pone en valor la actuación de sus servicios jurídicos, que han sido determinantes para desmontar un expediente carente de base sólida, evidenciar las irregularidades del procedimiento y garantizar que se respetaran los derechos del compañero afectado. Sin esta defensa, el resultado podría haber sido muy distinto.
AUGC denuncia que, aunque el expediente haya terminado sin sanción, el perjuicio al Cabo1º durante estos casi dos años es innegable. Mantener a un profesional sometido a un procedimiento disciplinario durante tanto tiempo, que finalmente se demuestra inviable, es en sí mismo una forma de castigo.
La asociación considera inaceptable que se mantenga un expediente durante casi dos años, que se deje caducar en dos ocasiones y que finalmente se cierre por prescripción sin ningún tipo de responsabilidad. No todo vale en el ejercicio del mando. El régimen disciplinario no puede utilizarse como herramienta de presión ni de castigo.
AUGC continuará defendiendo a los guardias civiles frente a cualquier actuación arbitraria y denunciando públicamente los abusos que se produzcan dentro de la Institución. Este caso demuestra, una vez más, que contar con una defensa jurídica firme e independiente es esencial para proteger los derechos de los profesionales.
