El Ministerio del Interior ha renovado hace unos días el contrato a las empresas de seguridad privada para la vigilancia exterior de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, renovación que se prolongará desde marzo de este año hasta marzo de 2028 por un coste superior a los 104 millones de euros, contrato en el que trabajan más de 900 vigilantes de seguridad.
De ese modo, el Gobierno sigue garantizando el lucrativo negocio que las empresas de seguridad privada tienen en los centros penitenciarios, a pesar de que los partidos que forman parte del ejecutivo reclamaron cuando estaban en la oposición que se acabara con ese contrato. De hecho, el PSOE llegó a registrar en el Congreso una Proposición No de Ley instando al entonces gobierno del PP a no renovar dicho contrato.
Es incomprensible que se siga derrochando el dinero público, más de 550 millones de euros desde que empezó el proceso privatizador, y no se tenga en cuenta la propuesta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles desde hace años para incorporar a personal en situación de reserva, que sería mucho menos costoso que la seguridad privada y garantizaría la prestación de esos servicios con plena eficacia y profesionalidad.
Es indignante que el Gobierno apruebe un gasto tan ingente en seguridad privada innecesaria, mientras mantiene a los guardias civiles que vigilan las prisiones y hacen las conducciones de presos en condiciones precarias, con medios obsoletos, instalaciones deterioradas, vehículos viejos y deficitarios, teniendo que compartir chalecos antibalas en muchos casos, con un déficit del 15% en sus plantillas, habiendo perdido el 8% del personal en dos años, y sin turnos de trabajo que les permitan conciliar su vida laboral y familiar.
Empresas beneficiadas y gasto por cada lote
Como ya venía ocurriendo desde el inicio de este proceso privatizador, el contrato se divide en seis lotes que se han adjudicado a distintas empresas de seguridad privada. El más cuantioso es el asignado a ‘GARDA’, que se encarga de los centros penitenciarios de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste de más de 26 millones de euros para ese periodo de dos años.
Le sigue en cuantía el lote de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra adjudicado a la empresa ‘COVIAR’ por casi 22 millones, mientras que a ‘ILUNION’ se le asignan las prisiones de Andalucía por más de 21 millones de euros. A la empresa ‘OMEGA’ le corresponde el lote de Castilla-La Mancha y dos centros de Madrid (Aranjuez y Valdemoro) con un coste de casi 13 millones.
De las prisiones de Extremadura y de las otras cinco de Madrid se hace cargo ‘TRABLISA’ por más de 11 millones. Por último, los centros penitenciarios de Canarias, Ceuta y Melilla se adjudican a ‘EULEN’ con un coste de más de 10 millones de euros.
A la vista de esos datos no es de extrañar que, según el propio sector, la seguridad privada esté ya muy por encima en número de vigilantes que cada uno de los dos cuerpos policiales estatales, con un crecimiento continuo durante los últimos años, tanto en número de empresas como en facturación. Y un considerable porcentaje de esas ganancias procede de contratos con la Administración Pública, especialmente tras la aprobación en 2014 de una Ley de Seguridad Privada que multiplicó las posibilidades de negocio para dichas empresas a costa del erario público.
Y ello a pesar de las experiencias negativas, tanto en otros países como en España, donde ya se han producido situaciones muy preocupantes al entrar alguna empresa en situación concursal y de la noche a la mañana dejar de prestar sus servicios, o tener que encargarse los cuerpos de seguridad estatales de funciones que se habían privatizado debido a conflictos laborales del sector. Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles, porque el Estado pierde el control sobre ellas y pueden verse afectadas materias fundamentales de interés general.
