Celebrado el grupo de trabajo sobre el proyecto de real decreto de resarcimiento por daños patrimoniales, corporales y psicológicos

AUGC participó el 25 de junio en la reunión del grupo de trabajo convocado por el Ministerio del Interior para debatir el proyecto de Real Decreto que regulará el resarcimiento de daños patrimoniales, corporales y psicológicos sufridos por el personal de la Guardia Civil en acto de servicio, así como su régimen de responsabilidad administrativa.

La asociación acudió con un posicionamiento técnico y jurídico sólido, respaldado por jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, y con propuestas concretas de redacción para mejorar un texto normativo que, en su versión actual, presenta lagunas que podrían perjudicar gravemente a los agentes.

La principal exigencia de AUGC fue que la norma garantice el principio de indemnidad de forma plena. En su versión actual, el proyecto limita el resarcimiento por daños corporales o psicológicos a los casos en que exista una persona condenada y declarada insolvente, dejando fuera supuestos tan habituales como los ataques de personas no identificadas, los agresores devueltos al país de origen o los casos en que el procedimiento judicial se cierra sin condena por circunstancias ajenas al agente.

“La regulación no puede limitarse a la indemnización cuando exista un autor declarado insolvente. La Audiencia Nacional ya ha reconocido el principio de indemnidad más allá de esos supuestos y la norma debe recogerlo.”

AUGC recordó que la jurisprudencia consolida una doctrina clara: el guardia civil que sufre daños en acto de servicio debe quedar indemne, con independencia de que exista o no un tercero identificado y condenado. Cualquier redacción que restrinja ese derecho va a contracorriente de lo que los tribunales ya están reconociendo.

Ámbito de cobertura. AUGC propuso incluir al personal en situaciones administrativas distintas al servicio activo (reserva, suspensión) cuando sufra daños por su condición de guardia civil, así como clarificar los supuestos del personal en comisión de servicio exterior o en organismos internacionales.

Plazos y cómputo. La asociación exigió que en daños corporales el plazo de un año se compute desde la curación o la estabilización de las secuelas, conforme al artículo 67.1 de la Ley 39/2015, y no desde la producción del daño, evitando que el agente se vea obligado a reclamar cuando aún desconoce el alcance real de sus lesiones.

Actualización de cuantías. AUGC se opuso al uso exclusivo del Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) como mecanismo de actualización de las indemnizaciones..

Bienes personales en acto de servicio. AUGC alertó sobre la redacción del artículo que regula el resarcimiento de bienes particulares. La norma exige factura a nombre del interesado, lo que excluiría situaciones cotidianas como dispositivos compartidos con la unidad familiar, cámaras o gafas adquiridas por el cónyuge. La asociación solicitó ampliar los medios de prueba admitidos y reconocer el principio de indemnidad también para prótesis y aparatos médicos necesarios para el servicio.

Artículo de responsabilidad administrativa. AUGC advirtió sobre el riesgo de que el artículo relativo a la responsabilidad del agente por deterioro de bienes del Estado se aplique de forma amplia y perjudicial. La asociación defendió que la norma debe exigir dolo o negligencia grave debidamente motivada, desplazar la carga de la prueba a la administración y excluir expresamente los daños producidos en situaciones de riesgo operativo inherente a la función policial.

El grupo de trabajo continuará su trabajo durante el verano. El plazo para presentar nuevas observaciones sobre el borrador es el 10 de julio de 2026. El texto consolidado deberá estar listo antes del 3 de septiembre para su debate en una nueva sesión prevista entre el 10 y el 15 de septiembre, con vistas a elevar la norma al Pleno del Consejo de la Guardia Civil en diciembre.

AUGC seguirá trasladando sus propuestas con rigor jurídico, aportando sentencias y doctrina consolidada, para que la norma que finalmente se apruebe sea un instrumento real de protección del patrimonio y la integridad de los guardias civiles y no un texto que, con la apariencia de avance, recorte derechos ya reconocidos por los tribunales.