Laura era guardia civil. Estaba en su unidad, en su puesto de trabajo, el lugar donde uno da por hecho que está a salvo. Deja tres hijos huérfanos. Un teniente que acudió a auxiliarla resultó herido de gravedad, y varios compañeros tuvieron que abrir fuego contra quien hasta hacía unos días había sido uno de los suyos. Ninguno de ellos terminó el día siendo la misma persona que lo había empezado.
Desde AUGC no vamos a callarnos, porque hay una parte de lo ocurrido que no es fatalidad ni azar: es una advertencia que llevamos una década haciendo por escrito.
Lo que se sabe
El asesino tenía su arma reglamentaria retirada y esa misma semana se le había notificado formalmente la separación del servicio. El sistema, en lo que a él respecta, había funcionado: se le había desarmado.
Y aun así encontró una pistola. Según explicó el subdelegado del Gobierno en Zamora, forzó la taquilla de un compañero en la Comandancia y después manipuló la cerradura para simular una rotura y que la sustracción pasara desapercibida. El compañero estaba ese día fuera de servicio, y por eso había dejado allí el arma.
Ahí está todo. Le quitamos su arma y le dejamos otra al alcance de un destornillador.
Conviene decirlo con claridad: la taquilla de un vestuario está concebida por norma (Real Decreto 486/1997) para guardar ropa y calzado. No es un contenedor de seguridad. No lo es, ni pretende serlo, ni puede serlo. Meter una pistola dentro no la convierte en un armero.
Dieciséis años de peticiones documentadas
Esto no lo decimos hoy. Lo dijimos por escrito hace dieciséis años, con datos, con base legal y con destinatario.
2010: un cuestionario, un 71% y una advertencia firmada
En la segunda campaña de prevención de riesgos laborales de la delegación de AUGC en A Coruña se preguntó a las unidades algo muy sencillo: si existía un armero donde el guardia civil que así lo deseara pudiera depositar su arma oficial al terminar el servicio, en lugar de llevársela a casa.
El 71% de las unidades participantes respondió que no lo había.
Las conclusiones de aquel trabajo, en la página 12 del informe, decían lo siguiente, y merece la pena leerlas hoy despacio:
El arma oficial es una herramienta de trabajo y la responsabilidad del uso que se haga de ella corresponde a la Guardia Civil. Sin embargo, la institución descarga esa responsabilidad en el agente, desentendiéndose del arma e incluso de la voluntad expresa de muchos guardias civiles de no llevarla a su domicilio y dejarla en dependencias oficiales, donde estaría más segura y con menos riesgos.
Resulta preocupante que una organización con un índice tan elevado de suicidios, intentos de suicidio e incidentes con armas de fuego no esté concienciada con ese riesgo ni adopte medidas para reducirlo.
Poder depositar el arma en un armero habilitado en el cuartel sería una medida eficaz, porque buena parte de esos incidentes se producen fuera del horario de trabajo. Ante una situación de estrés o una crisis, tener el arma al alcance puede ser un condicionante del desenlace fatal. No tenerla a disposición inmediata reduce de forma considerable ese riesgo.
Aquello no se quedó en un informe interno. Se convirtió en una comunicación formal de riesgo dirigida al Consejo de la Guardia Civil, firmada por el entonces Secretario General Provincial de AUGC en A Coruña y hoy Secretario Jurídico Nacional, Eugenio Nemiña.
Y la propuesta de mejora era esta, literalmente:
Debería establecerse un lugar donde depositar las armas en las Unidades (armero), facilitando a los agentes que lo deseen el poder depositar su arma en el mismo. Al mismo tiempo debería cambiarse la política de traslado de responsabilidades en el trabajador.
Dieciséis años después, esas dos frases siguen sin cumplirse. Y esta semana, en Llanes, un arma que estaba en la taquilla de un compañero acabó en las manos equivocadas.
No hubo sorpresa. Hubo aviso.
Abril de 2016. AUGC declara públicamente que sus afiliados solo tienen dos opciones, llevarse el arma a casa o dejarla en la taquilla del vestuario, y reclama que en los acuartelamientos exista un armero donde depositar la pistola al finalizar el servicio. En esa misma comparecencia pedimos además reconocimientos médicos periódicos para los agentes.
Marzo de 2020. AUGC denuncia el suicidio de un compañero en un puesto de Galicia. Se disparó con el arma que otro guardia civil, ante la falta de un armero de seguridad, guardaba en su taquilla, fácilmente manipulable. En esa misma unidad se habían solicitado previamente cajas fuertes para depositar las armas. Seis años antes de Llanes, ya sabíamos exactamente cómo se produce el fallo.
Mayo de 2022. Ante la inacción institucional, AUGC llega a negociar un acuerdo comercial con una empresa de seguridad para que sus afiliados pudieran comprar armeros y cajas fuertes homologados según la norma UNE EN 1143 1 a precio rebajado. Es decir: la asociación mayoritaria del Cuerpo tuvo que gestionar descuentos para que los guardias civiles se pagarán de su bolsillo lo que la Administración no les daba.
Noviembre de 2022. La Dirección General anuncia por fin la compra de armeros. 5.200 unidades para armas cortas, 503.360 euros, un precio máximo de 80 euros sin IVA por armero, con entrega de 2.600 en 2023 y 2.600 en 2024, sin especificar a qué unidades irían destinados. AUGC lo valoró como un paso y advirtió, textualmente, que a esas alturas ya debería ser una realidad que cualquier agente pudiera guardar el arma en un lugar habilitado dentro del cuartel. Para una plantilla que supera los 80.000 efectivos, eso es aproximadamente un armero por cada quince guardias civiles.
En las reuniones periódicas con los jefes de las comandancias es recurrente la petición.
Agosto de 2026. Llanes.
La Guardia Civil ante el espejo
Aquí es donde el asunto deja de ser una reivindicación y se convierte en una contradicción difícil de sostener.
A un vigilante de seguridad privada la ley le prohíbe llevarse el arma a casa. El artículo 82 del Reglamento de Seguridad Privada obliga a depositarla en el armero del lugar de trabajo o, en su defecto, en el de la empresa. Los escoltas privados deben depositar la suya al terminar cada servicio. Y esos armeros no valen porque sí: deben estar aprobados previo informe de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, tras comprobar que cumplen las medidas de seguridad fijadas por la Dirección General de la Guardia Civil, y debe existir un libro registro de entrada y salida de armas donde se anota, en cada relevo, qué armas quedan depositadas y cuáles portan los vigilantes.
En cada relevo. Un vigilante de un centro comercial deja trazabilidad documental de dónde está su revólver. En un acuartelamiento de la Guardia Civil, una pistola pudo desaparecer de una taquilla y el sistema previsto para detectarlo era que alguien se diera cuenta.
A un cazador o a un tirador deportivo se le exige más todavía. El artículo 144 del Reglamento de Armas le obliga a adoptar medidas para reducir al mínimo el riesgo de acceso por personas no autorizadas y evitar la pérdida, robo o sustracción. Y la Resolución de 4 de diciembre de 2024 de la Dirección General de la Guardia Civil, publicada en el BOE de 8 de enero de 2025, le impone un armero certificado conforme a la norma UNE EN 1143 1, con grado de resistencia III para armas cortas, volumen mínimo de 4,5 litros por arma corta y certificado de producto emitido por un organismo de certificación acreditado. Debe acreditarlo ante la Intervención de Armas. Y debe renovar su licencia acreditando periódicamente sus aptitudes psíquicas y físicas mediante informe de un centro de reconocimiento autorizado.
Quien inspecciona, aprueba y certifica todo eso es la Guardia Civil. La misma institución que a sus propios agentes, armados las veinticuatro horas, no les garantiza ni una caja de 80 euros atornillada a la pared.
Otros cuerpos policiales resolvieron esto hace años. Los agentes de los Mossos d'Esquadra deben dejar el arma de dotación en el armero de su comisaría o unidad al terminar el servicio. La Ertzaintza derogó en 2017 la instrucción que autorizaba con carácter general portar el arma fuera de servicio, y ahora exige solicitud escrita justificando una amenaza concreta. Se puede discutir el modelo. Lo que no se puede discutir es que ellos tienen dónde dejarla y nosotros, en demasiadas unidades, no.
Sin demagogia
Vamos a ser honestos, porque el respeto a Laura obliga a serlo.
Un armero no habría garantizado que estuviera viva. Nadie puede afirmar eso. Quien decide matar a alguien suele encontrar el modo, y quien lleva años acumulando odio no se detiene ante una cerradura. Sería indecente vender la idea de que una caja fuerte es un escudo.
Pero hay un abismo entre no poder impedir un crimen y ponérselo fácil.
La prevención casi nunca consiste en levantar un muro infranqueable. Consiste en sumar obstáculos. En robar minutos. En obligar a quien va a hacer daño a dar un paso más, a asumir un riesgo más, a dejar un rastro más. En que ese paso adicional abra una ventana, por estrecha que sea, para que alguien lo advierta a tiempo.
Forzar la chapa de una taquilla de vestuario no es lo mismo que vencer un armero certificado. No es lo mismo el tiempo que se tarda. No es lo mismo el ruido que se hace. No es lo mismo la huella que se deja. Y desde luego no es lo mismo un sistema en el que la ausencia de un arma se detecta en el registro del siguiente relevo que uno en el que se descubre cuando ya se ha disparado.
Eso es lo que pedimos desde 2016.
Lo que AUGC exige a la Dirección General
Plan urgente y obligatorio de dotación de armeros individuales en todas las unidades, acuartelamientos y centros de trabajo, con calendario vinculante, partida presupuestaria propia y publicación del estado real de implantación: cuántos se han comprado, cuántos están instalados y qué unidades siguen sin ellos.
Revisión del control de accesos en los acuartelamientos, incluidos accesos secundarios y barreras de vehículos.
Convocatoria extraordinaria del órgano de prevención de riesgos laborales, en aplicación del Real Decreto 179/2005, para analizar lo ocurrido como incidente preventivo grave y corregir los fallos de custodia, control y acceso.
Protocolo específico de protección para las guardias civiles que son víctimas de violencia de género dentro de la propia institución, con medidas reforzadas de custodia de armamento en el entorno del agresor y no solo sobre su arma personal.
Llevamos diez años escribiendo instancias sobre una caja metálica de 80 euros. Diez años de respuestas que hablaban de presupuesto, de fases, de diversas unidades sin concretar.
No pedimos nada extraordinario. Pedimos lo mismo que la Guardia Civil exige a cualquier ciudadano que guarda una escopeta en su casa.
